Trump acelera los tiempos electorales de Sheinbaum y sus rivales. Los mexicanos quedan frente a un dilema poco tentador

Análisis por Mario González, CNN en Español

En México se aceleró el calendario electoral 2027 casi “sin querer queriendo”, como diría el Chavo, entrañable personaje de la televisión mexicana.

En solo una semana oposición y oficialismo respectivamente delinearon sus estrategias adelantándose al inicio del proceso electoral, que la ley marca en septiembre y que culmina con la jornada de elecciones el 6 de junio de 2027. Y lo hicieron frente al escenario que se fue construyendo en los últimos meses con la espinosa relación con Estados Unidos.

Por un lado, está la acusación del Departamento de Justicia estadounidense en contra de diez funcionarios del estado de Sinaloa por presuntos vínculos contra el narcotráfico, todos ellos ligados a Morena, el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por el otro, la supuesta participación de agentes de la CIA en una operación para desmantelar un enorme laboratorio de drogas sintética en el estado de Chihuahua, gobernado por la opositora María Eugenia Campos, del Partido Acción Nacional (PAN), y a quien oficialismo acusa de “traición a la patria” por autorizar la presencia de dichos agentes extranjeros en territorio nacional, sin el consentimiento del gobierno federal.

Así, la narrativa de la contienda se reduce básicamente en confrontar a “traidores a la patria” frente a “narcopolíticos”. La opción para los votantes mexicanos parece un callejón sin salida, no entre quién puede ser mejor, sino entre quién está menos manchado de lodo.

Hay que reconocer que estos tiempos electorales se precipitaron por la nueva política de la administración de Donald Trump hacia las drogas. La acción de la agencia de inteligencia estadounidense en operativos contra el narcotráfico, que está en investigación, y la acusación formal contra los diez funcionarios de primer nivel, entre ellos el gobernador de Sinaloa en funciones, Rubén Rocha Moya, quien ha insistido en su inocencia, fueron los detonantes del momento político que se vive hoy.

La primera en dar el paso fue la oposición a través del PAN, que el sábado 30 de mayo intentó arropar a su gobernadora en un evento inédito en Chihuahua, en el que se logró el encuentro dos expresidentes de México: Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012).

El encuentro de estos personajes del PAN puso fin a un largo distanciamiento entre ambos, pero además rompió con la tradición política mexicana, una regla no escrita que mandata que los expresidentes no deben participar públicamente en actos políticos, y éste claro que lo fue: pueden hablar en medios de comunicación, en redes sociales, aparecer en eventos culturales y protocolarios algunas veces, pero no manifestarse políticamente en un acto público de abierta oposición. Y esto pareció ir más allá.

Gran parte de los discursos de los presentes versaron sobre la gran contradicción que, dicen, tienen los mexicanos ante sí: optar por un gobierno supuestamente vinculado al narcotráfico a través de gobernadores y funcionarios corruptos, como los de Sinaloa señalados por Estados Unidos, o por una mujer como Maru Campos que, dice, decidió enfrentar a esos criminales, al grado de desmantelar con su ayuda el narco laboratorio de drogas sintéticas más grande que se halla descubierto en el país.

Después del evento pude conversar ampliamente con el expresidente Vicente Fox, quien abiertamente reconoció que éste es el inicio de un movimiento político opositor que culminará en las urnas en 2027. Una posible alianza entre partidos de oposición que conformen una plataforma común frente a la llamada Cuarta Transformación de Morena y sus partidos aliados, que tendrá que plasmarse en candidaturas comunes. De esta manera, y de forma abierta y sin tapujos, el intento de arropar a la gobernadora, conocida como Maru Campos, representa una oportunidad para la oposición de mostrarse frente al electorado, considerando que ha tenido muy pocas de estas oportunidades ante al arrollador movimiento oficialista.

Por supuesto el “pecado” de romper un pacto no escrito en México llevó su penitencia porque de inmediato Fox y Calderón fueron objeto de fuertes críticas de quienes los ubican como el origen de todos los problemas que enfrenta hoy el país, desde la narcopolítica y el crecimiento del crimen organizado, hasta los males de la economía estancada, la falta de empleo y los males del neoliberalismo tan cuestionado hoy por la Cuarta Transformación. Pero además esto abrió la puerta para que otro exmandatario, Andres Manuel López Obrador, salga del silencio auto impuesto, lo que contaré en un momento.

Pero en todo caso, al parecer el movimiento del panismo en Chihuahua tuvo su efecto, porque lo que era un inminente juicio político contra la gobernadora para dejarla desprovista del fueron constitucional que tiene como mandataria estatal, y así someterla a un proceso por traición a la patria (uno de los delitos más graves del código penal mexicano), se ha ido desvaneciendo. En parte por lo desproporcionado de la acusación, que tendría que comprobarse, y en parte porque esto posicionaría a la mandataria en una mártir para los panistas.

Un día después de la manifestación panista, la presidente Sheinbaum encabezó su propio acto en la Ciudad de México. Miles de personas en la plaza del monumento a Revolución, más otras miles en al menos 20 ciudades del país, para conmemorar el segundo aniversario del triunfo electoral de la primera presidenta de México. Pero al igual que la concentración panista esto era más que un aniversario: era establecer las líneas doctrinales de la contienda electoral que viene; fijar postura sobre sus adversarios y cerrar filas.

