Ministerio Público investiga muerte de detenido en trama de corrupción en Cartones de Venezuela

Alejandra Ramos

(CNN Español) — El Ministerio Público de Venezuela está investigando la muerte de Leoner Azuaje, quien permanecía detenido y a principios de semana había sido presentado en los tribunales como imputado en una trama de corrupción en la estatal Cartones de Venezuela, informó este miércoles en su cuenta de Twitter el fiscal general del país, Tarek William Saab.

CNN está intentando comunicarse con la defensa y con los familiares de Azuaje para conocer su versión y su reacción sin hasta ahora haber obtenido respuesta.

Saab informó que para las averiguaciones fueron designados dos fiscales que se encargarán, junto con la Policía Científica, de la inspección técnica, las entrevistas y la autopsia de ley para profundizar en lo que, según aseguró, fue “un lamentable suicidio”.

CNN no ha podido confirmar de forma independiente las circunstancias de la muerte de Azuaje.

Azuaje declaró en su cuenta de Twitter ser ingeniero mecánico y profesor universitario. Ejercía el cargo de presidente de Cartones de Venezuela y se declaraba “defensor de las ideas de Chávez y Bolívar”.

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Azuaje compareció el miércoles en la madrugada en un tribunal especial en materia de antiterrorismo y corrupción que fue instalado en El Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), de acuerdo con el reporte del canal estatal Venezolana de Televisión.

Una vez finalizada la audiencia, no se dieron a conocer los cargos.

CNN se comunicó con el Ministerio Público para conocer los cargos que le fueron imputados tanto a Azuaje como a otras dos personas presentadas en esa misma audiencia, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.

Un grupo de organizaciones defensoras de los derechos humanos en Venezuela emitió un comunicado el 3 de abril en el cual expresan preocupación ante denuncias según las cuales se estaría violando el derecho a la defensa al no permitirle a muchos de los detenidos tener abogado, sino que se les impone defensa pública.

También llaman la atención sobre el hecho de que muchas de estas personas han sido trasladadas a tribunales fuera de las 48 horas reglamentarias para realizar la audiencia de presentación según la ley.

Estas organizaciones no gubernamentales piden que se respeten los derechos humanos garantizados en la constitución y en este sentido, exigen que esta investigación se lleve a cabo apegada al debido proceso.

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