De la Espriella intenta aplicar en Colombia el estilo de Bukele. No es un objetivo sencillo

Por Fernando Ramos, CNN en Español

Abelardo De la Espriella prometió en campaña que, de ser elegido, su prioridad sería combatir a los grupos armados ilegales, el narcotráfico y el terrorismo. Y así ha arrancado su mandato, con un estilo que se asemeja al impulsado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

En sus primeros casi dos meses de Gobierno, De la Espriella ha concretado operativos militares y de policía que han asestado duros golpes contra la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), también contra las llamadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS) y bandas organizadas al servicio de los carteles de las drogas.

“Les prometí enfrentar el terrorismo sin contemplaciones y estoy cumpliendo. No vine a contemporizar con asesinos, extorsionistas y reclutadores de menores. Vine a derrotarlos con toda la fuerza legítima de las armas de la República y el imperio de la ley”, dijo De La Espriella el 1 de septiembre tras un operativo militar en el departamento del Guaviare y en donde se le vio caminando entre los cuerpos de los presuntos guerrilleros abatidos.

El mandatario colombiano, que se ha mostrado en medio del despliegue de las Fuerzas Armadas en Santa Marta y Cali con una pistola al cinto, ha anunciado la construcción de 10 megacárceles para llevar allí a peligrosos delincuentes que actualmente están en prisiones de mediana seguridad. Entre sus planes inmediatos también está el reinicio de las fumigaciones a los cultivos de hoja de coca y ya ha realizado varios bombardeos a campamentos de presuntos guerrilleros en las selvas del sur del país.

En su manera de comunicar resultados, el mandatario colombiano también tiene un estilo muy similar al de Bukele. Prefiere las redes sociales a los medios tradicionales y su equipo asesor publica piezas de video bastante elaboradas que apelan a la emoción para llevar el mensaje a los ciudadanos.

“Yo creo que Bukele hizo su propio manual del manejo de comunicaciones, y fue pionero en esto de la estrategia del poder desde lo digital. Él comenzó a invitar a los youtubers y no a los periodistas a las ruedas de prensa y empezó a trabajar más con influencers que con los medios tradicionales”, dijo a CNN Andrés Guzman Caballero, quien estuvo tres años en el círculo más cercano de Bukele como comisionado de derechos humanos en El Salvador. “Yo creo que eso demostró que podía llegar más directamente a la gente que a través de la radio, la televisión o la prensa escrita. Con el plus, para él y su propósito, de llevar su mensaje sin filtros editoriales”, añadió el abogado colombiano experto en ciberinteligencia, que conoce desde adentro lo que llamó “el método Bukele” en un libro de su autoría.

Desde la oposición varios sectores políticos ven con preocupación la política de seguridad que ha empezado a implementar el nuevo Gobierno. “Todo esto sería cómico de no ser por las nefastas consecuencias para la sociedad colombiana. Una política que exhibe la inhumanidad propia de los regímenes totalitarios, exhibe los cadáveres como trofeos, amenaza con detenciones masivas, anuncia que desatará una amplia y sistemática violación de los derechos humanos; amenaza con cárcel y represión la movilización social y la protesta amparadas por la Constitución; amenaza y estigmatiza a la juventud colombiana; hace sonar tambores de guerra contra la sociedad”, sostuvo en un comunicado público el senador Iván Cepeda, del partido de izquierda Pacto Histórico, quien disputó en junio la presidencia en segunda vuelta contra De La Espriella.

Algunos analistas, como el exasesor de Seguridad Nacional Jaime Arango, consideran que aún es muy pronto para evaluaciones y juicios de valor. “Abelardo De La Espriella está siendo consecuente con lo que prometió, aunque a algunos no les guste su estilo. Empiezan a compararlo con Bukele, pero son dos personajes muy distintos”, dijo Arango a CNN. “Lo que pasa es que venimos de cuatro años de un gobierno de izquierda que fracasó con la llamada ‘paz total’ y dejó crecer el fenómeno de la violencia. Y a este Gobierno le toca empezar a mostrar resultados en la lucha contra los grupos armados porque eso fue, en parte, lo que muchos colombianos expresaron en las urnas como un clamor urgente”.

