Trump pide a la Corte Suprema que apruebe facultades para retener la entrega de votos por correo
Por John Fritze y Tierney Sneed, CNN
El Gobierno del presidente Donald Trump pidió este jueves a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que otorgue al Servicio Postal amplias facultades para retener la entrega de votos por correo, lo que plantea un enfrentamiento extraordinario sobre el proceso electoral ante el alto tribunal a menos de dos meses de las elecciones intermedias de noviembre.
El recurso de emergencia, presentado mientras los tribunales inferiores todavía analizan el caso, es la culminación de una batalla legal de meses en torno a un decreto que el presidente firmó en marzo y que otorgó a organismos federales un papel sin precedentes en las elecciones. Grupos de defensa de los votantes y una coalición de 23 estados gobernados por demócratas impugnaron el decreto ante un tribunal federal. Argumentaron que ni el presidente ni el Servicio Postal deberían decidir qué votos por correo llegan a los electores.
Ante la proximidad de las elecciones intermedias y el envío de los primeros votos por correo esta semana, la Corte Suprema, de mayoría conservadora de 6 a 3, estará sometida a una enorme presión para resolver el caso en un plazo inusualmente breve. El Departamento de Justicia pidió al alto tribunal que intervenga de inmediato con una orden provisional que permita al Servicio Postal aplicar sus nuevas normas.
El Gobierno describió sus reglas como “apenas modestos requisitos sobre el diseño de los sobres y la información de los destinatarios”.
“Por lo tanto, la norma claramente no toma el control de la administración electoral de los estados”, dijo el Gobierno al alto tribunal. “Simplemente impone requisitos razonables de preparación para determinada correspondencia relacionada con las elecciones”.
Desde que los magistrados examinaron el asunto por última vez en agosto —cuando se pronunciaron a favor del Gobierno de Trump—, el Servicio Postal de Estados Unidos ha proporcionado más detalles sobre cómo pretende aplicar el decreto. Muchos funcionarios electorales han advertido que ya es demasiado tarde para modificar radicalmente sus sistemas de voto por correo. Además, el informe de un denunciante afirmó que el Servicio Postal se apresura a completar un plan complejo que podría privar del derecho al voto a millones de estadounidenses.
El tribunal solicitó que se presente una respuesta en el caso antes del martes por la mañana, una señal de que probablemente no decidirá de inmediato sobre la petición del gobierno.
Primero, el Gobierno de Trump deberá superar un obstáculo procesal. Un tribunal inferior había bloqueado temporalmente la norma del Servicio Postal mediante una orden que normalmente no puede apelarse. Sin embargo, la Corte Suprema ha permitido ese tipo de apelaciones en otras ocasiones, y el procurador general D. John Sauer, principal abogado del Gobierno ante tribunales de apelación, sostuvo que también debería hacerlo en este caso.
Trump y varios estados gobernados por republicanos que lo respaldan han presentado el decreto como una serie limitada de cambios en las normas postales destinados a garantizar una elección más segura. Sin embargo, los críticos describen el decreto como un intento de tomar el control de los sistemas estatales de voto por correo, modalidad que el presidente ha culpado falsa y reiteradamente de su derrota frente al expresidente Joe Biden en las elecciones de 2020.
De acuerdo con las regulaciones, los estados deberán enviar al Servicio Postal, mediante un portal en línea, las listas de los electores habilitados para votar por correo antes de poder enviarles las papeletas. Si el nombre de una persona no aparece en la lista, el Servicio Postal se negaría a entregarle la papeleta electoral. La norma también exigiría que los sobres de la correspondencia electoral llevaran un código de barras único para cada votante. Los estados temen que la adopción de un sistema completamente nuevo pocas semanas antes de las elecciones provoque fallas generalizadas en la entrega de las papeletas.
Está previsto que Carolina del Norte comience a enviar sus papeletas electorales por correo este viernes.
La apelación de emergencia exige que la Corte Suprema resuelva una de las cuestiones electorales más importantes que se le han planteado en años. El mes pasado, un tribunal dividido permitió que el Gobierno continuara trabajando en la aplicación del decreto, aunque lo hizo por razones procesales que ofrecieron pocos indicios sobre cómo interpreta la mayoría conservadora la legalidad del decreto de Trump. Los tres magistrados liberales discreparon de esa decisión.
Días después, un tribunal federal de Boston bloqueó temporalmente la aplicación del plan.
Los funcionarios estatales demócratas y los grupos defensores del derecho al voto que impugnan el decreto señalan que la Constitución otorga a los estados, y no al presidente, la facultad de organizar las elecciones. También argumentan que el Congreso no ha concedido al Servicio Postal autoridad para supervisar los programas estatales de voto por correo.
El Departamento de Justicia, por su parte, sostiene que el Servicio Postal tiene amplias facultades para modificar sus protocolos. Como ejemplos, citó las normas para el envío de restos cremados y de réplicas de explosivos, como granadas de entrenamiento.
Un informe reciente de un denunciante afirmó que el organismo se preparaba para rechazar lotes enteros de papeletas electorales —lo que en algunas jurisdicciones retrasaría el envío de decenas de miles— si el Servicio Postal determinaba que un solo sobre del lote no coincidía con la información registrada en el portal.
Esta noticia fue actualizada con información adicional.
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