Jefa de misión del CICR lleva cinco años en Haití: esto es lo más desgarrador que vio y lo que más teme

Por Mauricio Torres, CNN en Español

La llama de la violencia volvió a encenderse en Haití hace casi cinco años. El 7 de julio de 2021, un grupo armado asesinó al presidente Jovenel Moïse tras irrumpir en su residencia en Puerto Príncipe, con lo que inició un período de inestabilidad política y social marcado por la expansión de pandillas a lo largo del país.

Hoy, el saldo de ese crimen y sus consecuencias puede resumirse en un dato: de los 12 millones de personas que viven en Haití, más de la mitad tienen “necesidad urgente de ayuda humanitaria”, según dijo a CNN Marisela Silva Chau, jefa de la delegación local del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Silva Chau conoce el panorama de cerca. Ha seguido la situación en Haití desde 2021, primero de forma remota como jefa de la delegación regional del CICR para Panamá y el Caribe, y después de manera presencial, ya como jefa de la delegación en Haití.

En el terreno, dice, durante los últimos cinco años el CICR ha observado la expansión de las pandillas en el país, particularmente en la capital Puerto Príncipe, y cómo esto crecientemente afecta a la población civil, que a diario corre el riesgo de quedar atrapada entre enfrentamientos o tiene problemas para acceder a servicios públicos o incluso a agua potable.

“Desafortunadamente, estamos hablando de una capital que se encuentra aproximadamente 85% bajo el control de grupos armados. Esto es que en esas zonas, evidentemente, la limitación de acceso a servicios públicos es preocupante y generalizada, porque por cuestiones de seguridad hay restricciones de movimiento, por cuestiones de seguridad tal vez algunas instituciones no pueden volver para articular este acceso a servicios públicos”, expone Silva Chau en entrevista desde Lima.

Otros datos completan la complejidad del cuadro.

Uno de ellos, según Silva Chau, es que alrededor de 1,4 millones de habitantes han tenido que desplazarse internamente en Haití debido a la violencia generada por Viv Ansanm, una coalición de pandillas a la que el Gobierno de Estados Unidos designó en 2025 como organización terrorista internacional. En esa ocasión, Estados Unidos también designó al bloque Gran Grif, al que señaló como responsable de diversos actos violentos en el departamento de Artibonite.

Silva Chau advierte que otro indicador del deterioro en el país es que solo el 30% de los hospitales son funcionales, lo que representa “una limitación significativa del acceso a atención básica en salud”.

El aumento de la violencia en Haití llevó a que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobara en septiembre crear una nueva Fuerza de Eliminación de Pandillas que tendrá 5.550 integrantes.

Los primeros miembros de esta instancia, originarios de Chad, comenzaron a llegar a Haití el 1 de abril. Sin embargo, dentro y fuera del país hay dudas sobre qué tan efectivo será el despliegue de esta formación.

Silva Chau toma con reserva la llegada de esta nueva fuerza. Desde su perspectiva, si bien puede ser útil para apoyar a las fuerzas de seguridad gubernamentales y contener a las pandillas, se debe tener claro que este contingente no resolverá por sí solo los problemas de Haití, que tienen numerosas aristas.

“La línea del uso de la fuerza es una de las líneas que es una prerrogativa del Estado, del Gobierno, pero la situación va mucho más allá de lo que pueda implicar el uso de la fuerza. Es una situación crítica de carácter multidimensional”, dice.

De acuerdo con Silva Chau, una de las principales preocupaciones del CICR es que la mayor parte de los enfrentamientos armados se llevan a cabo en entornos urbanos densamente poblados, por lo que el despliegue de la nueva fuerza podría poner en mayor riesgo a los habitantes de esas zonas.

“Habrá que tomar una serie de medidas de precaución para prevenir que la población sea afectada adicionalmente en este nuevo período y colocar al centro de las decisiones a la población de manera inmediata. Obviamente, hay una necesidad de no solamente estabilizar la situación de seguridad de acuerdo a las expectativas del Estado, del Gobierno, pero también de restablecer acceso a servicios esenciales, que es una tarea ya grande en la capital Puerto Príncipe”, insiste.

En medio del contexto de violencia en Haití —ejemplificado por la masacre de al menos 16 personas a finales de marzo al norte de Puerto Príncipe—, el país se prepara para realizar sus primeras elecciones en casi una década.

La ley electoral respaldada en diciembre por el Consejo Presidencial de Transición (CPT) contempla una primera ronda de votaciones en agosto y una ronda final en diciembre. El CPT concluyó su mandato en febrero, con lo que el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé asumió las funciones del Poder Ejecutivo.

Frente a este calendario con comicios en puerta, Silva Chau advierte que esta futura contienda electoral puede generar mayores riesgos de inestabilidad, por lo que pide a las autoridades y otros involucrados tomar precauciones para evitar escaladas de violencia.

“Siempre hay un riesgo. Entendemos que los actores en Haití son conscientes de esos riesgos y esperamos, evidentemente, que se gestione ese proceso de la mejor manera para prevenir más disrupción y más afectaciones sobre la población”, dice.

¿Y qué papel puede jugar la comunidad internacional ante la situación en Haití?

De acuerdo con Silva Chau, la respuesta incluye cuando menos dos elementos: mantener un apoyo consistente hacia el país y ayudar a que sus habitantes tomen las decisiones sobre su futuro.

“La población sigue teniendo esperanza. No hay ninguna situación donde uno pueda observar que la esperanza se perdió, no. La esperanza está ahí de parte de la población de tener un entorno de calidad de vida, que sea mejor a la que hoy se tiene”, dice.

“Creo que la comunidad internacional tiene que honrar esa esperanza de la población y tal vez acentuar el definir las decisiones a tomar poniendo en el centro de esas decisiones a la población. Los intereses de la población deben estar al centro de la toma de decisiones”, insiste la jefa de delegación, mientras Haití busca caminos para salir del ciclo de violencia que padece desde hace casi un lustro.

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