Una firma analizó una máquina de votación para el Gobierno de Trump y terminó enfrentando una ola de críticas

Por Sean Lyngaas, CNN

El Gobierno de Trump decidió abruptamente no renovar el contrato de una firma de ciberseguridad que había contratado para examinar equipos de votación en Puerto Rico, después de que la empresa no respaldara las afirmaciones falsas de funcionarios del Gobierno sobre fraude electoral, dijeron ejecutivos de la firma en sus primeras declaraciones públicas extensas sobre el episodio.

Después de enterarse de que la firma no había encontrado pruebas de manipulación de votos, aliados del presidente Donald Trump obstaculizaron el trabajo de la empresa de ciberseguridad con el Gobierno, en parte al difundir afirmaciones falsas de que la firma era financiada por el multimillonario liberal George Soros, según ejecutivos de la empresa y documentos que proporcionaron a CNN.

Un grupo de aliados de Trump “cercanos a la Casa Blanca” estaba “insatisfecho” porque “yo no estaba dispuesto en ese momento a señalar y avergonzar públicamente a nadie y decir: ‘Resulta que 2020 fue una victoria aplastante para Trump. Nadie lo sabía’”, dijo este mes Jason Wareham, CEO de la firma Mojave Research, durante la conferencia de ciberseguridad DEF CON en Las Vegas.

Mojave Research no tenía experiencia previa en el análisis de sistemas electorales cuando la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI, por sus siglas en inglés) se puso en contacto con la empresa en la primavera de 2025 como parte de una investigación más amplia de la agencia sobre equipos de votación. La ODNI contrató a la firma para analizar una máquina de votación específica fabricada por Liberty Vote (antes Dominion Voting Systems) que la agencia obtuvo de Puerto Rico. Mojave realizó el trabajo en seis semanas en el sótano de la casa de Wareham en Reston, Virginia, según Wareham.

Mojave presentó a la ODNI un informe con sus hallazgos en julio de 2025, dijo Wareham, pero aún no se ha hecho público. Sin embargo, el director de tecnología de Mojave, Manbir Gulati, describió los hallazgos en detalle durante el simposio “Voting Village” de DEF CON.

“Encontramos vulnerabilidades generalizadas y en gran medida inaceptables, pero no encontramos pruebas de que esas vulnerabilidades hubieran sido explotadas activamente ni de que se hubieran alterado votos”, dijo Gulati.

Lo que el equipo de Wareham encontró —y lo que no encontró— en su sótano se convertiría en una especie de prueba de Rorschach para los funcionarios del Gobierno de Trump centrados en asuntos electorales. Es una historia que sirve de advertencia sobre cómo una empresa que dice que quería proporcionar al Gobierno un análisis imparcial sobre seguridad electoral fue rechazada por un grupo de funcionarios que todavía cuestionan los resultados de las elecciones de 2020 y tienen acceso a Trump. La revisión de las elecciones de 2020 por parte del Gobierno de Trump se ha extendido a Arizona, donde el FBI obtuvo registros de una auditoría que confirmó que Joe Biden ganó el estado.

Después de que la empresa dejó claro lo que había encontrado, varias figuras alineadas con Trump comenzaron a poner en duda la integridad de Mojave, según Wareham.

Wareham, republicano, presentó en septiembre una declaración bajo pena de perjurio ante el Gobierno de Trump para refutar la idea de que su empresa era “algún tipo de agente infiltrado destinado a garantizar que se ocultara la verdad sobre elecciones o sistemas electorales comprometidos”, según la declaración.

Reuters informó anteriormente sobre la declaración de Wareham y las tensiones entre Mojave Research y Olsen, pero CNN revisó la declaración completa que Wareham presentó ante la ODNI. El documento arroja luz sobre cómo un grupo de aliados de Trump ha intentado agresivamente demostrar las afirmaciones falsas del presidente sobre fraude electoral.

Wareham presentó su declaración y estados financieros a la ODNI para demostrar que no estaba vinculado a Soros, quien desde hace tiempo ha sido objeto de teorías conspirativas antisemitas sobre supuestos mecanismos secretos de poder. Al mes siguiente, Wareham dijo que recibió un correo electrónico, revisado por CNN, en el que se señalaba que la ODNI había emitido una “orden de suspensión de los trabajos” del contrato.

La declaración alega que el abogado Kurt Olsen, quien ha cuestionado repetidamente los resultados de las elecciones de 2020 y fue asesor de Trump en sus esfuerzos por socavar la confianza en esos comicios, intervino repetidamente en una investigación sobre equipos de votación iniciada el año pasado por la ODNI mediante un programa conocido como Director’s Initiatives Group.

