John Roberts luchó durante décadas para revocar el fallo del caso Humphrey’s Executor
Por Joan Biskupic, analista de CNN
Durante más de 40 años, desde que ejerció como joven abogado en la administración Reagan, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, ha abogado por una presidencia estadounidense excepcionalmente poderosa, capaz de destituir a los directores de agencias independientes en cualquier momento.
En un memorando dirigido al asesor jurídico de la Casa Blanca en 1983, Roberts afirmó: “Ha llegado el momento de reconsiderar la anomalía constitucional que representan las agencias independientes”.
Cuando fue nombrado presidente de la Corte Suprema en 2005, comenzó a sentar las bases para revertir el precedente del tribunal que permitía al Congreso limitar la facultad presidencial de destitución.
“Sin tal poder”, escribió Roberts en un caso de 2010, “el presidente no podría rendir cuentas plenamente del cumplimiento de sus propias responsabilidades; la responsabilidad última recaería en otra parte”.
Los esfuerzos de Roberts culminaron el lunes, cuando lideró una mayoría para revocar el fallo de 1935 en el caso Humphrey’s Executor vs. Estados Unidos, que había permitido al Congreso restringir la autoridad presidencial para destituir a los jefes de agencias con el fin de garantizar su independencia. Desde su asiento en el centro del estrado elevado, el presidente del tribunal observó cómo la Corte se había ido alejando progresivamente de aquel precedente de 1935 que, según insistía, entraba en conflicto con la historia y la estructura constitucionales.
“Si aún quedaba algo en pie del caso Humphrey’s, lo anulamos”, declaró.
La controversia en torno al ámbito regulatorio puede parecer árida en comparación con las batallas de la Corte Suprema centradas en la Segunda Enmienda, el aborto y los derechos reproductivos, la religión y la inmigración. Sin embargo, la labor de las agencias independientes tiene un impacto profundo en la vida estadounidense —para bien o para mal—, al imponer requisitos a empresas y particulares en áreas como la salud y la seguridad públicas y la protección del consumidor, con el objetivo de promover el bien común. “Nuestra Constitución establece tres poderes, pero un solo presidente”, escribió Roberts, desarrollando su postura en una opinión de 36 páginas. “Ese presidente no es todopoderoso; ni mucho menos. Pero tampoco es impotente. Él, y solo él, está investido del poder ejecutivo de Estados Unidos”.
El enfoque de gran alcance de Roberts respecto al poder presidencial se ha manifestado en múltiples casos a lo largo de los años. Quizás el ejemplo más notable ocurrió en 2024, cuando el presidente de la Corte Suprema y sus colegas conservadores otorgaron a Trump una inmunidad sustancial frente a procesos penales, señalando la autoridad “concluyente y excluyente” del presidente.
Su esfuerzo a largo plazo por limitar organismos independientes como la Comisión Federal de Comercio —que fue el eje del fallo del lunes— guarda similitudes con sus sucesivas medidas para restringir el alcance de la Ley de Derecho al Voto de 1965. Dicha ofensiva culminó a principios de este periodo de sesiones, cuando el tribunal revocó protecciones federales para los votantes negros y latinos.
La paciencia estratégica de Roberts dio sus frutos. En ambos casos, contó con la ayuda de nuevos nombramientos de magistrados conservadores afines, lo que generó una supermayoría de 6 a 3.
Y, en la misma línea, los tres magistrados liberales quedaron nuevamente relegados a expresar su disidencia. El lunes, la magistrada Sonia Sotomayor expuso oralmente un voto disidente en nombre de los magistrados del ala progresista, subrayando la importancia de proteger a los organismos reguladores independientes de las presiones de un presidente que pudiera querer vulnerar las normas de comercio justo —como las supervisadas por la Comisión Federal de Comercio (FTC)—, así como aquellas relativas a la seguridad laboral, la energía nuclear y los riesgos químicos que gestionan dichas agencias.
Sotomayor señaló que el Congreso se había basado durante mucho tiempo en el precedente de 1935 para establecer un sistema gubernamental de regulación que funcionara eficazmente.
“La Corte otorga al presidente un poder desconocido incluso para la Corona inglesa contra la que se rebelaron los Padres Fundadores”, escribió Sotomayor, “elevándolo por encima de los poderes que antaño eran sus iguales al transformar la obligación de velar por la fiel ejecución de las leyes en una licencia para actuar desafiando esas mismas leyes”.
La legislación del Congreso que creó la FTC y otras agencias independientes establece términos específicos para el mandato de los comisionados y permite su destitución únicamente en caso de faltas graves, definidas como “ineficiencia, negligencia en el cumplimiento del deber o conducta indebida en el cargo”.
