Tribunal federal de apelaciones declara inconstitucional una ley de gasto aprobada durante el gobierno de Biden
Por Kaanita Iyer, CNN
Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el viernes que una importante ley de gasto aprobada durante el gobierno del presidente Joe Biden, en la época de la pandemia, era inconstitucional porque muchos legisladores delegaron en otros miembros del Congreso la facultad de votar en su nombre cuando estaban ausentes.
Los miembros del Congreso tenían permitido votar por representación en la medida de 2022 debido a las disposiciones adoptadas mientras el riesgo de contraer una infección por coronavirus potencialmente mortal seguía siendo elevado.
Sin embargo, en un fallo dividido de 9 votos contra 8, la mayoría determinó que los votos por representación no cuentan para alcanzar el quórum exigido por una cláusula de la Constitución de Estados Unidos que regula las sesiones del Congreso. Por lo tanto, concluyó que la aprobación de la ley fue inconstitucional. Un juez de un tribunal federal de distrito había emitido el mismo fallo en 2022.
El proyecto de ley general de gasto, por US$ 1,7 billones, fue aprobado ese año en la Cámara de Representantes con 225 votos a favor y 201 en contra, mientras que un miembro votó “presente”. De acuerdo con la opinión del tribunal de apelaciones, 226 legisladores votaron por representación.
Además, los jueces de apelación señalaron en la opinión mayoritaria, redactada por el juez Cory Wilson, designado por el entonces presidente Donald Trump, que el Gobierno no demostró que existiera una “situación de emergencia” cuando se adoptó el sistema de votación por representación.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien recientemente perdió su intento de obtener un escaño en el Senado de Estados Unidos, presentó la demanda en 2023 para impedir que se aplicara en Texas la Ley de Equidad para las Trabajadoras Embarazadas, que obliga a algunos empleadores a proporcionar determinadas adaptaciones a las empleadas embarazadas. El fallo del viernes concede su solicitud.
Expertos legales habían expresado preocupación por las amplias repercusiones que podría tener un fallo contra la aprobación de la ley, ya que podría afectar otras iniciativas legislativas aprobadas mediante votos por representación.
Inimai Chettiar, presidenta de A Better Balance, una organización que defiende los derechos de los trabajadores y que colaboró con los legisladores en la disposición, dijo que las consecuencias de la decisión podrían ser más amplias para las trabajadoras embarazadas en los estados que forman parte del Quinto Circuito de Apelaciones.
“Si una trabajadora intentara obtener adaptaciones ahora en cualquiera de estos estados y un empleador se negara a concederlas, y luego la trabajadora presentara una demanda, un juez de un tribunal de distrito de cualquiera de esos estados señalaría esta opinión”, dijo Chettiar. “Por eso creemos que esto es sumamente perjudicial: la decisión de que la ley fue promulgada de manera inconstitucional va mucho más allá de las circunstancias específicas de este caso”.
No obstante, el fallo subrayó que la resolución tiene un “alcance limitado” y que se aplica únicamente a la implementación de la ley en Texas.
El juez James Graves Jr., designado por el expresidente Barack Obama, sostuvo en su opinión disidente que la mayoría estaba interpretando incorrectamente la cláusula sobre el cuórum de la Constitución de Estados Unidos.
“Aunque en el momento de la votación había físicamente presentes menos de la mayoría de los miembros, ningún legislador objetó que no hubiera quórum”, escribió Graves. También cuestionó la interpretación de la mayoría sobre la cláusula constitucional del quórum y afirmó que exigir la presencia física de los legisladores “introduce a la fuerza un requisito mucho más amplio en la Constitución”.
Además de establecer la ley laboral de Texas, el proyecto de gasto de 2022 financió operaciones fundamentales del Gobierno en distintas agencias federales y proporcionó alrededor de US$ 45.000 millones en asistencia de emergencia para Ucrania y los aliados de la OTAN, así como unos US$ 40.000 millones para atender desastres naturales.
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