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Funcionarios del Pentágono discuten cómo responder si Trump emite órdenes controvertidas

Alexandra Ferguson

(CNN) — Funcionarios del Pentágono están llevando a cabo discusiones informales sobre cómo respondería el Departamento de Defensa si Donald Trump emite órdenes para desplegar efectivos en servicio activo en el país y despedir a grandes franjas de personal que no pertenece a ningún partido político, según dijeron funcionarios de Defensa a CNN.

Trump ha sugerido que estaría abierto a utilizar fuerzas en servicio activo para la aplicación de la ley nacional y las deportaciones masivas y ha indicado que quiere llenar el gobierno federal de leales y “limpiar de actores corruptos” el establishment de seguridad nacional estadounidense.

Los funcionarios están ahora barajando varios escenarios mientras se preparan para una revisión del Pentágono.

“Todos nos estamos preparando y planificando para el peor de los escenarios, pero la realidad es que aún no sabemos cómo se va a desarrollar esto”, dijo un funcionario de Defensa.

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La elección de Trump también ha planteado preguntas dentro del Pentágono sobre lo que sucedería si el presidente emitiera una orden ilegal, en particular si sus designados políticos dentro del departamento no se oponen.

“Los militares están obligados por ley a desobedecer las órdenes ilegales”, dijo otro funcionario de defensa. “Pero la cuestión es qué ocurre entonces: ¿veremos dimisiones de altos mandos militares? ¿O lo verían como abandonar a su gente?”.

No está claro en este momento a quién elegirá Trump para dirigir el Pentágono, aunque los funcionarios creen que Trump y su equipo tratarán de evitar el tipo de relación “hostil” que tuvo con los militares durante su última administración, dijo un exfuncionario de defensa que prestó servicios bajo Trump.

“La relación entre la Casa Blanca y el Departamento de Defensa fue muy, muy mala, y por eso… sé que es lo más importante para cómo van a seleccionar a la gente que pongan en el Departamento de Defensa esta vez”, dijo el exfuncionario.

Los funcionarios de Defensa también están luchando para identificar a los empleados civiles que podrían verse afectados si Trump restablece el llamado “Schedule F”, un decreto que emitió por primera vez en 2020 y que, de haberse promulgado, habría reclasificado enormes franjas de empleados federales de carrera no políticos en todo el gobierno de EE.UU. para facilitar su despido.

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, afirmó el martes que “creo totalmente que nuestros líderes seguirán haciendo lo correcto pase lo que pase. También creo que nuestro Congreso seguirá haciendo lo correcto para apoyar a nuestros militares”.

“El enemigo interno”

Lo más importante para muchos funcionarios de defensa es cómo planea Trump ejercer el poder militar estadounidense dentro del país.

Trump dijo el mes pasado que el ejército debería usarse para manejar lo que llamó “el enemigo interno” y “lunáticos radicales de izquierda”.

“Creo que debería ser manejado muy fácilmente, si es necesario, por la Guardia Nacional, o si es realmente necesario, por los militares, porque no pueden dejar que eso ocurra”, añadió, refiriéndose a posibles protestas el día de las elecciones.

Varios ex altos cargos militares que sirvieron a las órdenes de Trump han alzado la voz de alarma en los últimos años sobre sus impulsos autoritarios, entre ellos el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, y el general retirado John Kelly, ex secretario general de la Casa Blanca de Trump. Kelly dijo antes de las elecciones que Trump encaja “en la definición general de fascista” y que hablaba de la lealtad de los generales nazis de Hitler.

No hay mucho que el Pentágono pueda hacer para proteger preventivamente a la fuerza de un potencial abuso de poder por parte de un comandante en jefe. Los abogados del Departamento de Defensa pueden hacer y de hecho hacen recomendaciones a los jefes militares sobre la legalidad de las órdenes, pero no existe ninguna salvaguarda legal real que impida a Trump desplegar soldados estadounidenses para vigilar las calles de Estados Unidos.

Un ex alto funcionario del Departamento de Defensa, que sirvió bajo las órdenes de Trump, dijo que cree probable que se encomiende a fuerzas adicionales en servicio activo la tarea de ayudar a Aduanas y Protección Fronteriza en la frontera sur.

Ya hay miles de efectivos en la frontera, incluidos los que están en servicio activo, la Guardia Nacional y las Reservas. El gobierno de Biden envió 1.500 efectivos en servicio activo el año pasado, y posteriormente envió varios centenares más.

