El Departamento de Justicia ordena a los condados de California que aparten las papeletas de los presuntos no ciudadanos
Por Karina Tsui, CNN
El Departamento de Justicia ordenó este viernes a los funcionarios electorales de California que identificaran a los presuntos no ciudadanos en los registros de votantes y que apartaran sus votos emitidos por correo, advirtiendo que los funcionarios que a sabiendas cuenten esas boletas podrían enfrentar responsabilidad penal.
Esta estipulación supone una escalada en los esfuerzos de la administración Trump por examinar minuciosamente los registros de votantes, mientras el Gobierno continúa redoblando sus esfuerzos en las acusaciones de fraude electoral, alimentadas por las alegaciones infundadas del presidente Donald Trump.
En las cartas enviadas a los funcionarios electorales de los condados de California, se les solicitaba que colaboraran con el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional para “identificar quiénes de la lista adjunta son ciudadanos y quiénes no”.
“Si las personas contabilizan a sabiendas las papeletas emitidas por individuos identificados por las agencias federales como no ciudadanos, corren el riesgo de convertirse en cómplices de un delito federal”, escribió el primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli, en una carta a los funcionarios del condado de San Bernardino, a la que tuvo acceso CNN.
Las cartas se enviaron tras una exigencia realizada a principios de este mes por el subsecretario de Justicia Interino Trent McCotter, quien dio al condado de Los Ángeles y a la Secretaria de Estado de California, Shirley Weber, 48 horas para revisar una lista federal de presuntos no ciudadanos a quienes se les habían enviado boletas electorales por correo.
McCotter amenazó con solicitar medidas cautelares de emergencia si los funcionarios no cumplían.
La carta anterior, enviada el 13 de octubre, incluía una memoria USB protegida con contraseña que contenía los nombres de personas que, según la administración, “probablemente no son ciudadanas” y a quienes se les habían enviado boletas para las elecciones de noviembre.
En ella se solicitaba a los funcionarios que apartaran temporalmente las boletas de las personas cuya ciudadanía no pudiera confirmarse, en lugar de cancelar sus inscripciones.
“Mantener registros precisos del censo electoral es una responsabilidad fundamental de nuestra oficina”, declaró Dean C. Logan, secretario del condado de Los Ángeles, en un comunicado tras recibir la carta del 13 de octubre.
“Las leyes federales y estatales son claras sobre cómo se establece la elegibilidad para votar, y cualquier medida para excluir a un votante de la elegibilidad debe basarse en información verificable, no en afirmaciones de coincidencia de datos no confirmados”, manifestó.
La semana pasada, el Departamento de Justicia demandó al estado de California y al condado de Los Ángeles para impedir que las autoridades contabilizaran más de 20.000 votos por correo pertenecientes a personas que, según el Gobierno, probablemente no son ciudadanas estadounidenses.
Un juez federal programó una audiencia para la próxima semana, pero el viernes el Departamento de Justicia solicitó la intervención del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos.
“Cada minuto de procesamiento que se produce sin separar las papeletas de los votantes presuntamente no elegibles provoca una privación del derecho al voto imposible de rastrear y una dilución de los votos de los ciudadanos de Estados Unidos”, señalaba la moción.
Una batalla legal similar se está desarrollando en Alaska, donde la administración Trump busca bloquear la certificación de la contienda por el Senado estatal bajo ciertas circunstancias si el senador republicano Dan Sullivan pierde.
La elección se sigue de cerca, ya que los demócratas buscan recuperar el control del Senado.
La administración ha alegado repetidamente que cientos de miles de personas que no son ciudadanas están inscritas en los censos electorales.
En agosto, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, declaró que su departamento había identificado a 250.000 personas que, según creía, no eran ciudadanas y estaban inscritas para votar en cuatro estados, entre ellos California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nevada, tras comparar los registros de votantes con los datos federales de inmigración.
Sin embargo, las afirmaciones de la administración han sido objeto de escrutinio, y algunos hallazgos iniciales no se han mantenido tras una revisión más exhaustiva.
En Nevada, por ejemplo, el DHS informó a los funcionarios estatales que su hallazgo inicial de 15.900 personas potencialmente no ciudadanas registradas era preliminar y no había sido verificado, y que solo había confirmado 185 casos mediante una revisión manual.
El mes pasado, funcionarios de Nevada informaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que su revisión posterior determinó que las 185 personas eran ciudadanos estadounidenses, una conclusión que la agencia federal refuta.
En respuesta a las cartas del viernes, el senador Alex Padilla (demócrata por California), miembro destacado de la Comisión de Reglas y Administración del Senado de Estados Unidos, que supervisa las elecciones federales, calificó a la administración de “temerosa y desesperada”.
“El Departamento de Justicia de Trump no ha aportado ninguna prueba que respalde sus afirmaciones de fraude electoral masivo. Han admitido que los datos que citan son inexactos y poco fiables. Por muchas demandas que presenten o por muchas amenazas que hagan a los funcionarios electorales, no tienen autoridad para interferir”, declaró Padilla.
y agregó: “La administración Trump está asustada y desesperada. Sus intentos de controlar nuestras elecciones fracasarán. Funcionarios electorales: los apoyamos. California: su voto es su voz. Úsenlo y exijamos responsabilidades a esta administración”.
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Con información de Norma Galea, de CNN.
