Ni “estilo Bukele” ni “designaciones de terrorismo”: así desafía a Lula y Bolsonaro la principal inquietud de los brasileños

Por Sol Amaya, CNN en Español

Construir megacárceles, aplicar el “modelo Bukele”, designar a los grupos criminales como organizaciones terroristas: en casi todos los países de América Latina corren estas propuestas para intentar responder a la demanda de la sociedad ante los altos índices de crimen y violencia. Y estas ideas son más efervescentes cuando hay campaña electoral. Brasil, que este domingo celebrará elecciones presidenciales, no es la excepción en cuanto a estas apuestas. Sin embargo, las características específicas del crimen organizado en el vasto territorio brasileño exigen una respuesta bastante más compleja, dicen los especialistas consultados por CNN.

Este domingo, más de 158 millones de brasileños estarán habilitados para votar en las elecciones generales de Brasil, donde se elige al próximo presidente y se renueva parte del Congreso y de los gobiernos estatales.

“Las encuestas muestran que la seguridad es la principal preocupación de los electores”, dice a CNN Gabrien Funari, que dirige el Observatorio de economías ilícitas en la cuenca amazónica de Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), una organización que investiga el crimen organizado. Y eso tiene sentido: “Hay estudios que muestran que en Brasil entre 50 a 70 millones de personas viven en localidades donde la autoridad de gobernanza es un grupo criminal. El grupo que establece reglas, que resuelve disputas entre comunidades”, explica el especialista, y resalta: “Estamos hablando de por lo menos el 25 % de la población brasileña”.

De hecho, una encuesta de Quaest de agosto detectó que el 33 % de los brasileños consideraba la violencia como el principal problema del país.

Para entender el panorama del crimen en Brasil, hay que hablar de las principales organizaciones criminales que operan en el país.

Las dos más grandes y poderosas son el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). Ambas agrupaciones tienen su origen en las cárceles, y allí radica parte de la problemática en cuánto a cómo combatirlas.

Según datos de Prison Insider (a 2024), Brasil cuenta con 850.377 personas privadas de libertad, lo que lo sitúa como el tercer país con mayor población carcelaria del mundo, distribuida entre sistemas estatales y el sistema federal. La tasa de ocupación es de 131 %, y esto representa un gran problema de hacinamiento en las prisiones, que deriva en situaciones de violencia, abusos y otros delitos en el interior de las cárceles. También de una gran influencia de las propias bandas criminales en el manejo de las prisiones.

El PCC, concretamente, nació en las cárceles de San Pablo en la década del 90. Su origen está vinculado a la masacre que tuvo lugar en la prisión de Carandiru, en 1992, donde unos 100 presos murieron a manos de las fuerzas de seguridad durante un motín. Tras este hecho, un grupo de presos conformaron el PCC para reclamar justicia y mejores condiciones en las cárceles. Pero pronto la agrupación pasó a ser un actor criminal, ahora consolidado. Su fortaleza está en San Pablo, pero ha logrado expandirse a nivel nacional y también a nivel internacional. Además, mantiene acuerdos con otras pandillas gracias a su liderazgo verticalista.

El Comando Vermelho surgió en la década de 1970 en una prisión de Ilha Grande, durante la dictadura militar brasileña (1964-1985). Allí estaban recluidos presos comunes junto a guerrilleros de izquierda y disidentes políticos, lo que fomentó una alianza para protegerse de la brutalidad de los guardias y la violencia interna, de acuerdo con Insight Crime, una organización no gubernamental que se dedica a analizar el fenómeno de la criminalidad en América Latina y el Caribe.

Pero con el paso del tiempo, la milicia llamada “Falange Vermelha”, influenciada por ideales de justicia social, evolucionó hacia una estructura criminal organizada.

El intento de las autoridades de desarmar la agrupación separando a sus líderes en diferentes prisiones solo ayudó a expandirla por todo el sistema carcelario brasileño. La presencia de CV es más fuerte en Rio de Janeiro, pero también se ha expandido considerablemente por el resto del país, con múltiples células.

Los dos grupos mantuvieron una alianza por años que se quebró en 2016. Esto generó una ola de violencia en las cárceles del país, e incluso en el extranjero, como un sangriento motín en 2021 en una cárcel de Paraguay donde hay miembros de las dos bandas.

CV también se enfrenta a la competencia de dos pandillas que surgieron como grupos disidentes: el Tercer Comando Puro (Terceiro Comando Puro) y Amigos de los Amigos.

Narcotráfico y contrabando de armas son la base del PCC y el CV, pero sus negocios se fueron expandiendo hacia la extorsión, secuestros, préstamos usureros y el robo de camiones blindados.

Y en esta compleja trama se suman las milicias, integradas en gran parte por policías y expolicías, que surgieron en principio para combatir el narcotráfico, pero hoy tienen sus propios negocios ilícitos, con violencia y extorsión en los barrios de las distintas ciudades donde operan, según los expertos consultados por CNN.

Además del difícil entramado criminal, Brasil también tiene una extensión territorial con características que hacen aún más complicado el control del Estado sobre la delincuencia.

Para empezar, comparte frontera con 10 países y un territorio ultramarino (la Guayana Francesa). Muchas de estas fronteras han demostrado ser demasiado porosas para la circulación de los negocios ilícitos. Brasil también tiene varios puertos importantes, por donde entra y sale el tráfico de drogas, especialmente de cocaína.

