¿Por qué los trabajadores del Poder Judicial de México se oponen a la reforma de AMLO?
Karen Esquivel
(CNN Español) — Desde el primer minuto de este miércoles 21 de agosto, el Poder Judicial de México quedó paralizado como parte del paro nacional aprobado de trabajadores, jueces y magistrados para detener el actual proceso de la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El mandatario afirma que la reforma propuesta no afecta a los trabajadores, y que, por el contrario, les beneficia; sin embargo, los empleados señalan que la reforma vulneraría sus derechos y condiciones laborales y que la carrera judicial se vería afectada.
Aquí te decimos cuáles son las razones por las que los trabajadores judiciales se oponen a la reforma, que contempla la elección de jueces y magistrados por voto popular, una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y cuatro nuevas reglas procesales.
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¿El fin de la meritocracia?
Jorge Camargo, exdirector de comunicación social del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y académico, explicó a CNN que someter a los jueces a elección popular —como plantea la reforma— termina con la ruta de capacitación y méritos de la carrera judicial en la que los trabajadores acumulan experiencia y van escalando posiciones al interior del Poder Judicial.
“Hay trabajadores que tienen 15 años aspirando a ser jueces, han recorrido todo el camino judicial de preparación y esta reforma podría impedirlo porque se enfrentarían a una elección popular para la que no se han preparado. Ahora, una persona egresada de la carrera de Derecho con cinco años de experiencia podría participar en la elección y si tiene mayoría de votos, podría ser magistrado o ministro”, dijo.
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En México, la Ley de Carrera Judicial establece un sistema meritocrático con concursos y cursos obligatorios para acceder y ascender en los diferentes niveles de la carrera judicial. Los concursos de oposición se realizan en tres fases: cuestionarios, admisión al curso de formación para jueces y una evaluación final por un jurado a través de diversos métodos establecidos por la Escuela Federal de Formación Judicial.
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En su declaratoria formal sobre la suspensión de actividades, la Asociación de Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación (Jufed) señaló que la reforma “es contraria en grado extremo a los principios que rigen una república democrática, representativa y federal, tales como la división de poderes y la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, y especialmente el de independencia judicial”.
Actualmente, los ministros son propuestos por el Ejecutivo mediante una terna, el ganador debe ser respaldado por al menos dos terceras partes del Senado al momento de la votación, mientras que los magistrados y los jueces son nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal, pero bajo la nueva reforma, las candidaturas a cargos judiciales serían postuladas por los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Esto significa que, si un mismo partido político domina el Ejecutivo y Legislativo, tendría un papel preponderante en la postulación de candidaturas.
Camargo señaló que la reforma al Poder Judicial, tal como se plantea, busca “partidizar” la justicia “porque un juez le va a deber su puesto al partido político que lo impulse. Entonces se politiza y desvirtúa el sistema de justicia en casos importantes”.
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Riesgo a la independencia de los jueces
En su discurso por el inicio de la suspensión de labores, la jueza Juana Fuentes, directora nacional de Jufed, dijo que la reforma legislativa de López Obrador amenaza con socavar los pilares del Estado de derecho.
“Esta reforma, que bajo el velo de una supuesta modernización del Poder Judicial busca centralizar el poder, pone en riesgo no solo la independencia de jueces, sino también el bienestar de nuestra sociedad en su conjunto (…) la independencia judicial no es un privilegio de los juzgadores, es una garantía para los ciudadanos”, afirmó.
Un reciente análisis, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) afirmó que el problema de la reforma judicial no radica en que la elección popular de jueces otorgue ‘demasiado’ poder a la población. El problema, por el contrario, es que la elección popular de autoridades judiciales, filtrada por intereses políticos y las fallas ya mencionadas, debilitaría la protección de los derechos humanos y la seguridad, dejando a las personas expuestas a la impunidad y el abuso”.
El presidente López Obrador ha defendido la reforma al Poder Judicial afirmando que su Gobierno no está en contra de los trabajadores de México, sino en contra de la corrupción y los privilegios. “Y hay corrupción y hay privilegios en el Poder Judicial, y los trabajadores lo saben, y lo que queremos es corregir que desaparezca la corrupción en el Poder Judicial, sobre todo arriba, la corrupción que llevan a cabo jueces, magistrados y ministros”, dijo en su conferencia matutina el lunes 19 de agosto.
Camargo explicó que trabajadores, jueces y magistrados demandan que la reforma se deseche y que se abra un proceso de diálogo para crear una reforma integral que involucre a todos los actores involucrados, desde ministerios públicos, hasta fiscales, policías y jueces.
Con información de Natalia Cano.
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