Por supuesto hubo menciones directas a ese pasado de Fox y Calderón, que sirvieron de motivo para que la presidenta ejemplifique la alianza de la derecha para atacar al movimiento del pueblo que ella representa. Y para los doctrinarios de la 4T, la alianza de la derecha con la gobernadora-traidora a la patria es una clara muestra de que la estrategia es invocar una intervención extranjera, como sucedió en Venezuela. Es decir, para ese gran sector de la opinión pública, la derecha panista intenta no solamente competir en una elección, sino atentar contra México y su soberanía. Ese es el peligro del que se alerta desde la más alta tribuna del país.

Todas estas consideraciones fueron mencionadas por la presidenta, quien habló de las intenciones de esa derecha mexicana y estadounidense que se habrían aliado para ejercer presión a su gobierno, con el respaldo de Washington. Por eso llamó a celebrar reuniones en todo el país para informar a la ciudadanía sobre los riesgos y amenazas de la injerencia en México, en un claro acto de organización proselitista. Al día siguiente, durante su conferencia matutina del lunes, Sheinbaum dijo que no cree que el presidente Donald Trump estuviese detrás de la estrategia contra su gobierno, sino algunos sectores de la derecha estadounidense.

Por la tarde del mismo lunes el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Jhonson, mencionó en sus redes sociales la necesidad de colaborar en la lucha contra el narcotráfico sin politizar el tema. La respuesta de la presidenta vino de inmediato: Sheinbaum pidió al embajador encargarse exclusivamente de la relación bilateral y no de asuntos internos del país. En pocas palabras pidió no entrometerse en otros asuntos.

No es casual que esta semana el Congreso mexicano, de mayoría oficialista, aprobara una reforma constitucional en la que se incluye la “injerencia extranjera” como causal para anular una elección federal. Ha sido todo un debate en los últimos días, pero el oficialismo finalmente impuso su mayoría legislativa en ambas cámaras, más la mayoría que tiene en los congresos del país para aprobar esta controvertida reforma que, tal como fue redactada, deja la puerta abierta para que la interpretación de un magistrado del Tribunal Electoral pueda invalidar una elección federal.

Un mensaje en redes sociales de algún líder del extranjero, por ejemplo Donald Trump, o bien el financiamiento de una campaña desde el exterior, podría justificar la anulación de una elección presidencial, con los enormes riesgos que esto conlleva, sobre todo si este precepto es utilizado de manera ilegítima por alguien que, por ejemplo, esté interesado en descarrilar dicho proceso.

En medio de estos eventos surgió otro elemento que ahonda la polarización en el país: una investigación del diario Los Ángeles Times asegura que existe otra investigación en curso contra funcionarios mexicanos de primer nivel, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Esto se suma a la investigación de Sinaloa contra el gobernador Rocha Moya y otros funcionarios.

El artículo firmado por Steve Fisher, sostiene que a ambos funcionarios les fue revocada su visa de ingreso a Estados Unidos, por el Departamento de Estados. Sin embargo, los dos gobernadores aseguraron que esto es absolutamente falso. Tanto el gobernador de Sonora, como el de Tamaulipas, son integrantes de Morena y personajes muy cercanos al expresidente López Obrador.

Conversé con el periodista Steve Fisher sobre este artículo y él sostiene firmemente la versión publicada: Alfonso Durazo, de Sonora y Américo Villarreal de Tamaulipas, al igual que Rubén Rocha Moya de Sinaloa, son investigados por nexos con el crimen organizado.

Hay que decir que antes de darse a conocer la orden de detención solicitada por el Departamento de Justicia en contra de Ruben Rocha Moya, Fisher había publicado previamente esa información, citando sus fuentes anónimas.

Después de la publicación de L.A Times, tocó el turno de López Obrador, fundador y líder moral del movimiento de la Cuarta Transformación y de Morena. En su carta, de unas cinco páginas, López Obrador se pregunta dónde quedó aquel presidente Donald Trump qué el conoció durante su mandato y con quien se podía dialogar. Dijo desconocer la actual versión injerencista del mandatario estadounidense y celebró la manera en que se ha conducido la presidenta Sheinbaum ante el reto.

En resumen, López Obrador replicó a su modo los conceptos de la presidenta sobre un supuesto complot de la derecha mexicana y estadounidense para interferir en el país y sacar del gobierno a Morena. Dijo que el argumento del combate al narcotráfico ha sido utilizado indistintamente por Washington como herramienta política para presionar a otros países, como ahora sucede con los gobiernos de izquierda en América Latina.

Las estrategias electorales están lanzadas y como ya adelanté: la oposición aprovecha el discurso de Washington para diseminar la versión de que Morena es un “narcopartido”, mientras el gobierno habla de complots e intentos injerencistas que son utilizados por traidores.

En 2027 se disputan elecciones federales en México y hay mucho en juego. 17 de 32 estados en disputa, lo que incluye gobernaciones, alcaldías y congresos locales. Hoy Morena y aliados gobiernan en 24 de los 32 estados del país y su intención es ganar en entidades dominados históricamente por la oposición, como el caso de Chihuahua. Hay que decir que también Sinaloa y Sonora está en el mapa electoral del próximo año.

La presión de Washington está jugando como variable fundamental en el proceso electoral mexicano y es altamente posible que sus acciones sigan marcando el rumbo político en México. Mientras tanto los ciudadanos están frente a un juego perverso de intentar reducir una contienda entre buenos y malos, entre “narcopolíticos” y “tradiores”.

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