Los CEO querían que la principal reguladora empresarial de Biden se fuera y están por cumplir su deseo
Brian Fung
Lina Khan enfureció al mundo corporativo estadounidense.
Ella utilizó uno de los departamentos gubernamentales más poderosos del mundo, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), para desafiar las grandes fusiones corporativas y emitir nuevas regulaciones destinadas a dar a los trabajadores y consumidores más derechos.
Los líderes empresariales, en consecuencia, querían que la despidieran. Y con la llegada de la administración Trump, van a conseguir lo que querían.
El martes, el presidente electo dde EE.UU., Donald Trump, anunció que promocionará a Andrew Ferguson, actual comisionado republicano de la FTC, como presidente de la agencia. Trump dijo que también nombrará a Mark Meador, exmiembro del equipo antimonopolio del senador republicano de Utah Mike Lee, como comisionado de la FTC.
La decisión de Trump probablemente será una buena noticia para algunas empresas, pero ciertamente no para todas, y menos aún para las grandes tecnológicas, a las que Ferguson criticó duramente y, en el caso de Google, recurrió a los tribunales mientras se desempeñaba como fiscal general de Virginia.
Aquí es donde el historial de Ferguson sugiere que la FTC podría seguir ese rumbo bajo su liderazgo.
Ferguson, exasistente del líder republicano del Senado, Mitch McConnell, ha sido un crítico abierto de los grandes monopolios. Respaldó los pedidos de una ley nacional de privacidad de datos y calificó la concentración en la industria tecnológica como “la cuestión competitiva de nuestro tiempo”.
Todos estos elementos sugieren cierta alineación con las prioridades actuales de la FTC, en particular al reconocer el papel que desempeñan las empresas tecnológicas en la economía moderna y la importancia de aplicar vigorosamente las leyes antimonopolio del país.
Sus mayores diferencias con Khan fueron sobre lo que ellos ven como el poder de la propia FTC, y si puede o no controlar a las corporaciones escribiendo regulaciones, o si necesitaría esperar a que un Congreso estancado apruebe la legislación primero.
Ferguson se distanció de Khan, por ejemplo, en relación con la innovadora norma nacional de la FTC que prohíbe las cláusulas en los contratos de los trabajadores que les impidan dejar un empleador y trabajar para un competidor. La norma de 2024, que inmediatamente desencadenó objeciones de los líderes empresariales que la calificaron de apropiación de poder por parte del Gobierno, no estaba dentro de la autoridad de la FTC para crearla, escribió Ferguson en un disenso .
“No somos una legislatura; somos una agencia administrativa que ejerce únicamente el poder que nos confirió legalmente el Congreso”, escribió Ferguson.
La disidencia refleja un desacuerdo profundo y de larga data entre demócratas y republicanos sobre el alcance de la Ley de la FTC (la carta constitucional del Congreso que establece los poderes de la comisión). En esta situación, Ferguson sostuvo que la “mejor interpretación” de la ley era que solo facultaba a la FTC para establecer normas que la regieran a ella misma, no a las empresas privadas.
Con Ferguson al mando, la FTC parece preparada para seguir procesando casos de monopolio y protección al consumidor, incluido el caso antimonopolio para desmantelar Meta, presentado durante la primera administración de Trump y un par de casos contra Amazon.
Un ejemplo de las probabilidades de que Ferguson sea duro con las empresas tecnológicas es su anterior función como fiscal general de Virginia, en la que él, el Departamento de Justicia y varios otros estados demandaron a Google por monopolizar el mercado de la tecnología publicitaria digital. Este importante caso se centró en la parte de US$ 31.000 millones del negocio de Google que conecta a los editores de sitios web con los anunciantes, y fue a juicio este otoño. La decisión podría conocerse en unas semanas.
Pero, fundamentalmente, parece probable que Ferguson se mantenga alejado del tipo de reglamentación general que Khan había defendido.
También se está haciendo evidente que Ferguson podría intentar utilizar las leyes antimonopolio del país como herramienta para obligar a las plataformas de redes sociales a promover el discurso conservador aún más de lo que lo hacen.
No está claro hasta dónde llegará ese esfuerzo en los tribunales, pero Ferguson anticipó su intención en un testimonio ante el Congreso, el año pasado, y nuevamente en una declaración tras el anuncio de Trump, esta semana.
