Exclusiva: El DHS planea intensificar investigaciones sobre fraude electoral a partir del martes
Por Priscilla Alvarez, Tierney Sneed y Gabe Cohen, CNN
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) planea intensificar a partir del martes sus esfuerzos para investigar el fraude electoral en determinados estados, según directrices federales internas revisadas por CNN.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha acelerado las iniciativas para convertir al departamento en una fuerza central en la búsqueda del presidente Donald Trump de un supuesto fraude electoral generalizado. El DHS ha presionado a los estados para que compartan sus padrones electorales con fines de auditoría y ha prometido retener fondos de subvenciones a aquellos que se nieguen a adoptar un conjunto más amplio de reformas electorales.
Para las labores de investigación, el departamento se ha apoyado en una de sus agencias —Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés)—, una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que normalmente se ocupa de delitos graves como la trata de personas, el tráfico de drogas y la explotación infantil. La agencia ya ha destinado a un número sin precedentes de agentes a trabajar en casos, entre ellos el rastreo de los historiales electorales de personas que se cree que no son ciudadanas y que podrían haber votado o haberse inscrito ilegalmente para votar.
Los expertos afirman que no hay pruebas de que se haya producido un fraude electoral generalizado en elecciones recientes.
A partir del martes, HSI pondrá en marcha una “iniciativa coordinada de intensificación contra el fraude electoral delictivo para seguir pistas de investigación, realizar entrevistas sobre el terreno y facilitar una revisión oportuna por parte de la fiscalía”, señalan las directrices.
Se espera que las oficinas de nueve estados emprendan acciones de investigación desde principios de septiembre hasta mediados de octubre, según las directrices. Esos estados son Washington, Wisconsin, Missouri, Georgia, California, Pensilvania, Nevada, Nueva York y Connecticut.
La referencia de las directrices a medidas de investigación resulta significativa, dado que la iniciativa coincide con el comienzo de las elecciones intermedas. Históricamente, se ha desaconsejado emprender una investigación “pública” de este tipo cerca de períodos electorales en virtud de una política de larga data del Departamento de Justicia que limita las medidas de investigación que podrían influir en los comicios.
“Actuar de otro modo conlleva el riesgo de desalentar actividades legítimas de votación y campaña, y de introducir la propia investigación en campañas en curso y en la resolución de cualquier posterior impugnación electoral”, señala el manual del Departamento de Justicia. “Sin embargo, a menudo puede ser apropiado, en consulta con la Sección de Integridad Pública, compartir información y acusaciones relacionadas con estos asuntos con autoridades estatales o locales cuando exista una necesidad inmediata de adoptar medidas manifiestas”.
El Departamento de Justicia revocó formalmente la política durante la primera administración Trump, aunque en gran medida siguió acatándola, y esta fue restablecida durante la presidencia de Joe Biden.
Sin embargo, el DHS, al ser un departamento independiente, no está obligado a seguir la política, y las nuevas directrices no hacen referencia alguna a esas preocupaciones relacionadas con los plazos.
CNN solicitó comentarios al Departamento de Seguridad Nacional.
Bajo la administración Trump, por ejemplo, se ha asignado a agentes la tarea de investigar si ciudadanos estadounidenses naturalizados se inscribieron o votaron antes de obtener la ciudadanía, según informó anteriormente CNN. Otro memorando ordenó a los agentes de HSI coordinarse con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos para iniciar procedimientos de expulsión cuando se sospeche que una persona no ciudadana ha cometido fraude electoral o esté vinculada a él.
A pesar del drástico redireccionamiento de recursos hacia la investigación del fraude electoral, la administración solo ha iniciado un puñado de procesos judiciales, dirigidos principalmente contra casos de personas no ciudadanas que votaron o estaban inscritas ilegalmente para votar.
Aun así, la administración ha hecho alarde de detenciones por presunto fraude electoral. La semana pasada, el Departamento de Justicia anunció que un ciudadano hondureño que residía legalmente en Estados Unidos había sido detenido y acusado de inscribirse fraudulentamente para votar y afirmar falsamente que era ciudadano estadounidense.
“La detención de hoy es la primera de muchas que vendrán”, declaró en un comunicado el primer fiscal federal adjunto Bill Essayli.
Mullin, mientras tanto, se ha erigido en uno de los principales ejecutores de la ofensiva de Trump contra el fraude electoral. A principios de este verano, su departamento anunció que una auditoría de los padrones electorales públicos había identificado a más de 250.000 ciudadanos extranjeros inscritos en tan solo cuatro estados: California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nevada.
“Algo que me encanta de las cifras, y que me encanta de los hechos, es que no mienten”, declaró Mullin a los periodistas en aquel momento, al tiempo que advirtió que los funcionarios electorales que no garanticen la seguridad de las elecciones de mitad de mandato podrían enfrentarse a multas o incluso a penas de cárcel.
Pero, hasta ahora, las cifras han resultado ser mucho menos concluyentes de lo que el Departamento de Seguridad Nacional sugirió inicialmente. El departamento afirmó públicamente que había encontrado a casi 16.000 ciudadanos extranjeros en los padrones electorales de Nevada. Sin embargo, a puerta cerrada, el departamento reconoció ante los máximos responsables electorales del estado que solo había “confirmado” a 185 de ellos, según documentos internos revisados por CNN. Otros 6.200 fueron clasificados como “coincidencias con mayor grado de confianza”, aunque aún requerían una verificación adicional.
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