Cómo intentará Trump bloquear las investigaciones del Congreso controlado por los demócratas
Por Katelyn Polantz y Tierney Sneed, CNN
Las relaciones del presidente Donald Trump con empresas privadas y asesores externos serán uno de los principales puntos de conflicto en las disputas sobre la supervisión del Gobierno entre la administración y el Congreso controlado por los demócratas el próximo año.
Incluso antes de recuperar el control de la Cámara de Representantes y el Senado, los demócratas ya adelantaban su estrategia de buscar información de fuentes ajenas al Gobierno en sus investigaciones sobre Trump y sus aliados. Mientras tanto, la administración ya ha demostrado su disposición a combatir las investigaciones del Congreso.
Los líderes demócratas de las comisiones han enviado numerosas cartas solicitando información, por ejemplo, sobre los vínculos de la familia Trump con la industria de las criptomonedas, la campaña de presión de su administración contra los bufetes de abogados y las relaciones entre los funcionarios de su gabinete y las industrias que tienen la responsabilidad de regular. Aunque algunas de las solicitudes de información se han hecho públicas, fuentes señalan que también se habían mantenido contactos privados antes de las elecciones.
Algunas empresas ya parecen dispuestas a cooperar.
Al menos una organización que fue objeto de las medidas represivas de la administración Trump mediante órdenes ejecutivas el año pasado entregó discretamente documentos importantes a los demócratas del Congreso en las 48 horas posteriores al día de las elecciones, después de meses de negarse a cooperar, según una persona familiarizada con lo ocurrido.
Dirigir la supervisión del Congreso sobre una administración hacia empresas externas es una práctica habitual, y precedentes legales de hace décadas respaldan la autoridad de los legisladores para recurrir a esas fuentes externas. Sin embargo, la dependencia de Trump de personas ajenas al Gobierno para impulsar su agenda, y su disposición a castigar a quienes en el sector privado no se sumen a ella, harán que este sea uno de los principales focos de atención de los demócratas.
“Esta vez simplemente hay más”, dijo Michael Bopp, un destacado abogado especializado en investigaciones del importante bufete Gibson Dunn. “Hay más interacciones entre terceros y esta administración que son de interés para el Congreso”.
Las empresas y los abogados que las asesoran se preparan para quedar atrapados en medio de disputas sobre el privilegio ejecutivo. Se prevé que tanto la Casa Blanca como el Congreso estén dispuestos a poner a prueba cuestiones jurídicas novedosas sobre la separación de poderes, y que Trump esté dispuesto a luchar con uñas y dientes contra los demócratas.
“La administración no se dejará extorsionar ni intimidar mediante procedimientos ilegales motivados por la animadversión, la mezquindad, el odio o cualquier otro motivo ilícito destinado a intimidar, sancionar o interferir con el funcionamiento legítimo del Gobierno”, afirmó el asesor jurídico de la Casa Blanca, Will Scharf, en una carta enviada la semana pasada al próximo presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes. Funcionarios del Departamento de Justicia también han planteado la posibilidad de abrir investigaciones penales sin precedentes contra legisladores que investiguen a la administración.
Esas amenazas, incluida una carta del fiscal federal del Distrito Sur de Texas, Aaron Reitz, también sirven para indicar a las empresas o particulares que podrían recibir citaciones en el marco de las investigaciones que el Departamento de Justicia se está preparando para dar una batalla que podría protegerlos, según una persona familiarizada con el asunto.
“Lo que está haciendo el presidente, al decir que cualquier persona con la que hable o cuyo nombre se le ocurra durante un sueño está protegida por el privilegio ejecutivo, es muy perjudicial para la autoridad de supervisión del Congreso”, dijo a CNN el senador demócrata Peter Welch, de Vermont.
En casos judiciales en curso, la administración ha sentado las bases para presentar argumentos contundentes sobre el privilegio ejecutivo, argumentos que se espera que Trump utilice para proteger a personas ajenas al Gobierno de la obligación de cumplir con las citaciones del Congreso.
Incluso si los tribunales finalmente fallan en su contra, la lentitud de los litigios permite que Trump salga ganando con una estrategia que le ha funcionado repetidamente en el pasado: retrasar los procedimientos.
Es probable que las investigaciones estén determinadas principalmente por hasta qué punto las empresas se sometan a Trump y a su Casa Blanca, y por cuánto intente intervenir la administración si esas empresas están dispuestas a cumplir con las exigencias del Congreso.
Ante la preocupación de que los métodos de esta administración puedan ser objeto de escrutinio, un asesor jurídico de empresas afirma que algunos clientes han apartado documentos que podrían responder a las citaciones que prevén que emitirán las comisiones de supervisión dirigidas por los demócratas.
