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Delcy Rodríguez enfrenta su mayor prueba de liderazgo: ¿podrá superarla?

Análisis por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

Venezuela enfrenta una de las peores catástrofes naturales del país en el último siglo con un escenario político marcado por la incertidumbre. El desafío humanitario de los terremotos pone al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, frente a un desafío que trasciende la emergencia inmediata y convierte a la gestión e la crisis en su gran prueba de liderazgo, con una población que no confía en sus autoridades y arrastra años de reclamos de cambio.

Frente a una tragedia que ya deja cerca de 1.500 muertos y miles y miles de desaparecidos entre las incontables toneladas de escombros, las autoridades ya reconocieron algunos errores en la toma de decisiones e intentan atender las demandas para coordinar la respuesta, ante una reconstrucción que se prevé de largo aliento y que podría también redefinir el rumbo de la administración.

En las primeras 24 horas desde los terremotos del miércoles, la respuesta fue “prácticamente nula”, dijo a CNN la analista política Carmen Beatriz Fernández, directora de la consultora DataStrategia.

Lo que siguió no fue mejor. En un intento por evitar un desborde, las autoridades frenaron a voluntarios que intentaban llegar a las zonas más afectadas. Desde Caracas hay una única autopista a La Guaira (además de una carretera vieja), por lo que era imprescindible evitar que la ruta colapsara, pero los intentos de organización enfurecieron a los voluntarios, que en algunos casos rompieron barreras de autoridades para llegar a las zonas afectadas, según mostraron videos difundidos en redes sociales desde diversas localidades.

“La gente lo interpretó como un entorpecimiento de las iniciativas populares ante la ausencia del Estado. Es poner una alcabala a la actuación de la sociedad civil que emerge por voluntarismo y necesidad de hacer algo”, dijo Fernández.

El Gobierno estableció un sistema de registro de voluntarios para canalizar la asistencia. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Fernández, admitió el domingo los problemas y aseguró que la situación se había normalizado. Dijo que el proceso de inscripción “puso orden a la ingente necesidad que tenemos de ayudar al prójimo” y que más de 7.700 personas se habían anotado y recibieron su salvoconducto para ir a La Guaira. “El desorden inicial ha sido sustituido por un orden en el que voluntarios son distribuidos según las prioridades que se establezcan”, expresó el hermano de la mandataria encargada.

Fernández comentó que la iniciativa de registrar a los voluntarios “tiene sentido”, ya que “es necesario tener una organización, una estructura logística que permita no entorpecer el tráfico”, pero remarcó el impacto de las imágenes en las que rescatistas o voluntarios no pueden llegar a la zona crítica. “La gente está indignada. No solamente por la inoperancia e incapacidad de gestionar la catástrofe, sino por los esfuerzos por obstaculizar la ayuda”.

La falta de respuesta, dijo Fernández, es una consecuencia de las decisiones políticas del chavismo, que gobierna el país desde 1999 y, en la última década, aplicó una limitó al máximo, incluso con violencia, las manifestaciones de oposición.

“Lo que estamos viendo es la tragedia como un reflejo de la otra tragedia, que fue dedicar únicamente las capacidades del estado a la represión y la propaganda. Desmontaste un estado a su capacidad de provisión de necesidades básicas”, consideró la analista.

La mandataria encargada ha encabezado varias de las reuniones y actos en respuesta a la crisis, pero no está acaparando la comunicación del Gobierno.

“Ha habido vocerías del hermano y, en menor medida de ministro de Interior, Diosdado Cabello”, comentó a CNN Oswaldo Ramírez, director de ORC Consultores. La jefa del Ejecutivo “ha tratado de poner orden y ha tenido un tono de esperanza y mucho énfasis en el agradecimiento a la ayuda internacional”, agregó.

El liderazgo abre una ventana de oportunidad para fortalecer su posición política, bajo el efecto de unidad nacional, pero también la arriesga a exponerse como la gestora de una respuesta fallida que pone en relieve las debilidades del Estado tras años de crisis económica.

Fernández recordó que muchas tragedias “terminan repotenciando a las autoridades”, aunque también puede darse el caso contrario. “La gente se siente tremendamente indefensa, ven una figura al frente como la que te salva. Lo que estamos viendo aquí no es eso. Para que eso pase, tienes que hacerlo mínimamente bien, tener una capacidad de respuesta y no lo hemos visto. Es todo lo contrario: la sociedad está cada vez más enfadada con ese interinato”, consideró.

Hay antecedentes para cada escenario. En Chile, Sebastián Piñera asumió poco después de un devastador terremoto en 2010 y, con una respuesta rápida, fortaleció la imagen del estado. Alan García en Perú (2007) y Enrique Peña Nieto en México (2017) tuvieron claroscuros en su manejo de crisis. A su vez, un terremoto que devastó Managua en 1972 fue una señal de partida para una crisis que terminó (años después) en la caída de Anastasio Somoza y, en México, el terremoto de 1985 en Ciudad de México fue un punto de inflexión para el fin de las siete décadas de gobiernos unipartidistas del PRI.

En Venezuela, tras los terremotos “el análisis de sentimiento en redes sociales es negativo, son años de desidia”, apuntó Ramírez. Un relevamiento de ORC Consultores realizado en junio y compartido con CNN arrojó que la evaluación de la gestión presidenta encargada, luego de haber tenido un repunte a 26 % de imagen positiva en febrero, cayó con fuerza en junio y se ubica en 13 %, un nivel similar a los del capturado Nicolás Maduro.

El Gobierno de Estados Unidos, que redefinió sus relaciones con Caracas tras la captura y arresto de Maduro en enero, viene liderando la respuesta de la comunidad internacional y coordinando con las autoridades locales.

