OPINIÓN | Aprender del pasado o volver al pasado: Perú debe terminar con “acta mata voto”

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Nota del editor: Roberto Izurieta es director de Proyectos Latinoamericanos en la Universidad George Washington. Ha trabajado en campañas políticas en varios países de América Latina y España, y fue asesor de los presidentes Alejandro Toledo de Perú; Vicente Fox de México, y Álvaro Colom de Guatemala. Izurieta es amigo cercano de Keiko Fujimori desde los años 90. El autor también es colaborador de CNN en Español. Las opiniones aquí expresadas son exclusivamente suyas.

(CNN Español) — ¿Cuáles son las lecciones de la última elección del Perú que todos debemos aprender para que no vuelvan a suceder?

En primer lugar, cambiar la norma “acta mata voto”, es decir que todo voto no observado en la mesa electoral es destruido y esto ha sido siempre una invitación al fraude en la mesa, pues a partir de allí no hay prueba del posible delito, ni cómo rectificar el daño. Mi impresión es que esta norma se ha mantenido por años porque les ha servido bien a algunos partidos corruptos para conseguir la mayoría electoral en la mesa, sobre todo cuando les faltaba poco para ganar.

El voto electrónico sería un buen mecanismo para poder revisar voto a voto qué pasó en cada mesa. Una máquina simple de conteo de voto electrónico puede hacer la suma de votos que muchas veces no quieren o no pueden hacer en la mesa. Las máquinas que cuentan los votos dejan todo el rastro completo para que luego las Juntas Electorales (regionales y nacionales) puedan, con observadores de los partidos y observadores internacionales, compaginar y concluir con certeza el conteo de esos votos.

El Jurado Nacional de Elecciones debe decidir con claridad si hay tres días o 27 horas para presentar impugnaciones. En el Perú, la ley dice una cosa y el reglamento otra. El plazo de tres días es tiempo mínimo para que un partido afectado pueda encontrar aquellas actas electorales que deben ser revisadas porque hay dudas o indicios, sobre todo cuando el resultado es menor del 0,5%. En Georgia, el nuevo estado de batalla electoral de EE.UU. (se suma a Florida), se da un recuento de votos automático de todos los votos cuando la diferencia es menor al 0,5%. En el Perú eso no es posible porque ya no existen los votos. Los votos deberían existir y si no existen, una máquina electoral puede guardar los récords de esos votos y de esa sumatoria.

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Las acciones de nulidad de más de 800 mesas solicitadas por Keiko Fujimori levanta muchas sorpresas (recordemos que no existen votos a no ser que hayan sido observados en la mesa por lo que no se pueden presentar votos, sino solo actas). Por último, su acusación es que en muchas de esas actas las firmas no coincidían. Lourdes Flores, su anterior contrincante y ahora abogada en la disputa electoral, pidió a la autoridad electoral seguir el mismo procedimiento de revisión de firmas que siguen para autorizar partidos políticos o consultas electorales. La autoridad electoral denegó el pedido. Los cambios de ley deberían expresamente permitir que -de ser necesario- la autoridad electoral compagine las firmas de las actas, al igual que lo hace con el proceso de inscripción de un partido político o consulta electoral.

Sería ideal que los partidos políticos tengan observadores de mesa en cada región para cuidar que esos fraudes de mesa no se den, pero los partidos no podrán cubrir el costo logístico y económico con leyes electorales tan rígidas en el gasto electoral. Además, recordemos que trágicamente existe violencia en ciertas zonas y regiones. Una muestra de ello, es cuando recibieron a pedradas a los partidarios de Keiko Fujimori al llegar al debate en Arequipa, dando una señal de cómo se recibiría a quien se atreva a ser observador de mesa durante 10 horas sin ninguna protección. No se puede provocar al violento. La violencia electoral, lastimosamente, ha sido un problema igual o más grave que la violencia cotidiana que viven nuestros países. La única forma es seguir garantizando la seguridad con las fuerzas del orden.

La reforma electoral en nuestros países es más urgente que las clásicas reformas fiscales que todo país enfrenta por pedido de los acreedores. La reforma electoral no llega porque, cuando quiere llegar, tarda y muchos de los involucrados prefieren estar pensando en cómo ganar usando todos los trucos y huecos posibles de la ley.

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Cuando el gasto electoral es radicalmente reducido al punto que se vuelve imposible realizar una campaña electoral básica, casi todos empiezan a fumar bajo el agua.

Necesitamos una reforma electoral realista y que permita cumplir el propósito de una campaña electoral civilizada: comunicar los mensajes de los candidatos a sus ciudadanos. Eso cuesta tiempo y dinero. Esa realidad hay que aceptarla y solucionar el problema. No veo que las empresas serias y profesionales quieran exponerse a ser objeto de persecución política porque han realizado aportes legales a uno o u otro candidato. No tenemos la fuerza institucional para protegerlas. Mientras tanto, el “dinero oscuro” no tiene empacho en aportar y esto está contaminando aún más el sistema electoral.

La campaña del Perú está minada por todos lados y ahora el sistema de justicia tiene suficiente tiempo para estudiar las denuncias transmitidas por la autoridad electoral: más temprano que tarde se sabrá la verdad y, si es como denuncia la candidata que quedó segunda en el conteo oficial, Pedro Castillo asumiría la presidencia con piso de vidrio. Es como si estuviéramos acostumbrados: Perú ha tenido cuatro presidentes en cinco años, ahora tendrá otro y, si alguno de estos procesos se confirma, podríamos terminar el sexto año con un sexto presidente.

Hay dos instrumentos muy conocidos en el campo político electoral estadounidense: el lobby o cabildeo y el PAC (Political Action Committee) o Comité independiente de campaña. El lobby es la posibilidad de que las empresas tengan influencia sobre el quehacer público y del Gobierno, pero es sumamente controversial. No es algo atractivo pero quizás el menor de los males, porque es un hecho que las empresas harán lobby con el Gobierno; siendo así que es preferible que sea transparente, responsable, con límites en el gasto y que paguen impuestos por esos gastos.

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El PAC es la promoción de las ideas. Es absolutamente necesario. En el caso del Perú, muchas empresas habrían querido invertir en informar del riesgo que significa diseñar y ejecutar políticas que lleven al país a situaciones parecidas a las de Venezuela o Nicaragua. Están en su derecho, es el derecho de la libre expresión y de la participación en el quehacer público. Los PAC se salieron de control en EE.UU. cuando la Corte Suprema les permitió recibir cantidades ilimitadas de dinero: eso arruinó el proceso. El gasto ilimitado en la política destruye la política porque la hace más desigual. Como todo en la vida, en el lobby y los PAC, al hablar de regulaciones de financiamiento, la solución es ni mucho ni poco, sino lo necesario.

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