Conclusiones de la histórica decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad de Donald Trump
Alexandra Ferguson
(CNN) — La Corte Suprema emitió el lunes una decisión histórica que concede a Donald Trump inmunidad parcial en el caso de subversión electoral del fiscal especial Jack Smith, dando al expresidente una importante victoria en su intento de reelección.
Aunque el fallo de 6-3 técnicamente permite a Smith avanzar hacia la resolución de la acusación, la opinión mayoritaria del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dejó muchas cuestiones técnicas sin resolver, lo que hace cada vez más improbable que se pueda iniciar un juicio antes de las elecciones de noviembre.
“El presidente no está por encima de la ley”, escribió Roberts para la mayoría conservadora. “Pero el Congreso no puede criminalizar la conducta del presidente en el desempeño de las responsabilidades del poder ejecutivo en virtud de la Constitución”.
Qué significa para Trump la decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad y qué puede pasar
El caso de Smith vuelve ahora a los tribunales inferiores, que deben revisar las medidas específicas que Trump tomó para anular los resultados de las elecciones de 2020 y si esas acciones fueron oficiales, y por lo tanto gozan de inmunidad, o privadas, y no. A continuación, repasamos las claves de una decisión histórica:
Trump obtuvo una victoria mayor de lo esperado
En varios aspectos clave, Trump obtuvo lo que quería del tribunal de 6-3, y más.
Para empezar, la Corte Suprema dictaminó que para la actividad presidencial “central”, Trump tiene la inmunidad absoluta que había buscado. La mayoría dijo que las conversaciones de Trump con el Departamento de Justicia, esto es, sus esfuerzos para tratar de conseguir funcionarios a bordo con su esfuerzo para anular las elecciones, estaban cubiertos por la inmunidad absoluta.
Para otras acciones oficiales y poderes más rutinarios en manos del presidente, el tribunal dijo que hay al menos algo de inmunidad y en gran medida se refirió a los tribunales inferiores para resolver eso. Se trata de un proceso que podría llevar semanas o incluso meses.
El análisis de lo que es inmune y lo que no lo es “en última instancia, es mejor dejarlo en manos de los tribunales inferiores”, escribió Roberts.
Y lo que tal vez sea más importante, la mayoría dejó claro que los actos oficiales no pueden ser considerados en absoluto como prueba en un posible juicio, lo que podría hacer mucho más difícil que Smith triunfe.
Roberts también escribió que los tribunales inferiores no pueden considerar el motivo de un expresidente, lo que podría permitir a los abogados de Trump argumentar que él no estaba tratando de anular una elección a su favor en absoluto.
Inmunidad presidencial: ¿por qué es tan importante para Donald Trump?
¿Qué sigue en el caso federal contra Trump?
Ahora que los jueces han dado a los tribunales inferiores algunas orientaciones limitadas, es probable que los próximos pasos sean más audiencias, argumentos escritos e incluso procedimientos con testimonios de testigos y debates sobre las pruebas ante la jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan en Washington.
Es probable que se celebren en los días posteriores a que la Corte Suprema remita formalmente el dictamen a los tribunales federales de Washington. El mecanismo para devolver un caso suele durar hasta un mes, pero el alto tribunal podría actuar con mayor rapidez.
Una vez que Chutkan resuelva las cuestiones jurídicas, es posible que nuevas apelaciones a sus decisiones preliminares vuelvan a poner el caso en suspenso, lo que supondría un retraso considerable.
Liberales critican a la mayoría por crear un “rey por encima de la ley”
Las tres juezas liberales de la Corte no se anduvieron con rodeos, con dos disidencias escritas en las que censuraban la opinión de la mayoría como una afrenta atroz al principio nacional de que nadie está por encima de la ley.
Ese principio, escribió la jueza Sonia Sotomayor, fue arrasado por un fallo que significa que en “cada uso del poder oficial, el presidente es ahora un rey por encima de la ley”.
Acompañada en su totalidad por los otros dos miembros liberales del tribunal, Sotomayor, la liberal de mayor rango de la Corte, escribió que la mayoría se basaba en una “sabiduría equivocada” para darle a Trump “toda la inmunidad que pidió y más”.
Fue especialmente crítica con la decisión de no permitir a los fiscales utilizar cualquier cosa hecha por Trump que esté protegida por la inmunidad mientras intentan convencer a un jurado de que lo condene por actos no oficiales.
“Esa postura”, dijo la jueza, “no tiene sentido”.
Sotomayor pasó a enumerar “escenarios de pesadilla” que implican conductas ilegales por parte de un futuro presidente que, argumentó, estarían protegidas de la persecución penal bajo el fallo del tribunal.
“¿Ordenar al Equipo Seal 6 de la Marina que asesine a un rival político? Inmune. ¿Organiza un golpe militar para aferrarse al poder? Inmune. ¿Acepta un soborno a cambio de un indulto? Inmune. Inmune, inmune, inmune”, escribió.
Sotomayor dio el raro paso de leer su desacuerdo desde el estrado el lunes, en un movimiento que subraya lo agraviado que está el bloque liberal del tribunal. “Con temor por nuestra democracia, disiento”, escribió al final de su disenso de 30 páginas.