Rodríguez, frente a la falta de capacidad local, se ve obligada a aceptar toda ayuda internacional, a diferencia de Hugo Chávez en 1999, que tras la tragedia de Vargas (actual estado La Guaira) en 1999 por masivos deslaves rechazó a Washington asistencia adicional a la inicial.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo que el apoyo del país será significativo, y un funcionario dijo a la prensa el sábado que “hay grandes comunicaciones” con Caracas.

“Es la consolidación del tutelaje” de la Casa Blanca sobre el Palacio de Miraflores, consideró Fernández. “Es una posición de liderazgo en la estructura, no solo en la ayuda internacional, sino en la gestión local”, afirmó.

En tanto, Ramírez habló del desafío de Rodríguez: “Vemos a Delcy en una especie de laberinto, obligada a colaborar, hacer todo lo necesario, particularmente con EE.UU. y la comunidad internacional. Internamente, debe ver cómo canalizar esa ayuda”.

El consultor afirmó que el Gobierno viene enfrentando “una situación de reajuste” constante en los últimos meses, ya sea por dinámicas externas o internas, “en función de avance o lentitud del proceso de tres fases en el que EE.UU. indicaba que estaba en el plan de recuperación”.

En ese marco, destacó como sorpresivo un hecho de hace solo unos días: la llegada al país de la dirigente opositora Dinorah Figuera como encargada de entablar una negociación de transición (apoyada por Washington) con las figuras del chavismo.

“Ese proceso puede quedar frenado, ir a una velocidad mucho más lenta en la idea de seguir avanzando en la reinstitucionalización o la designación de nuevos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia”, dijo Ramírez. “En términos de realpolitik, pudieras tener la obligación de ir más lento. porque el Ejecutivo tiene que estar concentrado, además de todos los problemas que tienen paralelo, como asegurar servicios públicos, atraer inversiones”, agregó.

La líder opositora María Corina Machado, que está fuera del país desde que salió a fines del año pasado para recibir el premio Nobel de la Paz, parece estar al tanto del riesgo de que la catástrofe estanque los diálogos hacia una transición y anunció su intención de volver “muy pronto”.

“Ha llegado el momento, es mi deber acompañar a mi pueblo, necesitamos estar juntos”, dijo en una entrevista con Fox News. Anteriormente, había declarado a CNN que su retorno depende de “razones de seguridad” y dijo que esas condiciones son discutidas directamente con Marco Rubio.

Lo que sigue para Venezuela tras los terremotos no es cuestión de semanas ni meses. La catástrofe representará pérdidas económicas equivalentes a US$ 6.700 millones, de acuerdo con una estimación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicada este viernes, lo que representa cerca del 6 % del PBI del país.

Incluso antes de iniciar el proceso de reconstrucción, hay muchas decisiones difíciles por delante.

“Comienza un tema complejo que apenas estamos viendo, es como pelar una cebolla. Los desafíos vienen en intentar poner orden, a pesar de que caiga mal en la población”, dijo Ramírez.

La presidenta encargada ordenó la militarización de La Guardia. De todos modos, el analista advirtió que “puede venir el caos” si el sistema no se aplica con éxito, con posibles saqueos o escenas de descontrol. “El estado a veces tarda en llegar o no llega con la fuerza que se necesita para poner orden”, insistió.

La réplica el lunes fue como un recordatorio del peligro latente en muchos inmuebles que quedaron en riesgo, con la complicada decisión de las autoridades de declararlos como inhabitables, lo que deja en la calle a miles de familias.

Para Fernández, sería preferible que ese proceso sea encabezado por autoridades que tengan la confianza de la población. “Lo que está viendo Venezuela y vamos a ver en los próximos meses es una gran necesidad de reconstrucción. Esa necesidad no puede hacerla quien lleva la culpa de la tragedia. La reconstrucción necesitaría una legitimidad de la que carece (el Gobierno)”, señaló.

Las autoridades por el momento no han respondido sobre fallas en las tareas de prevención y control, mientras el mensaje gira en torno a la magnitud excepcional del evento y enfatiza las acciones de respuesta, con un llamado a la unidad.

El apoyo militar se centra en el apoyo logístico de la emergencia, pero para Fernández, su impacto es insuficiente. “El Estado, cuando invertía en seguridad, era en represión, no era en seguridad real. Así como tuviste un abandono en fronteras, en temas de seguridad como narcotráfico, tienes un abandono de seguridad en términos de seguridad sísmica, en catástrofes que tradicionalmente hubiera sido un espacio para apoyarse en la Fuerza Armada, con los Cuerpos de Bomberos absolutamente desabastecidos”, expresó.

En esa línea, Ramírez agregó: “La gente se pregunta dónde está ese despliegue que había para poner orden cuando la gente salía a protestar pacíficamente. Si sacabas a mil personas para controlar una marcha, ¿dónde están para ayudar a sacar escombros?”.

Además, remarcó que la crisis no cubre otras problemáticas que persisten en el país, sino que puede agravarlas.

“En relación a la conflictividad social, el resto del país va a seguir despertándose con una cicatriz, exigiendo servicios públicos, el control de inflación”, expresó.

“Delcy está obligada a moverse en dos aguas: el tablero de La Guaira como estado más crítico, pero el país que teníamos anteriormente, si bien está en una situación de saber que lo económico tiene que estabilizarse, también ve que el reloj del cambio político tiene que acelerarse”, agregó.

El llamado “Rodrigato”, si bien gana una posibilidad de comprar tiempo, queda con pocas posibilidades para salir fortalecido con el manejo de la catástrofe sísmica.

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