“El punto de coincidencia entre Bukele y De La Espriella reside en la concepción del estado de derecho frente al combate contra la criminalidad. Ambos entienden la seguridad no como una política sectorial, sino como la condición previa para la existencia misma del contrato social”, agregó el exasesor de seguridad nacional.

De La Espriella ha ordenado el traslado de peligrosos delincuentes a cárceles de máxima seguridad porque sostiene que muchos de ellos continúan delinquiendo desde los penales. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), por orden del mandatario, les ha obligado a cortarse el cabello y a usar de manera permanente uniformes. También han llevado a cárceles comunes a civiles condenados por delitos relacionados con hechos de corrupción y a exfuncionarios del estado que cumplen condenas por diversas conductas contra el patrimonio público. Muchos de ellos gozaban hasta ahora de privilegios, como cumplir sus condenas en guarniciones militares o estaciones de policía.

“Este es el principio que debe orientar nuestro sistema penitenciario: la condena se cumple con disciplina y rigor, pero la resocialización también se construye con trabajo, responsabilidad y servicio a la comunidad. Detrás de los muros, quien demuestre una voluntad genuina de reinsertarse en la legalidad encontrará oportunidades reales para reconstruir su camino y aportar a la sociedad”, dijo De La Espriella el 13 de septiembre.

Para Guzmán, las cárceles, por sí mismas, no son la solución al problema de la criminalidad. “La gente tiene la percepción de que lo que hizo el presidente Bukele fue hacer cárceles grandes, capturar a todos los malos y meterlos presos y se arregló el país. Y no fue así de sencillo”, dijo el excomisionado de derechos humanos del gobierno de Bukele. “Es un error gravísimo y fatal que cometió Ecuador, por ejemplo, y este Gobierno debe aprender de esas lecciones.

El especialista considera que lo más importante en el momento actual de Colombia es reestructurar los aparatos de inteligencia del Estado para poder “entender, infiltrar y atacar de manera eficiente los fenómenos criminales”.

“El modelo de El Salvador no aplica de manera idéntica en Colombia, por el número de habitantes, por la extensión territorial, por la diversidad de los grupos armados”, dijo Guzmán.

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) construido por Bukele en San Salvador es una infraestructura penitenciaria que muchos gobiernos ven como un modelo a seguir. De La Espriella lo promueve en Colombia como respuesta a la delincuencia organizada. En ambos discursos, las penas no cumplen solo una función resocializadora, sino disuasiva y de neutralización drástica. El CECOT ha sido objeto de numerosos cuestionamientos por parte de organismos de defensa de los derechos humanos, aunque el Gobierno de Bukele ha desestimado reiteradamente esas denuncias.

“En Colombia, las cárceles no serán centros de operaciones del delito. La justicia se hará respetar y la ley se cumplirá con todo su peso”, advirtió De La Espriella el 5 de septiembre.

La política de “mano dura” del jefe de estado ha sido cuestionada por varios sectores, que ven con preocupación la forma en que se están mostrando los resultados contra los grupos criminales en el país. “El Estado y el Gobierno no pueden entrar en una competencia por demostrar quién puede ser más cruel. Precisamente porque es el Estado, su actuación tiene límites”, dijo en un pronunciamiento público Iris Marín, Defensora del Pueblo de Colombia. “Enfrentar militarmente a los grupos armados ilegales y proteger a la población es un deber constitucional. Pero incluso en la guerra hay límites, y la dignidad humana no desaparece con la muerte”.

Por el momento, De La Espriella continúa con su estilo de Gobierno a pesar de varios fallos judiciales que han frenado temporalmente algunos de sus planes, como la fumigación a los cultivos ilícitos por dudas sobre la peligrosidad de los químicos que eventualmente se utilizarían, la exhibición en público en bolsas de plástico con los cuerpos de presuntos guerrilleros y paramilitares muertos en combates y la prohibición de bombardeos a campamentos en donde se sospeche que hay presencia de menores de edad reclutados por grupos armados al margen de la ley.

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