Narcotráfico y minería ilegal de oro amenazan aún más la conservación de la Amazonía
Por Mauricio Torres, CNN en Español
El incremento del narcotráfico y de la minería ilegal de oro se ha convertido en una amenaza creciente para la Amazonía, una importante región natural de Sudamérica ya afectada por otras labores humanas, según advierte un informe de la organización no gubernamental International Crisis Group publicado esta semana.
La publicación, basada en investigación de campo y entrevistas a pobladores y funcionarios, señala que alrededor del 20 % del territorio de la Amazonía ya ha sido deforestado y ahora las actividades ilícitas complican más su conservación.
De acuerdo con International Crisis Group, el narcotráfico y la minería ilegal de oro que llevan a cabo los grupos delictivos que operan en la región golpean a la Amazonía cuando menos de dos formas: a través de la violencia que los delincuentes ejercen contra los habitantes y con la contaminación causada por los químicos que emplean.
Además, dice el informe, los recursos que las organizaciones criminales obtienen del tráfico de drogas o de minerales son utilizados para corromper autoridades o “reinvertidos” en otras actividades —como la ganadería—, lo que dificulta aún más la conservación de la Amazonía.
El cambio en los patrones de consumo de drogas y otros factores, como los ataques que fuerzas de Estados Unidos han realizado desde septiembre contra embarcaciones que presuntamente transportan estupefacientes en el Caribe y en el Pacífico, han impulsado a varios grupos delictivos a explotar rutas otras a través de la Amazonía para sus actividades de narcotráfico, dice el informe.
Un ejemplo, expone, es una ruta utilizada por la organización criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC) para traficar narcóticos desde Brasil hacia África occidental y Europa. Otro es el corredor usado para llevar cocaína de centros de producción en Colombia, Ecuador y Perú hacia el puerto ecuatoriano de Guayaquil, un proceso en el que participan agrupaciones colombianas, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y también ecuatorianas, como Los Lobos y Los Choneros.
“Laboratorios clandestinos repartidos por las selvas de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia transforman las hojas de coca en pasta base de cocaína, que luego es llevada a instalaciones más especializadas y protegidas para su procesamiento para obtener el producto final, clorhidrato de cocaína. Desde ahí, los narcotraficantes utilizan los miles de ríos y afluentes del Amazonas para transportar su cargamento de país en país hacia los principales puertos”, dice el informe.
Algunas consecuencias de estas dinámicas, advierte, son un incremento de la violencia en poblaciones de la Amazonía, casos de corrupción entre autoridades locales y contaminación tanto de cuerpos de agua como de bosques debido a los residuos químicos que deja la producción de cocaína.
En cuanto a la minería ilegal de oro, el informe señala que las redes internacionales dedicadas a esta actividad “se encuentran hoy en el centro de violaciones de derechos humanos, amenazas a la autoridad estatal y degradación ambiental en toda la cuenca amazónica”.
De acuerdo con International Crisis Group, desde 2018 el PCC ha expandido sus actividades de explotación de oro en Brasil, mientras que el ELN y la Segunda Marquetalia lo han hecho en los estados venezolanos de Amazonas y Bolívar. En tanto, Comandos de la Frontera, un grupo formado de disidencias de las FARC, se ha extendido desde Colombia hasta Ecuador y Perú, y Los Choneros lo han hecho por territorio ecuatoriano y peruano.
Como sucede con el narcotráfico, la minería ilegal de oro genera un incremento de la violencia en la Amazonía, que se traduce en homicidios, amenazas contra pobladores o reclutamiento forzado, dice el informe.
“Los niños y las mujeres se encuentran entre las principales víctimas de explotación en las zonas mineras. Menores, a menudo reclutados en comunidades cercanas, trabajan en los distritos mineros del sur de Venezuela. En Fortaleza, Perú, a orillas del río Santiago, los grupos criminales utilizan a niños como escudos humanos contra las operaciones policiales”, describe.
Además, el impacto ambiental de la minería ilegal de oro se observa en árboles talados y agua contaminada por las sustancias químicas empleadas en esta actividad.
El informe reconoce que algunos de los principales obstáculos para combatir estas actividades delictivas y proteger la Amazonía son la alta rentabilidad del narcotráfico o la minería ilegal de oro, los recursos que consiguen los grupos delictivos que les permiten corromper autoridades locales y que los gobiernos nacionales en general tienen poca presencia en la región.
Por ello, argumenta que entre las vías para enfrentar el problema están mejorar la cooperación de las instituciones gubernamentales con las comunidades de la Amazonía, de manera que se pueda diseñar una estrategia conjunta contra el crimen organizado que incluya “generar empleos alternativos viables y ajustar los marcos legales para fortalecer la lucha contra los delitos ambientales”.
“Al ritmo actual de crecimiento económico mundial, no se podrá salvar toda la Amazonía. Es probable que la selva tropical se transforme en un ecosistema esencialmente distinto en las próximas décadas. Pero a pesar de la inminente amenaza de un punto de inflexión ecológico hacia la sabana, aún hay tiempo para mitigar gran parte de las consecuencias tanto para la selva como para sus habitantes”, dice el informe.
“Un mayor apoyo a las comunidades indígenas, una cooperación más estrecha entre los Estados y un enfoque más firme por parte de gobiernos extranjeros y del sector privado en el crimen como una amenaza existencial para la selva amazónica y sus habitantes pueden contribuir en cierta medida a revertir el daño. A medida que la Amazonía se transforma, todos aquellos que buscan protegerla deben adaptarse y reaccionar ante las nuevas amenazas”, concluye.
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