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Las protestas por una instalación de EE.UU. contra el ébola en Kenya muestran la resistencia africana a los acuerdos de Trump

Por Nimi Princewill, CNN

“¡Kenya no es una colonia estadounidense!”

Ese fue el cántico que resonó en Nairobi y otras ciudades kenianas la semana pasada, mientras furiosos manifestantes desahogaban su indignación ante los planes de una sala de aislamiento financiada por Estados Unidos para estadounidenses expuestos al ébola en el extranjero.

La controvertida propuesta ha despertado temores de que el ébola entre en un país que nunca ha registrado un solo caso de la enfermedad, a menudo mortal. Los brotes más cercanos se están desarrollando a más de 2.000 kilómetros de distancia, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), donde se detectó por primera vez el ébola, y en la vecina Uganda.

Los críticos sostienen que la instalación expondría a Kenya a riesgos que Estados Unidos no aceptaría en su propio territorio. A pesar de una orden judicial que detuvo la construcción de la sala a la espera de una impugnación legal, el Gobierno de Kenya —que recientemente firmó un acuerdo de salud de US$ 1.600 millones con Estados Unidos— ha seguido respaldando el proyecto, alimentando una reacción pública.

El presidente William Ruto defendió la decisión, diciendo que sería “muy inhumano” que Kenya rechazara una instalación financiada por Estados Unidos después de años de recibir ayuda estadounidense.

Sin embargo, el exvicepresidente de Ruto, Rigathi Gachagua, quien fue destituido mediante un juicio político en 2024, dijo a CNN que el plan revelaba dobles estándares por parte de Estados Unidos y debía ser resistido.

“Nos resulta inaceptable que, si los estadounidenses no están dispuestos a atender a sus propios pacientes en su propio país porque es arriesgado para el resto de la población, los estadounidenses decidan que eso puede hacerse en Kenya”, dijo Gachagua. “Nos parece injusto, nos parece un doble rasero y nos oponemos totalmente a ello”.

Añadió que el acuerdo era “totalmente insensible” y ponía los intereses de Estados Unidos por encima de las preocupaciones kenianas.

La controversia refleja una tendencia más amplia en toda África, donde los países están rechazando cada vez más lo que los críticos describen como el enfoque transaccional de Washington bajo el presidente Donald Trump y acuerdos considerados favorables a los intereses estadounidenses.

Gran parte de ese rechazo se deriva de cambios en el enfoque de Washington hacia África.

Tras su regreso al cargo el año pasado, Trump pausó casi toda la ayuda exterior y canceló miles de contratos de ayuda. La medida marcó el inicio del desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), recortando financiación vital para la salud y la ayuda humanitaria en todo el mundo, incluida África, uno de los mayores receptores de asistencia estadounidense.

Durante décadas, la financiación estadounidense respaldó la lucha contra el VIH/Sida, la malaria y la tuberculosis en todo el continente. Ahora, esos programas están siendo reemplazados por la “Estrategia Global de Salud de Estados Unidos Primero” de Trump, que prioriza acuerdos directos con países individuales. Washington afirma que el objetivo es reducir la dependencia de la ayuda mientras se promueven los intereses estadounidenses.

Pero a medida que la ayuda da paso a la negociación de acuerdos, crecen las preguntas sobre qué se espera que ofrezcan a cambio los países africanos.

Estados Unidos ha firmado nuevos acuerdos de salud con al menos 16 países africanos, pero algunos se han estancado debido a desacuerdos sobre sus términos.

El mes pasado, el ministro de Asuntos Exteriores de Zambia, Mulambo Haimbe, dijo que el país era reacio a aceptar un paquete sanitario propuesto de US$ 2.000 millones porque exigía “trato preferencial a las empresas estadounidenses sobre los minerales críticos de Zambia”, así como “compartición de datos en violación del derecho a la privacidad de nuestros ciudadanos”.

Zambia es un importante productor de cobre, un material clave utilizado en energías renovables, vehículos eléctricos y redes eléctricas.

Los comentarios de Haimbe se produjeron tras las críticas del embajador estadounidense saliente Michael Gonzales, quien acusó a los líderes zambianos de depender de la atención sanitaria financiada por Estados Unidos sin invertir lo suficiente ellos mismos.

