Ecuador dijo que bombardeó un campamento del narco con ayuda de EE.UU. Habitantes de la zona dicen que era terreno agrícola

Por Ana María Cañizares, CNN en Español

El cacareo de las gallinas se escucha de fondo durante una conversación de CNN con Vicente Garrido, vicepresidente del recinto San Martín, en la provincia de Sucumbíos, frontera entre Ecuador y Colombia. Garrido, un campesino dedicado a la agricultura, asegura que vive desde hace 40 años en esta comunidad. Por eso le sorprendió ver en las noticias que el Gobierno de Ecuador informaba que había destruido un campamento del narco en el lugar, en una operación conjunta con el Comando Sur de EE.UU. que tuvo lugar entre el pasado 3 y 6 de marzo.

Las Fuerzas Armadas de Ecuador indicaron que esta operación, apoyada por EE.UU., estuvo dirigida a un supuesto campamento de Comandos de la Frontera, un grupo disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que habría incluido un presunto puesto de descanso del líder de la organización criminal, identificado como “Mono Tole”. La operación no dejó ninguna baja ni se reportó la captura de algún líder criminal.

CNN contactó al Departamento de Defensa de EE.UU. para pedir comentarios, pero sugirieron dirigir la consulta al Gobierno de Ecuador. El Gobierno de Ecuador no respondió la consulta.

CNN también contactó al Departamento de Estado de EE.UU. y está en espera de respuesta.

Pero la versión oficial contrasta con la de Garrido y otros miembros de esta localidad. “No somos narcoterroristas, no sé cómo el Gobierno nos tilda de esa manera. Nos dedicamos al cultivo de café, cacao, maíz, arroz y otros compañeros tienen ganadito. Estos no son campamentos de narcoterroristas ni centros de entrenamiento de guerrilleros”, enfatizó.

La primera alerta sobre la contraposición de versiones la hizo el medio local Radio Sucumbíos el 10 de marzo. Un reportero de la provincia acudió al lugar del bombardeo y habló con varios habitantes mientras mostraba cómo habría quedado el lugar tras el ataque. Los campesinos dijeron que militares que llegaron en helicóptero quemaron una vivienda el 3 de marzo y que luego el 6 de marzo esta fue bombardeada. “Todo lo que había por dentro lo quemaron y ya no había nadie”, dijo un habitante que no reveló su identidad al medio local.

En medio de la campaña que el Gobierno ecuatoriano ha emprendido para combatir el narcotráfico con apoyo tecnológico y asesoría de EE.UU., los campesinos de la zona a quienes representa Garrido preguntan si las Fuerzas Armadas cometieron un error al bombardear el lugar. Garrido sostiene que los habitantes de la zona han tenido que vivir por años a sabiendas de que a pocos kilómetros rondarían miembros de algún grupo armado.

“Hay que ser sinceros y hablar con la verdad. Tenemos una historia de conflicto en la frontera con Colombia con la guerrilla y con grupos que se han ido formando. Hemos visto a personas de esos grupos. Ellos andan por todo lado (dispersos), pero nada justifica el ataque si las Fuerzas Armadas asumieron que por aquí puede haber grupos armados. Aquí hay fincas ganaderas, de agricultores, no son zonas de entrenamiento ni campamentos como dice el Gobierno. Somos civiles”, afirma Garrido.

Algunas imágenes suministradas por Garrido a CNN muestran una zona rodeada de vegetación, cerca de una entrada de agua y con objetos dispersos entre la hierba. “Para justificar un ataque, al menos tenían que presentar alguna persona o cabecilla que cayó en el bombardeo, pero una gallina o un perro fueron animales que murieron”, dice.

La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU informó en un comunicado que se reunió con campesinos de la comunidad de San Martín que denunciaron haber sido víctimas de tortura en el contexto del operativo militar. “Los campesinos reportaron la destrucción de casas y otros bienes por los bombardeos realizados en la llamada operación ‘Exterminio Total’”, informó.

Por otra parte, los habitantes denunciaron que cuatro integrantes de su comunidad, de nacionalidad colombiana, fueron detenidos por las Fuerzas Armadas de Ecuador, interrogados por un tiempo prolongado y sometidos a actos que podrían constituir tortura. “Si bien su liberación indica que no había antecedentes para ponerlos a disposición de la justicia, esta habría sido con amenazas de nuevas represalias”, dijo la Oficina de la ONU, añadiendo que, en algunos casos, se debe principalmente a su nacionalidad.

