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Tribunal de apelaciones da el mayor revés al Departamento de Justicia de Trump por exigir datos confidenciales de votantes

Por Tierney Sneed, CNN

Un tribunal federal de apelaciones rechazó este miércoles las demandas del Departamento de Justicia para que Michigan entregara información no pública contenida en sus archivos de registro de votantes, lo que supone el mayor revés hasta ahora para el intento del Gobierno de Trump de obtener y auditar los registros electorales sin censura de los estados de todo el país.

La Corte de Apelaciones del 6º Circuito de Estados Unidos determinó que el estado no está obligado a proporcionar esos datos confidenciales —que podrían incluir números de Seguro Social y licencias de conducir— al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

Nueve jueces en tribunales de primera instancia ya habían fallado en contra de los intentos del Gobierno. Esta es la primera vez que un tribunal de apelaciones se pronuncia sobre el tema, lo que podría allanar el camino para una eventual batalla en la Corte Suprema.

Al escribir la opinión mayoritaria del panel, el juez Andre Mathis señaló que la Ley de Derechos Civiles de 1960 en la que se basó el Departamento de Justicia no cubre el archivo consolidado de votantes de Michigan.

“En aquel entonces, el Gobierno utilizaba este poder para garantizar que todas las personas con derecho a votar pudieran ejercerlo libremente”, escribió Mathis. “Pero hoy, el Gobierno invoca el Título III con un propósito inverso: asegurar que algunas personas no hayan votado”.

El Departamento de Justicia ha demandado a 30 estados que se han negado a entregar sus listas electorales sin censura.

La amplia campaña del DOJ para obtener los registros completos de votantes en casi todos los estados es uno de varios ejemplos de cómo el Gobierno—impulsado por las persistentes afirmaciones de Trump de que las elecciones de 2020 fueron manipuladas en su contra— ha buscado ejercer un mayor control federal sobre los procesos electorales.

Sin embargo, los tribunales han frenado varios de esos intentos. Esta misma semana, un juez en Washington bloqueó el uso de un sistema federal de datos de ciudadanía para depurar listas de votantes, y más temprano este miércoles, un tribunal federal en Boston sumó otro fallo que invalida partes de un decreto de Trump de 2025 relacionado con normas electorales.

En el caso ante el 6º Circuito, la controversia se centró en si el Departamento de Justicia podía utilizar disposiciones de la Ley de Derechos Civiles de 1960 —diseñada para combatir la discriminación electoral de la era Jim Crow— para obtener las listas.

La ley otorga al fiscal general la autoridad para exigir ciertos registros relacionados con votaciones que estén en posesión de funcionarios electorales. Pero el tribunal concluyó —en línea con otros tribunales inferiores— que los archivos de registro de votantes que los estados elaboran y mantienen internamente no están incluidos.

“La secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, no adquirió ni recibió el archivo de votantes calificados de un tercero. Fueron los propios funcionarios del Estado quienes lo crearon”, escribió Mathis. La decisión también indicó que el Departamento de Justicia no cumplió otros requisitos legales al solicitar los datos.

El juez John B. Nalbandian emitió un voto en contra.

A medida que se desarrollaban el caso de Michigan y varios otros, los abogados del Departamento de Justicia dieron explicaciones cambiantes sobre por qué necesitaban los registros de votantes. No obstante, más recientemente, el Gobierno ha dejado en claro que planea comparar los registros electorales estatales con un sistema de datos del Departamento de Seguridad Nacional para verificar la ciudadanía. Esa herramienta ya está disponible para que funcionarios electorales la utilicen de forma voluntaria, pero tiene reputación de generar falsos positivos debido a datos desactualizados, lo que pone especialmente en riesgo a ciudadanos naturalizados de ser identificados erróneamente como votantes no elegibles.

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