ANÁLISIS | Mientras los ojos están puestos en Trump, los conservadores de la Corte Suprema se preparan para cambiar las normas
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(CNN) — Los polémicos argumentos orales de la Corte Suprema de Estados Unidos de esta semana ofrecieron un recordatorio de que si bien el público se centra en los casos electorales de Donald Trump, las acciones de la corte esta primavera boreal tendrán igualmente consecuencias para una serie de reglas establecidas en Washington que rigen la vida estadounidense.
Los conservadores de la Corte Suprema están acelerando sus medidas para reformar la forma en que el Gobierno federal protege a los estadounidenses, ya sea de la contaminación del aire o de prácticas financieras injustas.
Aunque las decisiones solo se publicarán a finales de este año, la frustración de los jueces liberales fue palpable esta semana, cuando sus duros comentarios desde el tribunal llamaron la atención sobre el patrón de la mayoría de derecha de disminuir las salvaguardias ambientales, de salud pública y de los consumidores.
ANÁLISIS | Repuestas a tus preguntas sobre la Corte Suprema y los casos contra Donald Trump
En los últimos años, los jueces de la Corte Suprema han invalidado normas sobre emisiones de centrales eléctricas, condonación de préstamos estudiantiles y precauciones contra el covid-19. Están escuchando una serie de nuevos casos en la sesión actual que parecen destinados a reforzar la tendencia actual que rompe con décadas de precedentes.
La jueza Elena Kagan, que ha advertido en discursos externos sobre la desconfianza pública cuando los fallos legales cambian simplemente debido a nuevos nombramientos, llevó ese énfasis al tribunal el martes.
Kagan planteó un escenario que involucra a una asociación comercial que demandó por una regulación, perdió y luego “10 años después… mira a su alrededor y piensa: ya sabes, el medio ambiente es más hospitalario. Los jueces han cambiado. Intentémoslo de nuevo.”
Las acciones del tribunal en casos más allá de las controversias electorales de Trump iluminarán otro efecto del expresidente: el bloque dominante conservador solo es posible gracias a sus tres designados: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. (Desde la confirmación de Barrett en 2020, se ha afianzado un dominio conservador de 6-3).
La corte transformada y los nuevos casos que cuestionan el poder federal (sobre fraude al consumidor, disputas de la Comisión de Bolsa y Valores y política ambiental) han animado a los defensores conservadores y a los intereses empresariales ricos que dicen que se ha impuesto el poder administrativo al comercio estadounidense.
Los liberales y los defensores del interés público responden que las agencias federales brindan experiencia y recursos cruciales para proteger el bien público. Una disputa, que se verá el 26 de marzo, se centra en la capacidad de la Administración de Alimentos y Medicamentos de declarar que una píldora abortiva, la mifepristona, es segura y eficaz para su uso en todo el país.
Otro caso importante, tramitado en enero, pone a prueba una decisión de 1984, Chevron v. Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, que ha dado a las agencias estadounidenses una gran libertad para interpretar los estatutos del Congreso y hacer cumplir las políticas. El caso ha determinado una serie de sentencias judiciales sobre políticas de agencias, mucho más allá del ámbito ambiental, y se ha convertido en uno de los fallos más citados en la historia de la Corte Suprema.
Kagan se refirió al hito de Chevron esta semana y le dijo a un abogado del Departamento de Justicia que defendía una fecha límite de la Reserva Federal para presentar demandas: “Obviamente hay otro gran desafío en la forma en que los tribunales revisan las acciones de la agencia ante este tribunal… (Si) si [el fallo de] Chevron fuera revertido, ¿cómo afectaría eso de lo que estás hablando aquí?”.
El asistente del procurador general de Estados Unidos, Benjamin Snyder, respondió que una decisión para la empresa que demanda por una norma de la Reserva Federal “magnificaría el efecto de cualquier otra decisión que cambie la forma en que este tribunal… (ha) abordado cuestiones de derecho administrativo, porque potencialmente significa que esos cambios se aplicarían retroactivamente a cada regulación que una agencia haya adoptado en los últimos, no sé, 75 años o algo así”.
Cuando el mes pasado se evaluó en la Corte ese desafío al fallo de Chevron, Gorsuch sugirió que inclinaba injustamente la balanza hacia el poder de la agencia. “El Gobierno siempre gana”, afirmó. “Chevron es explotada contra el individuo a favor del Gobierno”.
En el nuevo caso escuchado el martes, presentado por propietarios de una parada de camiones en Dakota del Norte, Gorsuch se mostró comprensivo. The Corner Post está protestando por una regla de la Reserva Federal adoptada en 2011 que limita las tarifas de las tarjetas de débito que los comerciantes obtienen con cada transacción.
Sostiene que el límite viola una prohibición federal de acciones “arbitrarias y caprichosas”. La Reserva Federal, defendiendo la norma, dijo que cualquier demanda en su contra debería haberse presentado dentro del plazo de prescripción de seis años. The Corner Post, que comenzó a operar en 2018, sostiene que el reloj debería empezar a correr cuando una regulación afecta a una empresa.
La Reserva Federal ganó en los tribunales inferiores, pero los jueces de la Corte Suprema aceptaron escuchar la apelación y los conservadores parecieron receptivos al argumento de The Corner Post de que el tiempo comienza a correr cuando ocurre un daño legal a un demandante en particular.
“La regla normal”, dijo Gorsuch en un momento dado, “es que la lesión del demandante es el momento de su acumulación”.
