Denunciante del DHS describe la labor para encontrar votantes de no ciudadanos mediante datos dudosos
Por Tierney Sneed y Gabe Cohen, CNN
El Departamento de Seguridad Nacional utiliza tácticas de legalidad cuestionable con base en datos poco confiables para investigar el voto de personas no ciudadanas, según denunció un informante en un documento publicado el lunes por destacados demócratas del Senado.
Las revelaciones generaron acusaciones de demócratas y defensores de los votantes sobre una amplia operación indiscriminada que podría atrapar a votantes habilitados, mientras el presidente de EE.UU. Donald Trump ha convertido en una prioridad de su Gobierno la búsqueda de pruebas de un voto masivo de personas no ciudadanas, algo que los estudios han demostrado que es extremadamente inusual.
Gran parte de las revelaciones del denunciante se enfocó en materiales de capacitación para agentes del DHS encargados de llevar a cabo una investigación conocida como la “Iniciativa sobre el Voto Ilegal”.
La iniciativa examina registros electorales de “50 estados y está dirigida a hasta cientos de miles de personas”, dijeron en el informe los abogados del denunciante. Se ordenó a los funcionarios investigar tanto a personas no ciudadanas como a ciudadanos estadounidenses naturalizados que pudieran haberse inscrito o votado antes de naturalizarse.
Tras el lanzamiento del programa a finales de agosto, los agentes del DHS que trabajan en una unidad de detección de fraudes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. recibieron apenas unas semanas para revisar los registros electorales de miles de personas y crear expedientes policiales conocidos como registros TECS para quienes se determinara que habían votado ilegalmente.
El informe del denunciante alega que a los agentes se les oculta información sobre las fuentes de algunos de los datos utilizados en la revisión, y que el proceso lleva a que se etiquete a personas como votantes ilegales incluso si el agente “cree razonablemente que los datos de origen del DHS no son lo suficientemente fiables como para justificar la creación de un registro TECS”.
La alerta podría tener repercusiones para esas personas en sus futuras interacciones con el Gobierno, al exponerlas a más controles al cruzar la frontera y a investigaciones adicionales del DHS. Sin embargo, los demócratas afirmaron el lunes que la iniciativa demuestra el objetivo general de Trump de sembrar dudas sobre las elecciones, especialmente cuando esperan recuperar el control de al menos una cámara del Congreso este otoño.
“La verdad es que esto no tiene nada que ver con proteger la integridad de nuestras elecciones”, dijo el senador por California Alex Padilla en una conferencia de prensa el lunes. “Eso es solo un pretexto. Se trata de la posibilidad de utilizar pruebas fabricadas para intimidar a los votantes, privar del derecho al voto a estadounidenses habilitados e incluso socavar o impugnar los resultados de las elecciones de noviembre, una maniobra clásica de Trump”.
CNN se comunicó con el DHS para solicitar comentarios sobre el informe del denunciante.
El Gobierno de Trump ha defendido ampliamente sus esfuerzos al afirmar que su objetivo es garantizar que solo voten las personas que legalmente tienen derecho a hacerlo.
Los materiales de capacitación instruían a los agentes a utilizar los portales estatales de registro electoral para obtener información sobre sus objetivos y les indicaban —posiblemente en violación de las leyes estatales— que se hicieran pasar por los votantes para consultar sus registros electorales. Cuando los agentes expresaron preocupación de que utilizar los portales estatales de esa manera pudiera ser ilegal, sus superiores les dijeron que “no eran personalmente responsables por realizar estas búsquedas cuando se efectuaran como parte de sus funciones oficiales y estuvieran debidamente documentadas”, según el informe.
“Si esta iniciativa es realmente legal, ¿por qué los líderes del DHS tienen que prometerles a sus funcionarios que no serán responsabilizados? Eso dice mucho”, afirmó Padilla.
A los funcionarios se les ha impuesto una cuota de revisar al menos a 40 personas por día, lo que los obliga a confirmar su identidad, ciudadanía y antecedentes de votación e inscripción en cuestión de minutos, un ritmo que agrava el riesgo de que votantes habilitados sean investigados por error, sostuvo la denuncia del informante.
El domingo, los demócratas del Senado enviaron una carta al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en la que le exigieron que pusiera fin a la operación. El uso de los portales estatales fue informado por primera vez por The New York Times a principios de septiembre.
Las acusaciones surgen en medio de un nuevo aumento de las investigaciones sobre fraude electoral en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que CNN informó por primera vez hace dos semanas, mientras el departamento señala su papel como impulsor clave de la agenda electoral de Trump.
Las deficiencias de precisión en los registros federales de ciudadanía que los agentes utilizan para identificar a posibles votantes que no son ciudadanos son ampliamente conocidas y se reconocen incluso en los materiales de capacitación, según alega el informe del denunciante. Sin embargo, se instruye a los agentes para que sigan adelante, incluso cuando persisten vacíos importantes en los datos. En un momento de un video de capacitación, el instructor dice que podría añadirse posteriormente información clave al registro, “mediante magia complementaria”, según extractos de la transcripción de la capacitación publicados junto con el informe.
El denunciante está representado por Democracy Defenders, una organización que se ha opuesto ante los tribunales a muchas políticas de Trump.
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Con información de Morgan Rimmer, de CNN.