“A estas alturas, todo el mundo en Washington es abogado especializado en investigaciones del Congreso”, dijo a CNN un abogado de Washington.
La comunidad jurídica también se está preparando para representar a testigos del Congreso que temen represalias de Trump si cooperan con los demócratas.
La administración intentó, sin éxito, presentar cargos contra Cassidy Hutchinson, una testigo clave en la investigación de la Cámara de Representantes sobre el 6 de enero que trabajó en la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump. Este mes, un juez desestimó los casos que el Departamento de Justicia había presentado contra exagentes del FBI por sus testimonios ante el Congreso relacionados con una investigación sobre Hunter Biden.
“Las tácticas recientes de la administración podrían tener el efecto de disuadir a las personas de estar dispuestas a exponer hechos verdaderos ante el Congreso”, dijo Mary Dohrmann, abogada de los exagentes, cuyo bufete, Washington Litigation Group, ofrece asesoría a esos testigos.
La administración Trump ya ha estado poniendo a prueba este año algunos de sus argumentos para invocar el privilegio ejecutivo más allá del ala oeste de la Casa Blanca, incluso en una demanda en curso que involucra a uno de los abogados privados de Trump, Boris Epshteyn, y en la disputa sobre el futuro del Kennedy Center.
Trump ya había recurrido ampliamente a esa estrategia durante su primer mandato, cuando intentó bloquear una citación del Congreso para obtener su información financiera de la firma contable Mazars.
El caso fue resuelto finalmente por la Corte Suprema en 2020, que estableció un criterio para evaluar la facultad del Congreso de emitir citaciones. Durante todo el litigio, Mazars sostuvo que acataría las decisiones judiciales, en lugar de librar su propia batalla legal. Trump presentó personalmente la demanda y la llevó hasta la Corte Suprema.
La Corte Suprema rechazó las afirmaciones de Trump de que gozaba de inmunidad absoluta, pero dictaminó que las consideraciones sobre la separación de poderes exigían que las citaciones relacionadas con investigaciones sobre presidentes cumplieran determinadas condiciones que las vincularan con un propósito legislativo claro.
Aunque los argumentos de Trump no prevalecieron en el caso, la Cámara de Representantes pasó más de un año litigando la disputa, lo que les costó a los legisladores un tiempo valioso para ejercer su función de supervisión.
Algunos abogados creen que las tácticas dilatorias podrían formar parte de la estrategia de Trump esta vez. En conversaciones con CNN, sugirieron que el Congreso dispone de apenas 18 meses, o incluso solo un año, para que sus investigaciones tengan un impacto político antes de que la campaña presidencial de 2028 comience de lleno.
Los investigadores del Congreso son conscientes del riesgo de esperar a que los tribunales se pronuncien sobre sus investigaciones y han dicho a CNN que esperan recurrir a la presión de la opinión pública sobre las empresas y las personas que se nieguen a participar en ellas.
Los abogados que asesorarán a quienes queden en medio de estas disputas afirman que su objetivo es negociar un acuerdo con los legisladores que mantenga a sus clientes fuera de las noticias.
“El mero hecho de que se emita una citación contra una empresa suele ser un momento que sacude los cimientos de cualquier compañía”, dijo James Bair, responsable de investigaciones del Congreso en el bufete Crowell & Moring. “Es algo que viene acompañado de una campaña de comunicación muy pública, de la presunción de que hiciste algo malo si recibiste una citación. Así que, desde el momento en que se emite, todos tus ejecutivos van a recibir preguntas al respecto”.
Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que el privilegio ejecutivo era “esencial para la separación de poderes y para un Poder Ejecutivo independiente”.
“A lo largo de la historia, los presidentes han recurrido a asesores ajenos al Poder Ejecutivo”, dijo el funcionario. “Restringir el privilegio ejecutivo únicamente a las comunicaciones con funcionarios del Poder Ejecutivo haría imposible que el presidente recurriera a importantes fuentes externas”.
Una lección clave sobre las disputas por las citaciones del Congreso proviene de los procesos penales iniciados durante la administración Biden contra los asesores de Trump Steve Bannon y Peter Navarro por no responder a las solicitudes de documentos y entrevistas de la comisión especial de la Cámara de Representantes que investigaba el 6 de enero.
Ambos fueron declarados culpables por jurados en Washington y cumplieron penas de prisión.
Sin embargo, en las últimas semanas, la administración Trump ha intentado reforzar la manera en que las invocaciones del privilegio ejecutivo podrían utilizarse para proteger a otras personas en situaciones en las que Bannon y Navarro quedaron expuestos.
