Anuncios de Trump han costado a contribuyentes al menos US$ 2,5 millones, financiados por Aduanas y Protección Fronteriza
Por Kristen Holmes, Alayna Treene, Betsy Klein y Brian Stelter, CNN
Ya se han gastado millones de dólares de los contribuyentes en los anuncios aduladores del presidente Donald Trump, según estimaciones de una destacada empresa de seguimiento de publicidad política. Además, se ha asignado un total de US$ 20 millones para esta iniciativa, la cual grupos de vigilancia han calificado de ilegal.
El tiempo de emisión en televisión para los tres anuncios distintos de Trump ha costado al menos US$ 2,5 millones hasta la fecha, según informó a CNN la empresa de seguimiento publicitario AdImpact.
El costo real de la campaña publicitaria financiada por los contribuyentes es aún mayor, pero no puede determinarse con exactitud.
Los fondos para estos anuncios provienen de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), según declararon a CNN dos fuentes familiarizadas con el asunto.
A principios de este mes, la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, dirigida por Russell Vought, asignó US$ 20 millones a la CBP para lo que denominó “eventos conmemorativos de la OBBBA”. (OBBBA es la abreviatura de la Ley One Big Beautiful Bill Act, promulgada por Trump en 2025).
Poco después de la asignación de los US$ 20 millones, la CBP contrató a una agencia de publicidad, LMD Agency Inc., para una campaña nacional en medios por el mismo importe. Días más tarde, los anuncios comenzaron a emitirse en la televisión nacional, según indicaron otras dos fuentes a CNN. La empresa matriz de LMD, MarCom Group, no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.
La CBP es una agencia dependiente del Departamento de Seguridad Nacional. El martes, dos senadoras demócratas, Patty Murray y Chris Murphy, enviaron una carta al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, acusando al departamento de incurrir en “un uso indebido y escandalosamente corrupto de los fondos de los contribuyentes”.
Los anuncios de carácter propagandístico también fueron objeto de una nueva impugnación el martes por parte del grupo de vigilancia gubernamental Public Citizen.
Los anuncios “parecen violar la ley federal que prohíbe el uso de fondos de los contribuyentes para financiar propaganda, así como las disposiciones pertinentes de las leyes de asignación presupuestaria y la Ley Hatch”, escribieron los copresidentes de Public Citizen, Robert Weissman y Lisa Gilbert, junto con el cabildero del grupo, Craig Holman, en una queja presentada ante la Comisión Federal de Comunicaciones y la Comisión Federal de Comercio.
No está claro si algún grupo externo tiene legitimación legal para demandar a la administración Trump por estos anuncios.
Y aunque legisladores de ambos partidos han cuestionado su legalidad, los republicanos —que actualmente controlan tanto la Cámara de Representantes como el Senado— no han tomado medidas al respecto.
El análisis realizado por AdImpact para CNN reveló un total de 2.766 emisiones de los anuncios entre el 23 y el 29 de septiembre. Los anuncios se han emitido en Fox News y en las cuatro principales cadenas de televisión abierta.
Alrededor del 30 % de la inversión publicitaria se ha destinado a partidos de la NFL y de fútbol americano universitario, según la investigación de la firma.
Los anuncios también se han emitido durante programas como “The View” de ABC, “Elsbeth” de CBS y “The Weakest Link” de NBC.
Dado que los anuncios se han clasificado como “mensajes de servicio público” en lugar de una compra tradicional de publicidad política, el gasto exacto no se divulga públicamente ni es verificable. Las estimaciones de AdImpact se basan en las fechas y horarios de emisión, los mercados locales y otros factores.
La firma señaló que el primer anuncio de Trump emitido, que incluye la canción “Love Me” de JMSN, se ha transmitido en más de 1.300 ocasiones hasta la fecha.
Los abogados de JMSN enviaron una carta de cese y desistimiento a la Casa Blanca a principios de esta semana, exigiendo que la administración deje de utilizar la canción.
El texto “Pagado por el Gobierno de los EE.UU.” aparece en pantalla al final de cada uno de los tres anuncios, incluida una versión readaptada de un anuncio de la campaña presidencial de Trump para 2024.
La indicación de quién pagó el anuncio entra en conflicto con la insistencia de la administración de que se trata de “mensajes de servicio público”, similares a los que administraciones anteriores han emitido sobre Medicare, Obamacare y la vacunación contra el covid-19.
En el caso de los anuncios de servicio público propiamente dichos, el tiempo de emisión en televisión suele ser donado.
Public Citizen argumentó en su denuncia ante la FCC y la FTC que los anuncios de Trump “no hacen referencia a ningún programa gubernamental específico ni cumplen el propósito de informar al público sobre ningún programa gubernamental concreto”.
Los anuncios fueron creados internamente por el equipo de video de la Casa Blanca, según informaron a CNN dos asesores de Trump, y fueron impulsados personalmente por el presidente, quien participó en la selección de las imágenes y videos utilizados, de acuerdo con otra fuente.
El Wall Street Journal fue el primer medio en informar sobre el origen de los fondos.
El martes, Public Citizen advirtió que las cadenas de televisión podrían, en teoría, perder sus licencias de transmisión por emitir los anuncios a sabiendas.
“Una emisora que transmite deliberadamente propaganda partidista ilegal financiada por los contribuyentes ha incumplido su mandato de servir al interés público, lo que constituye la base para impugnar formalmente la renovación de su licencia”, escribieron.
Sin embargo, el historial de la FCC bajo el Gobierno de Trump demuestra que la agencia no intentará sancionar a una emisora por difundir contenido favorable a Trump. Por el contrario, la agencia ha cuestionado las licencias de la cadena ABC, una medida que muchos observadores han vinculado al apoyo de la cadena a programas como “Jimmy Kimmel Live!”, que critican duramente al presidente.
El lunes, Public Citizen también presentó una denuncia por separado ante la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) —la agencia apartidista encargada habitualmente de investigar este tipo de asuntos— y ante la Oficina del Asesor Especial de EE.UU., solicitando una investigación sobre “quién produjo estos anuncios y a qué costo para los contribuyentes”.
Determinar qué constituye propaganda gubernamental ilegal y quién debe rendir cuentas por ello es una cuestión menos clara.
La legislación estadounidense no define el término “propaganda”, pero la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno ha identificado tres categorías, entre ellas la “autopromoción” o la “exaltación exagerada”.
“El Congreso debería ser —y tiene que ser— el mecanismo de control más inmediato frente a este tipo de conductas. El Congreso no ha hecho valer su papel como primer poder del Estado, con la autoridad sobre el presupuesto, para exigir responsabilidades al presidente”, afirmó Donald Sherman, presidente y director ejecutivo de Citizens for Responsibility and Ethics.
Es posible que los legisladores republicanos se muestren reticentes a exigir responsabilidades, añadió, debido a que los anuncios “están diseñados para impulsar a los republicanos en el Congreso”.
Asimismo, las infracciones de la Ley Hatch —que prohíbe a los funcionarios gubernamentales participar en actividades políticas partidistas durante el ejercicio de sus funciones— han sido ignoradas en gran medida durante los últimos años. Se denunció que funcionarios del Gobierno de Trump violaron reiteradamente la Ley Hatch durante su primer mandato sin recibir sanción alguna; acusaciones similares se han planteado durante el Gobierno de Biden.
En un comunicado anterior, Public Citizen señaló que ha presentado decenas de denuncias ante la administración por infracciones de la Ley Hatch, pero considera que estas han sido ignoradas.
The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.