Olsen no tenía experiencia en derecho electoral antes de las elecciones de 2020, pero ganó influencia en el entorno de Trump —y finalmente acceso directo al presidente— por sus intentos de impugnar elecciones ante los tribunales. La Corte Suprema de Arizona impuso sanciones por US$ 2.000 a Olsen y a su coabogado después de que hicieran afirmaciones falsas sobre las elecciones a gobernador de Arizona de 2022 en su fallido intento por revertir ese resultado.

“Durante muchas de esas interacciones y reuniones, el Sr. Olsen me decía que estaba hablando con el presidente sobre el tema electoral y, en ocasiones, parecía insinuar que hablaba en su nombre sobre este asunto”, señala la declaración de Wareham. Olsen no se convirtió en empleado especial del Gobierno en la Casa Blanca hasta octubre de 2025, pero Wareham dijo a CNN que, antes de eso, Olsen asistía habitualmente a reuniones de la ODNI sobre seguridad electoral.

Después de que terminara el contrato de Mojave con la ODNI, la entonces directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, estuvo presente en el condado de Fulton, Georgia, en enero, cuando el FBI incautó registros relacionados con las elecciones de 2020. La presencia de Gabbard, que según ella fue solicitada por Trump, alarmó a funcionarios electorales de ambos partidos. Olsen redactó la remisión penal al Departamento de Justicia que dio lugar a la incautación de los registros por parte del FBI.

La declaración de Wareham pone el foco en las presuntas acciones de Olsen en los meses previos a la incautación del FBI en Georgia. Las conversaciones en las que participaron Olsen y otras personas de su entorno se vieron “obstaculizadas por especulaciones desenfrenadas y afirmaciones hechas sin pruebas ni documentación que las respaldaran”, señala el documento.

“Perdí la cuenta de la cantidad de veces que escuché ‘el condado de Maricopa es una escena del crimen’”, dijo Wareham en su declaración. El condado de Maricopa es el más grande de Arizona y ha estado en el centro de las afirmaciones falsas de aliados de Trump de que las elecciones de 2020 fueron robadas.

“En total, pese a las solicitudes e invitaciones para que nos proporcionaran materiales que pudiéramos incorporar plenamente a nuestros informes, hemos recibido poco o nada que respalde lo dicho por el Sr. Olsen o que nos permita realizar un análisis forense de primera mano con la calidad suficiente para que el [director de Inteligencia Nacional] pueda confiar en nuestras conclusiones”, señala la declaración.

Olsen, ahora empleado del Departamento de Justicia, no respondió a múltiples solicitudes de comentarios, al igual que la ODNI. El Departamento de Justicia no hizo comentarios, salvo para señalar que Olsen no se incorporó al departamento hasta junio. La Casa Blanca remitió las preguntas a la ODNI.

Liberty Vote dijo que no haría comentarios sobre los hallazgos de Mojave porque no había visto el informe que la firma presentó a la ODNI, pero añadió que “está comprometida con impulsar el futuro de unas elecciones seguras en Estados Unidos”.

Funcionarios de la ODNI aceptaron los hallazgos de Mojave, según Gulati y Wareham. La división dentro del Gobierno en torno al informe de Mojave y la demora en hacerlo público han socavado los esfuerzos para corregir las fallas de software de los equipos de votación, dijeron los ejecutivos de Mojave.

“Lo que encontramos [fueron] muchas facciones enfrentadas dentro del Gobierno: personas que quieren que exista un monstruo al que culpar y están dispuestas a hacer cualquier cosa para encontrarlo, y luego personas que realmente se preocupan por el tema [de la seguridad electoral]”, añadió Gulati. “Había un grupo enorme que decía: ‘Mojave no sabe lo que está haciendo. Son unos incompetentes y por eso no pueden encontrar pruebas de que el sistema haya sido vulnerado’”.

La investigación de ciberseguridad de los sistemas electorales se ha convertido en una tarea delicada desde las elecciones de 2020 debido a la tendencia de los teóricos de la conspiración a equiparar las fallas de software con el fraude electoral.

Gulati dijo que tuvo dudas sobre la decisión de trabajar con el Gobierno, dado el riesgo de que su investigación pudiera utilizarse como arma.

“Que sus motivaciones fueran equivocadas no significa necesariamente que investigar la seguridad electoral esté mal o que no deba ser una prioridad”, dijo Gulati, y añadió que prefería aportar su experiencia en seguridad en lugar de guardar silencio. “Ha habido muchos esfuerzos para reforzar la seguridad electoral tanto desde la izquierda como desde la derecha, como debe ser”.

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