¿Tomó el Poder Ejecutivo control del sistema judicial en Nicaragua? Lo que sabemos
Luis Ernesto Quintana Barney
(CNN Español) — Dos fuentes con conocimiento del caso dijeron a CNN que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Alba Luz Ramos, habría sido sustituida en su cargo, así como otros funcionarios judiciales.
Los informantes —quienes prefieren el anonimato por razones de seguridad— dijeron que la policía ha intervenido los edificios del Poder Judicial y que el 24 de octubre no se le permitió a Ramos el acceso a su oficina.
Además, estas fuentes califican el hecho de “irregular” porque, según la ley, es la Asamblea Nacional la que decide sobre ese tipo de cargo.
Una circular sobre el feriado por el Día de los Fieles Difuntos emitida el martes 31 de octubre muestra a Marvin Ramiro García como presidente en funciones del Supremo Tribunal.
CNN ha buscado una reacción de Alba Luz Ramos, pero no se ha obtenido respuesta.
Lo oficial
La Asamblea Nacional de Nicaragua quitó atribuciones al Poder Judicial el 30 de octubre al derogar el artículo 190 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el numeral 5 del artículo 6 de la Ley de la Carrera Judicial ―referente a los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil―, según el decreto publicado este miércoles en el diario oficial La Gaceta. La medida entró en vigor a partir de la publicación.
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Además, la modificación transfiere al Estado, a través de la Procuraduría General, los bienes inscritos a nombre del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia y el Registro Público de la Propiedad (Sinare), incluidos los “recursos financieros, patrimoniales, bienes muebles e inmuebles, vehículos, equipos y sistemas informáticos del Poder Judicial, Corte Suprema y sus otras dependencias”, según el boletín.
El decreto agrega que cualquier ley en referencia a la Corte Suprema y Registros Públicos deberá leerse y entenderse como adscrita a la Procuraduría General.
Análisis: más control de Rosario Murillo
El abogado y exempleado del Poder Judicial de Nicaragua Yader Morazán —quien además es exiliado en Estados Unidos porque el gobierno de Ortega le quitó la nacionalidad nicaragüense por “traición a la patria”— considera que la serie de acciones busca darle más control a la vicepresidenta Rosario Murillo.
Además, Morazán dijo a CNN que estas medidas “son otro paso en la dirección a la intromisión y consolidación del poder absoluto por parte del Ejecutivo”, en referencia al gobierno del presidente Daniel Ortega: “La dictadura cada vez cierra más las libertades y elimina los mecanismos que garantizan la seguridad Jurídica”, agregó.
Sobre el papel de la Procuraduría, el jurista considera que desde el Ejecutivo ahora “serán juez y parte y crearán un mecanismo que les dará más colmillos para ocultar la corrupción, y tener más y mejor acceso a la información”.
El abogado enfatizó que los cambios en leyes orgánicas, cuando pretenden pasar por reformas constitucionales para el sistema judicial, requieren de otra legislatura, por lo que esta modificación tendría que aprobarse hasta 2024.
CNN ha buscado reacciones de parte de funcionarios del Poder Judicial, sin obtener respuesta aún. CNN también ha solicitado comentarios sobre este asunto al Gobierno de Nicaragua.
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