Congreso peruano aprueba viaje de la presidenta Boluarte a China
Belén Liotti
(CNN Español) — Con 71 votos a favor, el parlamento peruano aprobó este miércoles la visita de la presidenta Dina Boluarte a China, del 23 al 30 de junio. La votación se dio tras la exposición y solicitud de permiso realizada en el pleno por el canciller Javier González-Olaechea.
Según un documento enviado al Congreso por la presidenta Boluarte y el presidente del Consejo de ministros, Gustavo Adriazén, la mandataria fue invitada por el presidente de China, Xi Jinping, a “realizar una visita de Estado a ese país”.
Eduardo Salhuana, congresista de Alianza para el Progreso, al justificar su voto a favor, dijo que los intereses del país están “primero”, mientras que la congresista Susel Paredes, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, se preguntó qué podía hacer la mandataria en China, “se comprará un Rolex bamba (falso). Y me preocupa que de allí se vaya a cualquier parte, a algún país que no tenga tratado de extradición con el Perú”.
¿Por qué se agitan las aguas entre el Estado peruano y el futuro terminal portuario más grande de Sudamérica de capitales chinos?
La aprobación del viaje de Boluarte a China se da en medio de denuncias por presunta corrupción en el gobierno de la mandataria, quien es investigada por la Fiscalía. Una de estas investigaciones está referida al uso de lujosos relojes de la marca Rolex que la presidenta asegura eran prestados. Las investigaciones en su contra han motivado mociones de vacancia (destitución) en el parlamento, que fueron desestimadas.
La visita de la mandataria a China se dará, además, en paralelo a un conflicto entre el Estado peruano y la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú, cuyo accionista mayoritario es una empresa estatal china que construye en Perú el terminal portuario más grande de Sudamérica. La empresa envió en abril una carta al Ministerio de Economía de Perú con el objetivo de lograr una solución amistosa y evitar un arbitraje internacional. El conflicto está referido al permiso para que esa compañía opere en exclusiva los servicios de la infraestructura portuaria, decisión tomada por el Estado peruano años atrás pero que ahora es cuestionada por la forma en la que se aprobó.
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