Bannon “creía sinceramente que no estaba legalmente obligado a cumplir con la citación a la luz del privilegio ejecutivo”, afirmó el Departamento de Justicia en un documento presentado este mes ante un tribunal federal como parte de un esfuerzo en curso para anular su condena.
Navarro está realizando un intento con pocas probabilidades de éxito ante la Corte Suprema para impugnar su condena por desacato al Congreso. Varias organizaciones jurídicas alineadas con Trump y fiscales generales estatales respaldan su solicitud de que los magistrados dictaminen que la condena fue defectuosa porque a Navarro no se le dio la oportunidad de explicar al jurado que creía que la información solicitada por el Congreso estaba protegida por el privilegio ejecutivo.
La administración Trump también ha intentado proteger al asesor jurídico externo del presidente, Epshteyn, de las citaciones emitidas en una demanda civil presentada por la Asociación Estadounidense de Abogados (ABA, por sus siglas en inglés) por las órdenes ejecutivas de la administración destinadas a tomar medidas contra los bufetes de abogados. Según se ha informado, Epshteyn trabajó en acuerdos entre algunos bufetes y la Casa Blanca.
La administración sostiene que las citaciones emitidas contra él deben bloquearse por motivos de privilegio ejecutivo, haciéndose eco de un razonamiento jurídico que la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia expuso en un memorando el año pasado.
El departamento argumenta que la confidencialidad que rodea al presidente debe extenderse a asesores privados como Epshteyn, que no trabajan dentro del Gobierno, pero que deberían estar protegidos para poder ofrecer asesoramiento sincero al presidente.
Incluso “revelar la identidad de las personas a las que consultó el presidente, o el contenido de cualquiera de esas consultas”, señala el memorando de la Oficina de Asesoría Legal, “podría desalentar la participación en futuras deliberaciones, socavando el acceso del presidente al mejor asesoramiento y, por lo tanto, perjudicando la calidad de la toma de decisiones presidenciales y su capacidad para cumplir con las funciones de la presidencia sin interferencias”.
Los tribunales aún no han determinado si esta política de la administración Trump tiene fundamento jurídico.
En una demanda separada que impugna los planes de los aliados de Trump de cerrar el Kennedy Center por renovaciones y ponerle el nombre del presidente, la administración también está invocando de manera contundente el privilegio ejecutivo para limitar las indagaciones sobre las conversaciones privadas de Trump con los directivos del centro.
La demandante, la representante demócrata Joyce Beatty, afirma que las protecciones de confidencialidad no deberían aplicarse porque el papel de Trump como presidente de la junta directiva del Kennedy Center no tiene nada que ver con sus funciones presidenciales. La disputa presenta paralelismos con la manera en que se espera que los demócratas lleven a cabo sus investigaciones. Por ejemplo, Beatty no está solicitando información directamente a la Casa Blanca sobre las instrucciones de Trump a los directivos del centro. En cambio, sus abogados están pidiendo a un tribunal que haga cumplir las solicitudes presentadas al Kennedy Center para obtener esas comunicaciones.
Los demócratas han seguido de cerca estas maniobras jurídicas mientras estudian formas de adelantarse a los esfuerzos de la administración por obstaculizar sus investigaciones.
Están considerando posibles cambios en las normas, particularmente en el Senado, que reforzarían las citaciones que los legisladores de esa cámara buscan emitir.
“Estoy buscando maneras de reformar posiblemente el proceso de consideración de algunas personas para agilizarlo y hacer que las citaciones puedan hacerse cumplir con mayor facilidad”, dijo el senador demócrata por Connecticut Richard Blumenthal, miembro de la Comisión de Asuntos Judiciales.
El Senado tiene una base jurídica más sólida que la Cámara de Representantes si decide presentar una demanda para exigir el cumplimiento de una citación emitida contra alguien ajeno al Poder Ejecutivo. Sin embargo, actualmente es más difícil llegar al punto de presentar una demanda en el Senado que en la Cámara de Representantes si no existe apoyo bipartidista para la investigación. En la mayoría de las comisiones del Senado, los presidentes deben obtener el respaldo del partido minoritario para emitir una citación o someterla a votación en la comisión, un proceso que requiere mucho tiempo. Luego, si el Senado quiere presentar una demanda civil para garantizar su cumplimiento, esa medida requiere una votación en el pleno del Senado que está sujeta a la obstrucción parlamentaria.
Es posible que el debate sobre esas normas, que podrían modificarse sin el apoyo de los republicanos, surja en el contexto del desafío que enfrenta actualmente el líder de la minoría, Chuck Schumer, de Nueva York, por parte del senador de Maryland Chris Van Hollen para convertirse en líder de la mayoría.
Con información de Evan Perez y Kara Scannell, de CNN.
The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.
