La Corte Suprema falla en contra de un rastafari que demandó a funcionarios penitenciarios por cortarle las rastas

Por John Fritze y Devan Cole, CNN

La Corte Suprema dictaminó este martes que un devoto rastafari, quien intentó demandar a funcionarios penitenciarios por cortarle las rastas, no podía proseguir con su caso. Se trata de una decisión que probablemente dificultará que los creyentes de otras religiones hagan valer las protecciones federales de libertad religiosa dentro de las prisiones.

El fallo, redactado por el magistrado Neil Gorsuch en nombre de una mayoría de 6 a 3, marcó un caso poco común en el que la Corte Suprema —de tendencia conservadora— se pronunció en contra de un reclamo religioso y subrayó su reticencia a permitir que los estadounidenses demanden para hacer valer sus derechos sin una autorización explícita del Congreso.

“El Sr. Landor pretendería que dictamináramos, por primera vez, que siempre que un centavo de gasto federal llegue a manos de un individuo —por muy indirectamente que sea—, el Congreso puede regular su conducta directamente basándose en la ficción de que dicha persona ha consentido tal regulación”, escribió Gorsuch. “Nada de eso es coherente con nuestros precedentes”.

El tribunal dictaminó que el hombre protagonista del caso, Damon Landor, no podía demandar a funcionarios estatales por el trato recibido, ya que los funcionarios locales desconocían los detalles de la ley federal que protege la libertad religiosa.

La magistrada Ketanji Brown Jackson, en representación de los tres jueces liberales del tribunal, criticó a la mayoría por lo que consideró una decisión destinada a debilitar la ley federal bajo la cual Landor intentaba presentar su demanda. La medida del tribunal, escribió Jackson, dificultará considerablemente que los reclusos lleven a los funcionarios ante la justicia alegando la vulneración de sus derechos.

“Los reclusos como Landor que sufren violaciones de su libertad religiosa en prisiones estatales —por muy flagrantes que sean— a menudo se quedarán sin recurso alguno”, escribió Jackson. “Y es probable que las vulneraciones de los derechos legales de los reclusos ocurran con bastante frecuencia, ya que los funcionarios penitenciarios estatales tendrán pocos incentivos para acatar la ley federal, incluso si esta se les entrega por escrito”.

Jackson sostuvo que el razonamiento del tribunal reducía efectivamente “algunos de los mayores logros legislativos del Congreso —leyes federales que garantizan los derechos civiles, la estabilidad medioambiental, la atención sanitaria y más— a poco más que los tejemanejes de una entidad privada especialmente adinerada”.

A Landor le quedaban pocas semanas para cumplir su condena por posesión de drogas cuando los guardias de una prisión de Louisiana lo esposaron a una silla y le cortaron las rastas —que le llegaban hasta las rodillas y había dejado crecer durante casi dos décadas—. Minutos antes, Landor había entregado a los guardias un dictamen judicial que demostraba que estaban obligados a permitir el uso de rastas por motivos religiosos.

Los guardias tiraron dicho dictamen a la basura antes de inmovilizar a Landor y cortarle el pelo.

Había estado encarcelado sin incidentes en otros dos centros antes de ser trasladado al Centro Correccional Raymond Laborde. Llegó provisto de una copia de un fallo de un tribunal de apelaciones de 2017 que permitía a los reclusos llevar rastas.

Landor, que comenzó a cumplir una pena de cinco meses de prisión en 2020, había hecho previamente una promesa conocida como el voto nazareo de no cortarse el pelo.

El caso de Landor ante el Tribunal Supremo se basaba en la Ley de Uso de Suelo Religioso y Personas Institucionalizadas (RLUIPA, por sus siglas en inglés). El Congreso aprobó esa ley —y otra que abordaba la adaptación a las prácticas religiosas de manera más amplia— en respuesta a un precedente histórico, aunque controvertido, establecido por el tribunal en 1990.

A finales de 2020, los magistrados dictaminaron que la otra ley, cuyo texto es casi idéntico, permite a las personas cuyos derechos religiosos han sido vulnerados reclamar indemnizaciones a funcionarios gubernamentales que actúan a título personal.

Sin embargo, Louisiana argumentó que la RLUIPA es, en la práctica, un contrato de financiación entre los funcionarios estatales y el Gobierno federal, el cual aporta fondos para las prisiones del estado. Los funcionarios concretos que participaron en el corte de pelo forzoso de Landor no eran parte de dicho contrato, sostuvo Louisiana, por lo que no se les puede exigir responsabilidad personal.

Un panel del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU., de tendencia conservadora, dictaminó que Landor no tenía derecho a demandar.

El Quinto Circuito declaró que condenaba “enfáticamente” el trato que sufrió Landor, pero que un precedente anterior de un tribunal de apelaciones determinaba el fallo en su contra. Finalmente, el tribunal de apelaciones en pleno decidió no volver a examinar el caso, y Landor apeló ante la Corte Suprema en 2024.

Por un lado, el caso parecía diseñado para una Corte Suprema que, en los últimos años, se ha alineado sistemáticamente con los intereses religiosos. El año pasado, el tribunal falló a favor de un grupo de padres religiosos que querían eximir a sus hijos de leer libros con temáticas LGBTQ en la escuela primaria.

En 2022, respaldó a un entrenador de fútbol americano de secundaria que había sido destituido de su cargo por orar en el campo de juego antes de los partidos.

Un año antes, permitió que una agencia católica de acogida familiar siguiera trabajando para la ciudad de Filadelfia, a pesar de que esta se negaba a evaluar a parejas del mismo sexo como posibles padres de acogida.

Rachel Laser, presidenta y directora ejecutiva de Americans United for Separation of Church and State (Estadounidenses Unidos por la Separación de Iglesia y Estado), calificó la decisión de hipócrita.

“Una vez más, vemos un tribunal que hace todo lo posible por defender la libertad religiosa de los cristianos, pero permite que el Gobierno pisotee la libertad religiosa de los no cristianos”, afirmó Laser, cuya organización se opone frecuentemente a las decisiones de la Corte Suprema que respaldan intereses religiosos.

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