OPINIÓN | Por qué es tan débil el caso contra Trump que lidera el fiscal de distrito de Manhattan
Alexandra Ferguson
Nota del editor: David Orentlicher es catedrático Judge Jack y Lulu Lehman en la Facultad de Derecho William S. Boyd de la Universidad de Nevada, Las Vegas, especializado en Derecho constitucional y Derecho sanitario. También es un demócrata en la Asamblea de Nevada. Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente a su autor.
(CNN) — Existe una buena razón para decir que ninguna persona está por encima de la ley. Entonces resulta esencial que los fiscales hagan responsable al expresidente Donald Trump de cualquier posible mala conducta. Y hay muchos asuntos por los que tratar de responsabilizar a Trump: su papel en el violento ataque al Capitolio de Estados Unidos y a nuestra democracia el 6 de enero de 2021, sus otros aparentes esfuerzos por anular las elecciones presidenciales de 2020 y su presunto mal manejo de documentos clasificados. Como corresponde, funcionarios federales y estatales están investigando o ya han interpuesto demandas por estos numerosos casos.
Pero en su decisión de procesar a Trump por su presunto papel en la falsificación de registros empresariales ––relacionados con pagos de dinero para silenciar a mujeres que afirman haber tenido relaciones extramatrimoniales con él durante la campaña de 2016––, el fiscal de distrito de Nueva York, Alvin Bragg, ha tomado el camino equivocado hacia la rendición de cuentas del expresidente.
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La relación de Trump con la estrella del cine para adultos Stormy Daniels y los supuestos pagos que le hizo, a través de su exabogado Michael Cohen, plantean problemas éticos sustanciales, pero no son asuntos que deban abordarse en un tribunal.
Bragg sostiene que los pagos de Cohen a Daniels, supuestamente en nombre de Trump, violaron las leyes electorales.
Aunque la acusación no señala qué leyes en específico, la opción más probable es que Trump no reportara los pagos como gastos de campaña. Desde este punto de vista, dado que los pagos se realizaron para influir en las elecciones presidenciales de 2016 al proteger a Trump de la atención negativa, constituyeron gastos de campaña. Trump niega las acusaciones.
Pero se trata de una teoría jurídica dudosa. Como los candidatos no están autorizados a utilizar sus fondos de campaña para gastos personales, y la relación de Trump con Daniels era un asunto personal, en realidad tiene sentido que Trump no reportara los pagos en las declaraciones de campaña.
De hecho, hay una gran cantidad de gastos personales que un candidato hace en el curso de su campaña que podrían beneficiar a su candidatura, pero sería un error exigir su divulgación y, por otra parte, permitir su reembolso.
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Justamente, esta teoría jurídica nunca se ha utilizado con éxito contra un candidato, incluyendo un intento de enjuiciar al exsenador John Edwards. Los donantes de su campaña efectuaron pagos durante su carrera presidencial de 2008 “para facilitar la aventura extramatrimonial de Edwards y ocultarla al público, así como el consiguiente embarazo”, en palabras de la acusación que enfrentó. El exsenador fue absuelto posteriormente.
Para ser claros, Cohen se declaró culpable de infracciones de financiación de campaña por su papel en los pagos a Daniels, pero lo hizo al mismo tiempo que se declaraba culpable de los cargos que enfrentaba por su propia evasión fiscal y fraude financiero. Incluso si Cohen creía que los cargos de financiación de campaña no tenían fundamento, puede que los aceptara para reducir su exposición a los otros cargos que estaban en juego.
Por otra parte, hay que considerar las implicaciones de tratar los pagos por silencio —que no son ilegales— como gastos de campaña que se deben reportarse en las declaraciones de financiación. Si una amante descontenta amenaza con revelar intimidades pasadas, un candidato abriría la puerta a que la examante lo hiciera público al no pagar por su silencio. Pero si el candidato desembolsa el dinero por silencio, esos pagos tendrían que incluirse en los informes financieros del candidato, que son registros públicos.
En cualquier caso, los candidatos tendrían que sacrificar la privacidad de sus relaciones sexuales consentidas una vez que se lancen a la carrera electoral. El público tiene un interés legítimo en la salud y las finanzas de los candidatos, pero no en su vida sexual. No deberíamos vigilar lo que sucede en los dormitorios de los candidatos, especialmente cuando algunas relaciones consentidas están injustamente estigmatizadas.
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Pero no solo es erróneo que Bragg presente cargos cuestionables, sino que también es innecesario: se pueden presentar cargos por la grave mala conducta de Trump en otros asuntos. Desafortunadamente, presentar cargos erróneos es un tema recurrente con Trump y ha comprometido el esfuerzo para que rinda cuentas.
Pensemos en su segundo juicio político. Mientras que la Cámara de Representantes de EE.UU. actuó correctamente al presentar cargos contra Trump por su papel en el asalto al Capitolio el 6 de enero, los demócratas de la Cámara presentaron cargos que eran legalmente problemáticos en lugar de cargos sólidamente fundamentados.
Cuando la Cámara acusó a Trump de incitación a la violencia del 6 de enero, no estaba claro que sus acciones cumplieran la estricta norma legal para demostrar la incitación. Por ejemplo, Trump envió mensajes contradictorios cuando se dirigió a la multitud congregada antes de que marchara hacia el Capitolio, diciéndoles tanto que “lucharan como el demonio” como que se hicieran oír pacíficamente.
Por el contrario, las pruebas demostraron claramente que Trump fracasó estrepitosamente en su deber como presidente de “proteger y defender la Constitución” al no contener la violencia una vez que los agitadores irrumpieron en el Capitolio. El segundo juicio político debería haberse basado en este evidente incumplimiento del deber.
Bragg y otros fiscales deberían responsabilizar a Trump de su mala conducta, y para ello pueden ser necesarios tanto cargos penales como civiles. Pero también es esencial que se presenten cargos por fechorías que sean verdaderamente ilegales. Una vez que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se extralimitan en la persecución de un acusado, inevitablemente harán lo mismo con otras personas, lo que en última instancia socavará el Estado de Derecho.
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