La jueza Ketanji Brown Jackson escribió un disenso en solitario en el que la más reciente integrante del tribunal dijo que el fallo de la mayoría “abre un terreno nuevo y peligroso” al otorgar inmunidad “solo al funcionario más poderoso de nuestro gobierno”.
La nominada por Trump, Barrett, presiona para que el juicio sea rápido
La jueza Amy Coney Barrett, la última designada por Trump para el alto tribunal antes de dejar el cargo, expresó su frustración por cómo el tribunal estaba devolviendo el caso a tribunales inferiores para más procedimientos y más retrasos en una breve concurrencia que no logró el apoyo de ninguno de sus colegas.
En una ruptura significativa con los otros conservadores del tribunal, Barrett pareció sugerir que Trump debería ir a juicio rápidamente.
“Yo habría enmarcado las cuestiones jurídicas subyacentes de manera diferente”, dijo Barrett.
Sugirió que, dado que la impugnación general de Trump a la acusación había fracasado, al menos una parte del caso podía seguir adelante.
La jueza conservadora escribió que “un presidente que enfrenta un enjuiciamiento puede impugnar la constitucionalidad de un estatuto penal aplicado a los actos oficiales alegados en la acusación”.
“Sin embargo, si esa impugnación fracasa, deberá ser juzgado”, escribió Barrett.
La jueza discrepó con la forma en que el tribunal había dictaminado que las pruebas de los actos oficiales de Trump debían ser excluidas del juicio, escribiendo que no había razón para apartarse del “procedimiento familiar y probado por el tiempo” que permitiría incluir tales pruebas.
La posteridad contra Trump
A lo largo del caso hubo una clara tensión entre los jueces que querían limitar la decisión a los hechos relacionados con el intento de Trump de anular las elecciones y las preocupaciones más amplias sobre la inmunidad presidencial para todos los futuros presidentes. Al final, Roberts enmarcó repetidamente la decisión del tribunal como una decisión tomada para la posteridad y no para un solo presidente.
La inmunidad que determinó el tribunal, escribió, “se aplica por igual a todos los ocupantes del Despacho Oval, independientemente de su política, política o partido”.
El caso de la inmunidad, escribió, “plantea una cuestión de importancia duradera”. Para responder a esa pregunta, dijo, “no podemos permitirnos fijarnos exclusivamente, o incluso principalmente, en las exigencias actuales”.
Pero dado el momento, era poco probable que muchos estadounidenses lo vieran así. La decisión se produjo en medio de unas elecciones presidenciales en las que se presenta el primer expresidente condenado por un delito grave.
“En términos puramente partidistas, la Corte Suprema coloca hoy por primera vez en la historia a los presidentes sustancialmente por encima de la ley”, dijo David Cole, director jurídico nacional de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que ha argumentado repetidamente ante los jueces. “La opinión también cae como un arma cargada para que Trump abuse en la búsqueda de fines criminales si es reelegido”.
El juez Thomas cuestiona la constitucionalidad del nombramiento de Smith
El juez conservador Clarence Thomas añadió una concurrencia para plantear preguntas sobre si el secretario de Justicia Merrick Garland violó la Constitución cuando nombró a Smith como fiscal especial.
Empujar la teoría legal marginal sobre la legalidad del nombramiento de Smith en 2022 ha sido parte de la estrategia de defensa de Trump en su caso criminal de documentos clasificados en Florida, que también fue presentado por el fiscal especial. Los abogados de Trump han argumentado que Garland no tiene autoridad legal para nombrar a alguien como fiscal especial que no haya sido confirmado por el Senado.
Thomas también parece apoyar ese argumento.
“Y, hay serias preguntas sobre si el fiscal general ha violado esa estructura al crear una oficina del fiscal especial que no ha sido establecida por la ley. Esas preguntas deben ser respondidas antes de que esta acusación pueda proceder”, escribió Thomas en su concurrencia. “Por lo tanto, los tribunales inferiores deben responder a estas preguntas esenciales sobre el nombramiento del fiscal especial antes de proceder”.
Una derrota para Trump: el juicio político no es un escudo legal
Trump también ha argumentado que debería ser inmune a la acusación, ya que fue previamente sometido a juicio político y absuelto por el Senado, creando así una situación de doble enjuiciamiento.
Pero en una rara victoria para el fiscal especial, el tribunal dijo que ese argumento no tenía mérito.
Abordando las afirmaciones de Trump, Roberts escribió que un presidente que “evade el juicio político por una razón u otra”, como por ejemplo renunciando a su cargo antes de que un procedimiento de juicio político se pusiera en marcha, “nunca tendría que rendir cuentas por sus actos criminales”.
“El juicio político es un proceso político mediante el cual el Congreso puede destituir a un presidente”, escribió Roberts. “Transformar ese proceso político en un paso necesario para la aplicación del derecho penal encuentra poco apoyo en el texto de la Constitución o en la estructura de nuestro gobierno”.
— Katelyn Polantz contribuyó con este reportaje.
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