El presidente de la Corte Suprem, John Roberts, expresó un sentimiento similar y le dijo al procurador Snyder: “Hay un individuo o una entidad que se ve perjudicada por algo que el Gobierno está haciendo, y usted dice, bueno, eso es una lástima, no se puede hacer nada al respecto”. porque otras personas tuvieron seis años para hacer algo al respecto…”. El presidente de la Corte Suprema hizo eco de The Corner Post argumentando que “todo el mundo tiene derecho a su día en el tribunal”.
Los jueces liberales claramente tenían una opinión diferente.
“Me preocupa que, si gana, todas las normas de las agencias que existen hoy en día estén sujetas a algún tipo de desafío legal de esta manera”, dijo la jueza Ketanji Brown Jackson al abogado de The Corner Post, Bryan Weir. “¿Por qué no sería esto extraordinariamente desestabilizador? Quiero decir, hemos establecido reglas que gobiernan todo tipo de industrias, la industria de la salud, la industria financiera, y la gente se ha adaptado a ellas. Hay expertos que entienden cómo funciona la ley y las empresas hacen lo mismo. Si le entiendo correctamente, cada nueva empresa que se crea en una industria puede traer de repente un desafío legal que podría correr el riesgo… de invalidar toda la base de la industria”.
Weir rechazó “cualquier apertura de compuertas o desfile de horrores porque… la mayoría de las partes resultan perjudicados el día en que se emite una regulación”.
Normas de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, bajo fuego
Las críticas liberales fueron aún más pronunciadas en el caso del miércoles que surgió de un litigio contra una política de la administración Biden que impone límites estrictos de emisiones a las centrales eléctricas y otras industrias en los llamados estados upwind o de barlovento (donde se emite la contaminación). Llamada la regla del “buen vecino”, el programa de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) tiene como objetivo reducir el esmog y la contaminación del aire que atraviesa las fronteras estatales y amenaza la salud pública.
Un tribunal inferior de apelaciones de Estados Unidos, el Circuito Washington DC, especializado en este tipo de disputas de derecho administrativo, había permitido la implementación temprana de las restricciones entre estados mientras se desarrolla el litigio iniciado por los estados y las compañías eléctricas. (El cumplimiento de los límites de emisiones sería obligatorio en 2026).
Tres estados liderados por republicanos y grupos de la industria eléctrica recurrieron a la Corte Suprema, buscando reparación inmediata y pidiendo que se prohibiera cualquier implementación. En diciembre, los magistrados tomaron la rara medida de programar argumentos orales sobre la simple cuestión de si se debía suspender la regla del “buen vecino”. Estas cuestiones preliminares casi siempre se resuelven sin argumentos.
La audiencia de esta semana sonó algo así como un hecho consumado, ya que una mayoría de conservadores parecía dispuesta a bloquear la política que requeriría que las plantas de energía en los estados designados instalen tecnologías para reducir las emisiones de óxido de nitrógeno que flotan hacia los estados donde el flujo contaminante va a favor del viento.
Los jueces de derecha señalaron que el plan de la EPA se aplicaba originalmente a 23 estados de barlovento, pero ahora cubre solo 11 estados debido a decisiones judiciales que surgieron de litigios separados contra la EPA. Roberts se refirió a “los cientos de millones de dólares en costos” en los que se incurrió.
Malcolm Stewart, procurador general adjunto de EE. UU., dijo al tribunal que la EPA anticipó que los estados cubiertos cambiarían con el tiempo, y agregó: “La EPA ideó los requisitos para cada estado a fin de que fueran viables si en última instancia un conjunto más pequeño o más grande de estados fuera cubierto al final.”
Los jueces liberales protestaron, probablemente en vano, por el manejo del caso por parte del tribunal.
“Así que estamos aquí por su moción de ayuda de emergencia, y es bastante extraordinaria”, dijo la jueza Ketanji Brown Jackson a al fiscal general adjunta de Ohio, Mathura Sridharan, y agregó que el circuito de DC aún no había escuchado los méritos del caso. “Así que estoy tratando de entender cuál es la emergencia que justifica la intervención de la Corte Suprema en este momento”.
“A la velocidad vertiginosa que vamos, para cumplir con una norma federal ilegal, estamos gastando sumas inmensas, tanto los estados como nuestras industrias”, dijo Sridharan.
Jackson observó más tarde: “Sin duda, el expediente de emergencia de la Corte Suprema no es una alternativa viable para todos las partes que creen que tienen un reclamo meritorio contra el Gobierno y no quieren tener que cumplir con una norma mientras la cuestionan”.
La jueza Sonia Sotomayor sugirió que era “una inversión de las reglas normales” intentar “evitar al mismo tribunal (el Circuito de DC) que va a tomar la decisión sustantiva” sobre el plan de la EPA.
Kagan se centró en las múltiples cuestiones preliminares que los jueces de los tribunales inferiores normalmente habrían evaluado antes de que el caso llegara a la Corte Suprema.
Mientras lanzaba preguntas a Catherine Stetson, representante de las industrias, Kagan añadió: “No quiero presionarte demasiado con esto porque no es tu culpa que esto se presente en una postura extraña”.
La implicación fue que cualquier “culpa” queda en manos de los colegas conservadores. Y si los argumentos orales sirvieron de guía, los jueces que anteriormente limitaron la capacidad de la EPA para implementar protecciones del aire y el agua también suspenderán la política de “buen vecino”.
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