Cuando Trump asumió su segundo mandato, se propuso destituir a los comisionados nombrados por los demócratas en varias agencias, incluida Rebecca Slaughter, quien se encontraba a mitad de un mandato de siete años en la FTC. La comisión fue creada en 1914 para proteger a los consumidores y salvaguardarlos frente a prácticas comerciales desleales.
En marzo de 2025, Slaughter recibió un correo electrónico de Trump en el que se afirmaba que su “continuidad en la FTC es incompatible con las prioridades de mi administración”.
Los jueces de tribunales inferiores dieron la razón a Slaughter cuando esta intentó reclamar su puesto, basándose en un precedente de 1935. Al apelar la decisión, la administración Trump retomó frases de fallos anteriores del juez Roberts para argumentar que había llegado el momento de revocar por completo aquella decisión tomada hace nueve décadas.
Los funcionarios de la administración Trump, junto con Roberts y muchos otros conservadores, defienden la “teoría del ejecutivo unitario” sobre el control presidencial, que otorga al mandatario autoridad sobre la vasta burocracia federal.
El lunes, los magistrados establecieron una excepción para la Reserva Federal, según señaló Roberts en el caso separado de Trump vs. Cook. Dicha excepción se fundamenta en la larga tradición del país de contar con un banco central independiente.
Tras la decisión judicial, Slaughter criticó duramente el fallo en su contra y la excepción aplicada a la Reserva Federal durante una conferencia de prensa.
“De alguna manera, Wall Street es especial y recibe un trato preferencial, pero, a diferencia de ello, las agencias que velan por los estadounidenses comunes no gozan de ese mismo trato”, declaró Slaughter. Tras los alegatos orales de su caso el pasado mes de diciembre y los comentarios de los magistrados conservadores que ostentan la mayoría, parecía inevitable que la administración Trump se impusiera. Y, dada la trayectoria de Roberts transformando esta área del derecho, todo indicaba que él mismo redactaría la opinión del tribunal.
El lunes, en la sala del tribunal, Roberts comenzó explicando que James Madison fue quien lideró, entre los padres fundadores de Estados Unidos, la concepción de que todo el poder ejecutivo residía en el presidente, facultándolo para nombrar y supervisar a quienes ejecutan las leyes de la nación.
El presidente de la Corte Suprema describió el caso Humphrey’s Executor como una excepción a la norma. Dicho caso se originó cuando el presidente Franklin D. Roosevelt intentó destituir a un miembro de la Comisión Federal de Comercio que había sido nombrado por su predecesor, el presidente Herbert Hoover. La Corte Suprema dictaminó por unanimidad que el presidente carecía de tal facultad a menos que contara con la autorización del Congreso.
Esa decisión socavó un fallo anterior, el del caso Myers vs. Estados Unidos de 1926, que había permitido al presidente destituir a administradores de correos sin el consentimiento del Congreso.
A lo largo de toda su trayectoria en el gobierno —primero al servicio de los presidentes Ronald Reagan y George H.W. Bush, y posteriormente como jurista—, Roberts ha defendido una concepción sólida del poder ejecutivo. Ha abogado por retomar el fallo del caso Myers, al que calificó de “fundamental”.
El lunes, destacó sus decisiones previas de 2010 y 2020, en las que levantó las restricciones impuestas por el Congreso a la facultad presidencial de destitución, basándose precisamente en el precedente del caso Myers de 1926. Desde el estrado, señaló que el fallo del caso Myers había sido redactado por el entonces presidente de la Corte Suprema, William Howard Taft, quien anteriormente había ocupado la presidencia de Estados Unidos. Taft sostenía —relató Roberts— que la atribución del poder ejecutivo al presidente constituía, en esencia, la concesión de la facultad de ejecutar las leyes, lo cual incluía la capacidad de destituir a funcionarios sobre los que no ejercía responsabilidad ni control directo.
Mientras Roberts daba gran peso a aquel fallo de 1926, Sotomayor le restaba importancia.
“Si Myers es el ‘mejor’ argumento que respalda la postura de la mayoría, su teoría es un castillo construido sobre arena. Para empezar, tal como admite la mayoría, el caso Myers no abordó la protección contra la destitución salvo por causa justificada; por el contrario, la ley impugnada exigía el consentimiento del Senado para proceder a la destitución”.
Sus comentarios más mordaces surgieron cuando se burló del razonamiento de Roberts sobre la rendición de cuentas por parte del presidente.
Sotomayor, quien ha criticado con frecuencia al presidente Trump, sugirió que, en lugar de “rendición de cuentas”, la decisión conduciría a “inestabilidad”.
“Voy a suponer”, dijo, levantando la vista hacia los espectadores en la sala, “…quizás ustedes también deberían hacerlo”.
Sotomayor concluyó: “El presidente emerge con más poder que nunca”.
Roberts, sereno como siempre, pareció imperturbable: más poder para el presidente: ese ha sido precisamente su objetivo.
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