Pero también es posible, dijo el exfuncionario, que se envíen fuerzas a las ciudades estadounidenses si se les pide que ayuden con el plan de deportación masiva que Trump mencionó repetidamente en la campaña.

Las agencias policiales nacionales “no tienen el personal, no tienen los helicópteros, los camiones, las capacidades de expedición” que aportan los militares, dijo. Pero recalcó que la decisión de enviar fuerzas en servicio activo a las calles estadounidenses no puede tomarse a la ligera.

“Jamás se puede minimizar, jamás se puede decir con cara seria que no es para tanto. Lo es”, dijo el ex alto funcionario. “Pero es la única forma de abordar los problemas a su escala”.

Por otro lado, un funcionario del Ejército dijo a CNN que podría concebir que el gobierno de Trump ordenara varios miles más de tropas para apoyar la misión en la frontera, pero advirtió que podría perjudicar la propia preparación de los militares para hacer frente a las amenazas extranjeras.

Las facultades del presidente son especialmente amplias si opta por invocar la Ley de Insurrección, que establece que en determinadas circunstancias limitadas relacionadas con la defensa de los derechos constitucionales, un presidente puede desplegar tropas en el país de forma unilateral.

Otra ley conocida como Posse Comitatus pretende frenar el uso del ejército para hacer cumplir las leyes a menos que lo autorice el Congreso. Pero la ley tiene excepciones para la rebelión y el terrorismo, lo que en última instancia da al presidente un amplio margen de maniobra para decidir si invoca la Ley de Insurrección y cuándo.

Al parecer, Trump consideró invocar la Ley en 2020 para sofocar las protestas tras la muerte de George Floyd.

“Si la ciudad o el estado se niegan a tomar las medidas necesarias para defender la vida y la propiedad de su residencia, entonces desplegaré al ejército de Estados Unidos y resolveré rápidamente el problema por ellos”, dijo en su momento.

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Empleados civiles en peligro

En un video publicado el año pasado, Trump dijo que “reeditaría inmediatamente mi decreto de 2020 que restablece la autoridad del presidente para destituir a burócratas deshonestos… limpiaremos a todos los actores corruptos de nuestro aparato de Seguridad Nacional e Inteligencia, y hay muchos” si era reelegido.

El Pentágono ya se está preparando para el cambio de política.

“Mi correo electrónico ha sido inundado sobre este tema”, dijo un funcionario de defensa sobre el llamado Schedule F. “Definitivamente van a ser un par de meses muy ocupados”.

Después de que Trump emitiera el Schedule F por primera vez, a finales de su último mandato, el Pentágono y otras agencias federales se encargaron de hacer listas de qué empleados pasarían a esa categoría. En aquel momento, los funcionarios de Defensa trataron de incluir el menor número posible de empleados civiles para limitar el impacto en la plantilla, dijeron las fuentes. El departamento está haciendo ahora listas similares.

La Oficina de Personal y Gestión emitió una norma en abril que pretendía reforzar los guardarraíles que protegen a los empleados federales. Pero “todavía hay formas en que una nueva administración podría trabajar en torno a estas protecciones”, dijo un funcionario de Defensa, aunque podría tomar varios meses hacerlo.

Austin ha advertido repetidamente sobre el riesgo de abuso político de los militares. En julio, dijo en un memorándum que es “necesario asegurar la integridad y continuidad de la fuerza de trabajo civil garantizando que los empleados civiles de carrera del Departamento de Defensa, al igual que sus homólogos uniformados, estén protegidos de intromisiones políticas ilegales y otras inapropiadas”.

Austin añadió que los funcionarios de carrera tienen la tarea de “mantener una estricta neutralidad política centrada en la lealtad a la Constitución y las leyes de Estados Unidos”.

Y el miércoles, escribió en un mensaje a las fuerzas que los militares estadounidenses solo obedecerán órdenes legales.

“Como siempre lo ha hecho, el ejército de EE.UU. estará listo para llevar a cabo las decisiones políticas de su próximo Comandante en Jefe, y para obedecer todas las órdenes legales de su cadena de mando civil”, escribió. “Ustedes son el Ejército de Estados Unidos, la mejor fuerza de combate de la Tierra, y seguirán defendiendo nuestro país, nuestra Constitución y los derechos de todos nuestros ciudadanos”.

— Oren Liebermann de CNN contribuyó con este reportaje.

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