Gonzales negó que Washington estuviera vinculando el apoyo sanitario al acceso a minerales críticos. Sin embargo, también dijo que “de cara al futuro, los beneficios de nuestra relación deben ser mutuos”.

Zambia no está sola. Preocupaciones similares han surgido en otras partes del continente.

Zimbabwe y Ghana también han objetado los acuerdos multimillonarios propuestos que incluyen requisitos de intercambio de datos de salud.

“Necesitamos alianzas sin condiciones”, dijo a los periodistas el mes pasado el ministro de Salud de Ghana, Kwabena Mintah Akandoh.

En Zimbabwe, el portavoz del Gobierno Nick Mangwana dijo que al país “se le estaba pidiendo compartir recursos biológicos y datos a largo plazo, sin garantía de acceso a las vacunas o tratamientos resultantes” ni reciprocidad por parte de Washington.

“La ayuda al desarrollo debe empoderar a las naciones, no crear dependencias ni servir como vehículo para la extracción estratégica”, escribió Mangwana en una entrada de blog en febrero.

Esas preocupaciones se extienden más allá de las alianzas sanitarias y alcanzan al sector minero y de minerales críticos.

En la República Democrática del Congo (RDC), los críticos cuestionan si las gestiones diplomáticas de Washington para poner fin a décadas de conflicto en el este, rico en minerales, están impulsadas por genuinas preocupaciones de seguridad. La región alberga algunos de los mayores yacimientos de coltán del mundo, utilizado en teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos.

Victor Tesongo, activista por los derechos sociales y alto ejecutivo de la coalición rebelde AFC que combate a las fuerzas congoleñas, dijo a CNN que no se puede considerar a Estados Unidos como neutral mientras también busca acceso a los recursos estratégicos de la RDC.

Tales inquietudes crecieron después de que Trump recibiera al presidente de la RDC, Félix Tshisekedi, y al presidente de Rwanda, Paul Kagame, en Washington en diciembre para firmar un acuerdo de paz destinado a poner fin al conflicto.

Tesongo desestimó el pacto como un acaparamiento de recursos.

“El plan de Trump no tiene nada que ver con la seguridad ni con el restablecimiento de la paz; más bien, se trata de saquear los recursos congoleños”, alegó. “La prueba es que después de la firma en Estados Unidos, la situación no ha cambiado; los combates continúan”.

Estados Unidos sostiene que su participación tiene como objetivo promover la seguridad regional.

En conjunto, las disputas en Kenya, Zambia, Ghana, Zimbabwe y la RDC sugieren un cambio más amplio en la forma en que los países africanos se relacionan con socios externos.

Según Solomon Dersso, director fundador del centro panafricano de pensamiento en políticas Amani Africa, la búsqueda de Estados Unidos de sus propios intereses estratégicos no es nada nuevo. La diferencia, dijo, es que ahora está ocurriendo “de manera más abierta y sin fingimientos”.

Para Chitimbwa Chifunda, directora de Oxfam en Zambia para África Austral, el cambio subraya la necesidad de que los países africanos se vuelvan menos dependientes de la ayuda extranjera.

“La era de esperar la ayuda se está desvaneciendo rápidamente”, dijo, y añadió que las negociaciones recientes muestran que los gobiernos africanos están cada vez más dispuestos a plantar cara y defender sus intereses.

Simon Mulongo, ex enviado especial de la Unión Africana a Somalia y el Sahel, ve la misma tendencia y sostiene que el debate ya no es si África debe asociarse con las potencias globales, sino en qué términos.

“Los Estados africanos ya no están dispuestos a ceder discretamente activos estratégicos bajo el lenguaje de la ayuda, la asociación o el apoyo de emergencia”, dijo a CNN, añadiendo que “la cooperación sanitaria no debería convertirse en una puerta trasera para la extracción de datos de los ciudadanos”, y que las alianzas de seguridad “no deberían convertirse en una vía para la captura de minerales”.

“Esto no es aislacionismo. Es una exigencia de intercambio justo”.

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