“En la FTC, acabaremos con la vendetta de las grandes tecnológicas contra la competencia y la libertad de expresión”, publicó Ferguson en X, el martes. Las principales plataformas tecnológicas han insistido en que no censuran el discurso en función del punto de vista político, y algunas empresas han hecho todo lo posible para adaptarse e incluso promover las opiniones de derecha, pero los conservadores las han acusado durante mucho tiempo de tener un sesgo anticonservador de todos modos, lo que resulta en una aplicación más débil de la plataforma contra las mentiras y la desinformación electorales.
Ferguson describió los rasgos generales del vínculo entre las leyes antimonopolio y el discurso político el año pasado, durante su audiencia de confirmación en el Senado.
La consolidación en el sector tecnológico facilita que los Gobiernos presionen a las empresas de redes sociales para que eliminen contenido, dijo Ferguson al senador republicano de Missouri, Eric Schmitt. Schmitt, como fiscal general del estado, en 2022, encabezó una demanda de alto perfil sobre la supuesta censura de las redes sociales que terminó ante la Corte Suprema en su último mandato.
El caso se centró en las comunicaciones de la administración Biden con las empresas de redes sociales que las presionaron para eliminar la desinformación sobre el covid-19 y las elecciones, lo que Missouri, Louisiana y un puñado de partes privadas argumentaron que era un ataque de la Primera Enmienda al discurso conservador.
“Es mucho más fácil para el Gobierno controlar la conducta del ciudadano individual si solo tiene que coaccionar a un par de participantes del mercado”, dijo Ferguson a Schmitt. “Es por eso que la acumulación de poder privado es potencialmente tan peligrosa, porque si el Gobierno puede coordinarse con solo unos pocos actores, es mucho más fácil controlar al resto de nosotros. Y creo que el litigio que inició su estado reveló cómo esto puede funcionar potencialmente en tiempo real”.
A principios de este año, la Corte Suprema decidió que la Casa Blanca puede seguir señalando lo que cree que es desinformación a las plataformas de redes sociales por ahora, mientras el caso continúa en los tribunales inferiores. En los argumentos orales , los jueces mostraron un profundo escepticismo sobre los argumentos legales de los estados, reflexionando sobre que podrían conducir a consecuencias no deseadas, como la incapacidad del Gobierno para advertir a las plataformas de redes sociales sobre amenazas violentas contra funcionarios públicos.
Ferguson también ha intervenido en el discurso en las redes sociales de otras maneras. Durante su mandato como fiscal general de Virginia, él, junto con funcionarios que representaban a otros 17 estados, presentó una solicitud de apoyo a la controvertida ley de Montana que buscaba prohibir TikTok en dispositivos personales en todo el estado. Trump ha afirmado que “salvaría” a TikTok de una prohibición a nivel nacional, aunque no está claro cómo podría hacerlo.
El historial de Ferguson sugiere que, si bien él y Khan comparten un cierto nivel de escepticismo sobre la tecnología, el presidente entrante de la FTC está motivado por quejas conservadoras sobre las plataformas en línea de una manera que es distinta a la de Khan, cuya preocupación por la tecnología se ha centrado principalmente en los resultados económicos.
Sin embargo, en otros aspectos, Ferguson y Khan parecen tener puntos en común. En una entrevista de junio con el Mercatus Center, un centro de estudios libertario, Ferguson defendió algunas iniciativas encabezadas por la FTC de Khan.
Por ejemplo, señaló cómo una ambiciosa actualización de las directrices de fusiones del Gobierno estadounidense —que establecen las expectativas sobre qué fusiones pueden ser consideradas anticompetitivas por los reguladores— no representaba una gran desviación de los precedentes judiciales existentes.
Si bien puede estar en desacuerdo en algunos aspectos sobre algunas de las nuevas directrices, dijo Ferguson, no cree que sea productivo rescindirlas con cada cambio de administración.
“Creo que gran parte de lo que se incluye en las directrices es, de hecho, una repetición de lo que se dijo en las directrices anteriores y de los casos, y en ese sentido está promoviendo la previsibilidad”, dijo. “Creo que otras cosas en las directrices están ampliando un poco los límites”.
“Las directrices serán inútiles para todos si todos piensan que simplemente reflejan las preferencias muy particulares de un partido en particular”, añadió.
En otra parte de la entrevista, Ferguson subrayó su profunda creencia en la separación de poderes, junto con las barreras establecidas para protegerla. El Congreso hace las leyes, el Estado administrativo las hace cumplir y los jueces deciden si la aplicación es justa basándose en una lectura atenta de la ley.
En ese sentido, Ferguson se presenta como un institucionalista, completamente diferente del hombre que está a punto de darle un gran ascenso.
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