La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, que aglomera varias organizaciones en el país y hace seguimiento de este caso, dijo en un comunicado publicado en X que durante las operaciones militares los campesinos fueron amenazados, golpeados y sometidos a maltratos físicos como una simulación de ahogamiento.

CNN pidió comentarios sobre esta afirmación al Ministerio de Defensa, sin obtener una respuesta hasta el momento.

En tanto, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, dijo que este caso amerita una investigación independiente. “La lucha contra el crimen organizado, con o sin la cooperación de Estados Unidos, debe garantizar la protección de la población. Bombardear grupos que no son parte en un conflicto armado es ilegal y puede acarrear responsabilidad penal”, advirtió.

Y mientras las organizaciones de derechos humanos han emitido sus preocupaciones legales tras este bombardeo, Vicente Garrido, de la comunidad de San Martín, dice que no tiene esperanzas si su comunidad decide denunciar los incidentes ante la Fiscalía de Ecuador. Si lo hacen cree que la denuncia “dormirá” en un escritorio.

Tras los señalamientos de los campesinos y publicaciones periodísticas que han puesto en duda la versión oficial sobre el objetivo del bombardeo, el Ministerio de Defensa señaló en un comunicado que el Gobierno mantiene su disposición a investigar posibles abusos a los derechos humanos y que rechaza cualquier aseveración que —a su criterio— distorsione los hechos.

La institución afirmó que durante la operación en la zona se recabaron lo que considera “hallazgos”, como un fusil semiautomático y una alimentadora con 30 cartuchos. También, agregó que en la zona supuestamente se planificaban acciones criminales como aquella ocurrida en mayo de 2025 en Alto Punino, que dejó 11 militares muertos tras una emboscada.

Por otra parte, indicó que se detuvo a cuatro personas presuntamente vinculadas al grupo armado Comandos de la Frontera con fines de investigación. “Esta actuación fue resultado de información de inteligencia validada en cooperación con Estados Unidos”, precisó.

El Ministerio de Defensa insistió en que el lugar del bombardeo no correspondía a una granja lechera, como reportó The New York Times, ni a una zona de producción agrícola. “En el sector no existía presencia de ganado ni actividad productiva de ese tipo”, precisó el Ministerio, pese a la versión contraria de los campesinos que afirman que algunos animales incluso murieron en el bombardeo.

CNN no ha podido corroborar estas versiones.

El Gobierno aprovechó para señalar que en la zona del bombardeo está prohibida la existencia de construcciones o asentamientos no autorizados, ya que se encuentra dentro de los 40 kilómetros de frontera destinados a la “defensa nacional”. “En consecuencia, cualquier edificación en estas condiciones constituye un delito”, dice el comunicado del Ministerio.

En medio de este choque de versiones, la experta en Seguridad y Defensa, Katherine Herrera, dijo a CNN que las operaciones militares deben ser certeras y no improvisadas para que el combate al crimen organizado pueda ser efectivo.

“Tiene que haber un trabajo muy fuerte en temas de inteligencia porque, si es que no tienen la información exacta de dónde están operando, quiénes son los actores delictivos que operan dentro de ese entorno, pues vas a tener operaciones donde la dinámica no te va a dar eficiencia o resultados a largo plazo”, sostuvo.

Además, Herrera cree que son las fuerzas de seguridad locales las que deben llevar la iniciativa y la información sobre los lugares y espacios donde sus investigaciones han arrojado la existencia del crimen organizado.

“Vale preguntarse si esos trabajos donde están realizando estas operaciones sobre todo militares, es información que sale de Fuerzas Armadas, que es una entidad que conoce muy bien el territorio, que conoce bien la dinámica criminal, dónde hay más picos en cuanto a narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas, de combustible, o es una inteligencia que ha sido dada por otros países que no conocen la dinámica y la geopolítica del crimen organizado que está operando en territorio ecuatoriano”, puntualizó Herrera.

Por ahora, los ecuatorianos no están seguros de si las operaciones respaldadas por EE.UU. en realidad ayudarán a mejorar la seguridad pública en su país.

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