Exclusiva: Trump amenaza con recortar fondos federales a estados que no adopten cambios electorales
Por Gabe Cohen y Tierney Sneed, CNN
El Gobierno de Trump amenaza con retener decenas de millones de dólares en fondos federales de seguridad nacional destinados a los estados, a menos que adopten un amplio conjunto de cambios electorales, según múltiples fuentes y documentos internos obtenidos por CNN.
La medida forma parte de la campaña del presidente Donald Trump para erradicar el supuesto fraude electoral —a pesar de que estudios muestran que es mucho más raro de lo que él afirma— y ejercer mayor influencia federal sobre cómo se administran las elecciones. Llega mientras varios estados han aprobado leyes que buscan impedir que el Gobierno federal interfiera en las elecciones.
Bajo nuevas normas que rigen varios programas de subvenciones de seguridad nacional, los estados deben tomar una serie de medidas, incluida la eliminación gradual de ciertos sistemas de votación electrónica y el cambio a boletas de papel marcadas a mano. También deben pasar sus padrones de votantes por una controvertida base de datos del Departamento de Seguridad Nacional para la verificación de ciudadanía.
Si no lo hacen, los estados perderían parte de la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Estas subvenciones, que se espera sumen más de US$ 1.000 millones en el actual año fiscal, son uno de los principales mecanismos de Washington para ayudar a los gobiernos estatales y locales a prevenir el terrorismo, proteger la infraestructura y prepararse para grandes desastres.
Durante años, las subvenciones del DHS, a las que los estados solicitan acceso, han exigido que al menos el 3 % de los fondos se gaste de manera amplia en seguridad electoral. Pero las nuevas directrices, que CNN obtuvo y que se espera se envíen a los estados a finales de este mes, imponen un conjunto de reformas obligatorias y fuertes sanciones por incumplimiento. Los estados que se nieguen perderían el 20 % del dinero de la subvención, potencialmente millones de dólares en fondos de seguridad.
“Ningún cambio en los requisitos de las subvenciones o en las distribuciones de fondos es oficial hasta que se anuncie formalmente y se publique a través de los canales adecuados y autorizados de la agencia”, dijo un portavoz del DHS en un comunicado, añadiendo que la administración considera la seguridad electoral una prioridad central de seguridad nacional.
“Cualquier receptor de fondos federales debe esperar rendición de cuentas sobre cómo se gastan los dólares de los contribuyentes”, dijo el portavoz.
La maniobra encaja con un manual de juego más amplio de Trump: usar fondos federales como palanca para presionar a los estados a adoptar políticas alineadas con su agenda. La administración ha tomado medidas similares para castigar a los estados por políticas migratorias e iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. Los tribunales han bloqueado algunos de esos esfuerzos, y este también podría enfrentar pronto impugnaciones legales.
Los intentos de Trump de reformar unilateralmente cómo se administran las elecciones —con decretos y exigencias de datos sensibles de los votantes— también han encontrado obstáculos legales. La Constitución otorga a los estados el control sobre la administración de la votación. El Congreso puede aprobar regulaciones electorales, pero los tribunales han determinado que el presidente tiene poderes muy limitados para forzar por sí solo cambios en las reglas electorales.
“Espero que (los nuevos requisitos) sean bloqueados en los tribunales”, dijo David Becker, un exabogado del Departamento de Justicia que ahora asesora a funcionarios electorales.
Los nuevos mandatos apuntan a varios pilares de la administración y supervisión electoral estatal. Exigen que los estados realicen auditorías electorales manuales utilizando métodos establecidos por el Gobierno de Trump y que utilicen un sistema gubernamental aprobado para verificar la ciudadanía de cualquier persona que trabaje en un centro de votación.
Los estados también deben presentar un plan para eliminar gradualmente los sistemas de votación que no usan boletas de papel que los votantes puedan marcar a mano, las cuales se tabulan durante las elecciones.
La mayoría de las jurisdicciones ya ofrecen boletas de papel marcadas a mano. Pero alrededor del 30 % de los votantes del país vive en lugares que dependen por completo de dispositivos de marcado de boletas —máquinas que registran las selecciones de un votante e imprimen una boleta de papel para el conteo— o de sistemas de registro directo que almacenan los votos electrónicamente.
Entre los lugares que se verían obligados a hacer la transición bajo las nuevas normas se encuentran Delaware, Georgia, Nevada y Carolina del Sur, así como el condado de Los Ángeles.
Las condiciones de las subvenciones también exigen que los estados pasen la totalidad de sus padrones electorales por SAVE, o Verificación Sistemática de Extranjeros para Prestaciones, una herramienta utilizada para identificar a posibles votantes no ciudadanos. Los críticos dicen que el sistema del DHS es defectuoso porque puede producir coincidencias falsas y puede señalar erróneamente a votantes elegibles para su eliminación.
Muchos estados ya utilizan SAVE para depurar los padrones electorales. Otros se han negado. El Departamento de Justicia ha demandado a 30 estados por negarse a entregar sus listas de votantes para una auditoría federal usando el sistema.
Las subvenciones de seguridad nacional ya se han convertido en una herramienta para que el Gobierno presione a los estados a alinearse con los objetivos de política del presidente. El año pasado, funcionarios intentaron retener dinero a menos que los estados presentaran recuentos de población actualizados que reflejaran la campaña de deportación masiva de la administración, pero varios estados demandaron y un tribunal bloqueó la política.
Los cambios electorales que Trump busca podrían ser enormemente costosos para los estados. Por ejemplo, el costo a nivel nacional de actualizar el equipo electoral para alinearlo con estándares voluntarios de votación se ha estimado en US$ 2.700 millones de dólares.
En Georgia, donde la legislatura estatal también aprobó una ley para exigir boletas de papel marcadas a mano, el secretario de Estado republicano Raffensperger ha estimado que costará US$ 66 millones.
El nuevo plan de subvenciones sube la apuesta al usar una porción mucho mayor del financiamiento de seguridad nacional como palanca. Aun así, el costo de cumplir podría, en última instancia, ser incluso mayor que el monto total que se le retiene a un estado, aunque las directrices de las subvenciones especifican que los estados pueden solicitar financiamiento adicional para ayudar a implementar estos cambios.
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