Cómo las nacionalizaciones en Cuba durante la revolución siguen condicionando la relación con EE.UU.

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

Desde hace seis décadas, cada vez que Estados Unidos y Cuba se sentaron a dialogar, con distinto grado de voluntad y exigencias, siempre hubo un tema que complicó las negociaciones y que volvió a surgir en las conversaciones incipientes de este año: los miles de reclamos de personas y empresas estadounidenses por las expropiaciones en la isla bajo el gobierno castrista, por un valor estimado de más de US$ 9.000 millones.

En medio de la renovada presión de Washington hacia La Habana con un boicot energético y la posible imputación del expresidente Raúl Castro, el Gobierno del mandatario Miguel Díaz-Canel rechazó la idea de un cambio de régimen, pero reconoció tanto los reclamos desde EE.UU. por las nacionalizaciones como las compensaciones que Cuba pide por el embargo. “Son temas que se pueden conversar, muy complejos, pero que requieren un diálogo y que son temas legítimos”, declaró en marzo el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío en conferencia de prensa, cuando la negociación se asomaba como más viable antes del aumento de las tensiones.

Las nacionalizaciones son “un tema de bastante prioridad, de los primeros que se ponen sobre la mesa cuando ambos países tienen contacto”, dijo a CNN el economista Ricardo Torres, exdocente de la Universidad de La Habana y profesor de la American University en Washington. “En la era Obama se planteó en la comisión bilateral para analizar los diferentes asuntos. Había desacuerdos, y ese fue nombrado específicamente”, recordó sobre el período de deshielo previo a la victoria de Donald Trump en 2016.

El investigador afirmó que de la parte cubana suele haber declaraciones de disposición al diálogo, pero que hasta ahora no ha escuchado de parte de EE.UU. un reconocimiento abierto de la validez de los reclamos de La Habana.

El presidente Donald Trump ha manifestado sus aspiraciones sobre Cuba, ya sea “tomar el control” o “liberarla”, y así lograr lo que 12 de sus antecesores no pudieron. La semana pasada, reiteró que confía que doblegará la postura del castrismo. “Creo que van a tener que venir a nosotros. Es una nación fallida. Es una nación totalmente fallida”, dijo Trump a Fox News.

A fines de 1960, casi dos años después del triunfo de la Revolución Cubana, un agente entró al Banco Pedroso en La Habana con una ametralladora y expulsó a los dueños para confiscar la entidad. “Les dijeron que ahora este era el banco del pueblo. Ni siquiera pudieron sacar las fotos familiares de las paredes de su oficina”, relató a la agencia AP el abogado cubano Raul Valdes-Fauli, cuya familia había fundado el banco. Décadas después sería elegido alcalde de Coral Gables, un suburbio de Miami.

El proceso de nacionalizaciones comenzó con una reforma agraria en 1959 que estableció máximos a la propiedad de la tierra por parte de extranjeros, y varios empresarios estadounidenses excedían ese límite en sus latifundios.

“Cuba optó poco a poco por un modelo estatal que tenía que ser dominante en la economía. Eso era incompatible con presencia de empresas extranjeras, de Estados Unidos y otros países”, dijo Torres, quien señala también que existe una narrativa que plantea que, además de la aplicación de las políticas domésticas, también fueron “una reacción a medidas que fue tomando EE.UU.”.

Al año siguiente, Cuba nacionalizó masivamente empresas estadounidenses, incluyendo refinerías, plantas de azúcar, bancos y compañías eléctricas. La Casa Blanca respondió con sanciones económicas y el entonces presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, estableció el primer embargo con una prohibición de exportaciones, excepto medicinas y algunos alimentos.

“En ese momento, había una necesidad de una reforma agraria, de una nacionalización de la infraestructura de Cuba. Ese gran proyecto de poner en las manos del pueblo, los recursos del país, es algo que preexistía a lo que fue la carrera política de Castro. Fidel hizo que se creara un enfrentamiento con EE.UU. sabiendo que el Gobierno de Eisenhower iba a jugar según las reglas del juego”, dijo a CNN la historiadora Lillian Guerra, directora del Programa de Cuba en la Universidad de Florida y autora de varios libros sobre la isla. “¿Acaso Cuba iba a pedirle (a las refinerías estadounidenses) que refinaran petróleo de la Unión Soviética? ¿Qué es eso? Allí empieza este negocio, la serie de enfrentamientos, que justifica la radicalización de la política económica”, afirmó.

Guerra señaló que el proceso contó con respaldo popular con un discurso de soberanía, aunque resalta que en ese momento buena parte de la prensa ya había sido nacionalizada, lo que “le da tremendo poder a la narrativa oficialista”.

En esa década, EE.UU. certificó a través de la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras casi 6.000 pedidos de ciudadanos y empresas estadounidenses por propiedades nacionalizadas en Cuba, con un valor original estimado en unos US$ 1.900 millones y que, actualizado por intereses, se acerca a los US$ 10.000 millones. Luego volvería a abrir por unos meses la posibilidad de presentar reclamos en 2005 y certificó como válidos otros dos pedidos, uno de ellos por US$ 50 millones.

