Ejecutan a James Barber, condenado a muerte en Alabama, luego de un fallo de la Justicia en su contra
Rocío Muñoz-Ledo
(CNN) — Ejecutaron este viernes en Alabama a James Barber, condenado a muerte, luego de que la justicia confirmara que no se suspendería la pena a pesar de la demanda de Barber acerca de que la inyección letal podría suponer un castigo cruel e inusual.
“El fiscal general Marshall autorizó que la ejecución comenzara a la 1:34 a. m.” (hora local). La hora de la muerte de Barber fue la 1:56 a.m. (hora local)”, dice el comunicado de la oficina del fiscal estatal Steve Marshall.
“Se ha hecho justicia. Esta mañana, James Barber fue ejecutado por el terrible crimen que cometió hace más de dos décadas: el asesinato especialmente atroz, atroz y cruel de Dorothy Epps”, dijo Marshall.
“Le pido a la gente de Alabama que se una a mí para orar por la familia y los amigos de la víctima, para que ahora puedan encontrar un sentimiento de paz y cierre”, dijo.
Barber fue condenado a muerte por el asesinato en 2001 de Dorothy Epps, de 75 años.
El recluso había solicitado a un tribunal de distrito de EE.UU. que impidiera que el estado lo ejecutara con cualquier método diferente a la hipoxia nitrogenada, una alternativa a la inyección letal que está permitida por la legislación de Alabama pero que aún no se ha utilizado.
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Barber argumentó que una ejecución por inyección letal violaría sus derechos en virtud de la Octava Enmienda, según su demanda inicial, que señalaba tres ejecuciones supuestamente fallidas en Alabama el año pasado, en las que, según los abogados de Barber, los funcionarios del Departamento de Instituciones Penitenciarias tuvieron problemas para colocar las vías intravenosas a los reclusos condenados para administrarles los fármacos mortales.
Una de las ejecuciones se realizó finalmente, mientras que las otras dos se suspendieron por lo que, dijo el estado, fueron limitaciones de tiempo debido a batallas judiciales a altas horas de la noche que impidieron que se llevaran a cabo antes de que expiraran las órdenes de ejecución de los reclusos. En conjunto, esto generó un mayor escrutinio del proceso de inyección letal de Alabama y llevó a que la gobernadora Kay Ivey pidiera en noviembre pasado al fiscal general Steve Marshall que detuviera las ejecuciones para realizar una “revisión exhaustiva” de su protocolo.
En febrero, Ivey dijo que las ejecuciones podrían reanudarse una vez que el Departamento de Instituciones Penitenciarias completara su revisión y que tomaría varias medidas para resolver los problemas con el protocolo de inyección letal, entre ellas ampliar el personal disponible para el equipo de ejecución y realizar ensayos para garantizar que el personal estuviera bien entrenado.
Sin embargo, Barber ––que sería el primer recluso ejecutado desde la revisión–– afirmó que Alabama “no ha implementado ninguna mejora significativa en su protocolo de inyección letal”, según su petición de medida cautelar, salvo la ampliación del plazo en el que los funcionarios pueden llevar a cabo una ejecución.
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En su apelación, los abogados de Barber argumentaron que se enfrenta a un “riesgo sustancial de daños graves” debido a su elevado índice de masa corporal, que según ellos dificulta el acceso a sus venas. Esta complicación lo hace vulnerable a sufrir una inyección letal fallida, afirmaron.
En su lugar, Barber pidió que se le ejecutara mediante gas nitrógeno. La legislatura del estado aprobó este método de ejecución alternativo, pero el estado dijo que no ha finalizado sus protocolos.
El Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Medio de Alabama denegó la petición de Barber, lo que llevó a sus abogados a apelar a principios de esta semana ante el 11º Circuito. Ese tribunal, sin embargo, rechazó igualmente el argumento de Barber al confirmar la decisión del tribunal de distrito en un dictamen emitido este miércoles. Los jueces escribieron, en parte, que la afirmación del recluso de que sufriría los mismos problemas que los reclusos anteriores era “puramente especulativa” a la luz de los cambios recientemente implementados por el Departamento de Prisiones. Más tarde la Corte Suprema también se pronunció.
Emma Tucker de CNN contribuyó a este reporte.
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