En los años 90, durante el Gobierno de Bill Clinton, el embargo estadounidense fue reforzado con las leyes de Democracia Cubana (1992) y luego con la de Libertad Cubana y Solidaridad Democrática (1996), conocida también como ley Helms-Burton, en respuesta a un incidente de ese año en el que aviones de combate cubanos derribaron dos naves privadas, según EE.UU., en espacio aéreo internacional. La legislación tuvo como objetivo principal limitar las operaciones comerciales de otros países, pero también permite a estadounidenses demandar a quienes confiscaron sus propiedades. El título que habilita las demandas contra quienes “trafiquen” con propiedades expropiadas estuvo dormido por décadas hasta que el presidente Donald Trump lo activó en 2019 y ya hay dos casos que están siendo revisados por la Corte Suprema, alimentando las esperanzas de los interesados.

Esos ecos de la Guerra Fría continúan resonando en la diáspora cubana y las empresas afectadas por las medidas de Castro. “Hay una comunidad de gente superderechista que quieren recuperar lo que fue un pasado fabuloso para ellos en Cuba. (…) Trump no está interesado en que yo recupere la casa de mi abuelo en Fontanar. Está interesado en que las grandes familias que quieren vengarse puedan recuperar lo que piensan que les toca”, afirmó Guerra, que declaró como testigo experta en dos litigios vinculados al proceso.

Cuando Trump abrió la puerta de los tribunales, muchos todavía veían ese camino como un litigio costoso y sin muchas esperanzas. Pero si la Corte Suprema se pronuncia a favor de otorgar una excepción a la amplia inmunidad de la que generalmente gozan los gobiernos extranjeros en la Justicia estadounidenses, podría desatarse una oleada de casos.

Además, frente a temores de grupos anticastristas de que se repita un escenario como el de Venezuela (un alivio de sanciones sin un cambio, al menos en lo inmediato, en la dirección política o pasos claros hacia una transición electoral) es más difícil en Cuba por un impedimento legal estadounidense vinculado a las expropiaciones. La ley Helms-Burton establece los pasos para un levantamiento del embargo y entre ellos requiere “medidas apropiadas para la devolución” de las propiedades confiscadas. De esta forma, más allá de los grupos de presión con base en Florida, es el propio marco legal el que mantiene el tema sobre la mesa para cualquier escenario de diálogo.

Cuba destaca que ya firmó acuerdos compensatorios décadas atrás con seis países, aunque todos ellos con montos mucho menores que los reclamos desde EE.UU., y sin una disputa política tan marcada como la que se mantiene entre Washington y La Habana. Cada año, el castrismo reclama ante la ONU el perjuicio que sufre por el embargo y en 2025, afirmó que las pérdidas acumuladas en las últimas décadas bordearían los US$170.000 millones. Además, en 1999 Cuba presentó una demanda por “daños humanos” de los operativos de EE.UU. o derivados de las acciones a las que atribuye la muerte de 3.478 ciudadanos cubanos, y un tribunal cubano sentenció al Gobierno de EE.UU. a pagar una compensación de US$ 181.100 millones. Son reclamos que Washington nunca validó públicamente.

Un caso habitualmente citado como precedente es el de Vietnam, que tras el fin de la guerra en 1975 reclamaba reparaciones y reconstrucciones, mientras que Washington pedía por las propiedades nacionalizadas. La Casa Blanca impuso un embargo y durante años no se concretó una negociación efectiva. Fue en los años 90 cuando Vietnam, tras un proceso de apertura económica, ya no insistió activamente por las reparaciones, sin formalizar esa postura, pero dejando que el tema salga de la agenda. Clinton levantó el embargo y anunció la normalización de lazos diplomáticos, en un proceso en el que EE.UU. sí obtuvo una compensación parcial, y ofreció programas de cooperación y ayuda humanitaria. Sin una renuncia formal a las demandas, Vietnam las subordinó a objetivos estratégicos.

Para Torres, la negociación contiene “una dimensión técnica, política, legal, pero el elemento dominante es el político”. Según apuntó, Cuba mantiene sus reclamos para poner presión y fortalecer su poder negociador, pero puede llegar un momento en que deje pasar algunos puntos. Más aún durante una profunda crisis económica y energética por la que le urgen alivios económicos, comerciales y humanitarios. “Si se abre el momento, la oportunidad de verdad, de resolver los problemas que hay en la agenda, no me extrañaría que (Cuba) diga ‘nos olvidamos de estas reclamaciones, me interesa no tener ningún obstáculo’. Eso fue lo que hicieron los vietnamitas: cuando se reabrió el proceso, no los mencionaron más”, comparó.

La penuria económica de Cuba, por otra parte, deja claro también que, de intentar llegar a un acuerdo, La Habana no tiene posibilidad alguna de pagar en el corto plazo. “Ya sería una discusión más técnica sobre el mecanismo, con posibles pagos anuales. Si eso surgiera de una negociación, habrá un elemento de pragmatismo que tendrá que imponerse. En las condiciones económicas en las que está Cuba hoy, no puede plantearse una compensación masiva, total, inmediata. Sería imposible totalmente”, agregó Torres.

El profesor de la American University indicó la gran pregunta es cuánto está dispuesto a ceder cada parte y bajo qué orden, ya que considera “irrealista” pensar que Cuba puede dejar para el final un alivio, aunque sea parcial, de las sanciones. “Va a reclamar algunas medidas que le permitan mejorar su economía” y así afrontar los pagos, agregó.

Por lo pronto, hay optimismo en sectores del exilio cubano. A inicios de abril, un grupo de acaudalados empresarios cubanoestadounidenses de diferentes sectores se reunieron en Miami y expresaron su disposición a aportar para la reconstrucción de la isla. Eso sí, solo en caso de que Cuba “sea libre” y tenga una Constitución “que proteja la empresa privada”, una posibilidad que ya no ven tan lejana.

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