Y su geografía, con muchas bondades en cuanto a recursos naturales, también la hace territorio fértil para el crimen organizado: la mayor parte de la cuenca del Amazonas está en Brasil y esto atrae a traficantes de fauna silvestre, de madera y a la minería ilegal.

Funari señala dos grandes problemáticas en Brasil. “La primera es la nacionalización de los grandes grupos criminales. Estos no solo participan en el tráfico de droga a nivel nacional, comprando y vendiendo a países vecinos. También se están especializando en tráfico internacional, sobre todo traficando a Europa”, sostiene el especialista.

Pero, fundamentalmente, esos tres grandes grupos (PCC, CV y Terceiro Comando Puro) no son más asociaciones criminales clásicas: cada vez más operan como grandes empresas transnacionales, explica Funari. “Diversificaron su portfolio: minería ilegal de oro, real state, criptomoneda. Participan de varios negocios legales e ilegales y así crecen tanto a nivel nacional como internacional”.

El segundo problema es que el ecosistema del crimen organizado en Brasil es extremadamente variado, como se mencionó anteriormente. “A los grupos tradicionales y las milicias se suman actores del sector privado que cometen fraudes a escalas monumentales”, dice Funari, y resalta:” Ya no hablamos solo de pandillas que trafican droga”.

En la misma línea opina Bram Ebus, consultor de Crisis Group para América Latina, organización no gubernamental dedicada al análisis y prevención de conflictos globales. “Uno de los mayores desafíos es que el crimen organizado ya superó su rol tradicional, el de ejercer coerción a través de las armas. Vemos cómo ha logrado penetrar el sector público. Además maneja economías que superan los presupuestos estatales destinados a combatirlo”, destaca Ebus. “Pero también ha sabido entrar en el sector privado. Es dueño de negocios lícitos que muchas veces sirven para lavar, por ejemplo, las ganancias del narcotráfico”.

Por su parte, Sandra Pellegrini, experta del Proyecto de Ubicación y Datos de Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés), dice que la expansión criminal “ha contribuido a fragmentar aún más el panorama delictivo de Brasil, ya que los grupos criminales buscan formar nuevas alianzas con grupos locales, y está alimentando disputas violentas”.

Como ejemplo, Pellegrini dice que en 2026, el Comando Vermelho ha seguido expandiéndose, especialmente en los estados del norte y noreste del país, “lo que ha provocado un repunte de la violencia en varios estados, como Pará, donde los niveles de violencia registrados por ACLED en lo que va de 2026 ya superan los de todo 2025, o en el vecino Maranhão”.

“A medida que aumenta el número de actores y territorios en disputa, resulta más difícil encontrar formas duraderas de reducir la violencia”, detalla la especialista.

A la vez, menciona otra amenaza latente: el uso de drones y explosivos. “Aunque todavía no es una táctica generalizada entre los grupos criminales brasileños, esta tendencia ha ido en aumento en toda la región, especialmente en Colombia y México, y existe un riesgo real de que los grupos brasileños recurran cada vez más a estos métodos, lo que exigirá una adaptación significativa por parte de las fuerzas del orden”.

Un estudio de ACLED estima que al menos el 34 % de la población de Brasil vive a menos de 5 km de un incidente violento registrado. “Y, aunque la proximidad no significa que todo el mundo haya experimentado el incidente directamente, pone de relieve que la violencia sigue formando parte de la realidad cotidiana de una proporción significativa de la población”, dice Pellegrini.

Por eso tanto Lula Inacio Da Silva, que aspira a un cuarto mandato como presidente, como Flavio Bolsonaro, que busca continuar con el legado de su padre, han dirigido buena parte de su campaña a prometer soluciones a esta preocupación de la gente.

Lula se enfocó en reorientar las operaciones hacia las cúpulas de las organizaciones criminales. “Quitándoles el dinero es como vamos a acabar con el crimen organizado”, insistió el presidente y candidato. Los expertos consultados por CNN señalan que el actual Gobierno ha tomado varias medidas en ese sentido, algunas de las cuáles han tenido cierto efecto positivo, pero consideran que este tipo de políticas ven sus resultados en el largo plazo. Algo que no suele tener un impacto directo en los votantes cuando hay campaña.

En el otro extremo, Flávio Bolsonaro apuesta a la línea dura, tal como lo hizo su padre durante su presidencia. Entre otras cosas, promete reducir la edad de responsabilidad penal y endurecer la respuesta a los delitos violentos.

E incluso ya respaldó algo a lo que el Gobierno de Lula se oponía: la designación de los principales grupos criminales de Brasil como organizaciones terroristas por parte de EE.UU.

Esta designación se concretó en mayo, tras lo cual Bolsonaro agradeció a Trump por lo que describió como una respuesta a su pedido.

Sobre esta designación, Ebus dice que “se trata sobre todo de grupos dedicados al narcotráfico, cuyas rutas se dirigen principalmente hacia África y Europa, entonces no a Estados Unidos”.

“La medida también es política, y muchos políticos en Brasil sostienen que es una forma de Washington de intervenir en los asuntos internos del país”, dice el especialista, y agrega: “Lo que es interesante: hoy Brasil castiga con más dureza el control territorial ejercido por facciones criminales violentas que el propio terrorismo, aunque la simple pertenencia a una organización criminal sigue teniendo penas mucho menores”.

Para Pellegrini, de ACLED, “una cuestión pendiente es si la incorporación de Brasil al Escudo de las Américas, liderado por Estados Unidos, como ha propuesto Flávio Bolsonaro, supondría una ventaja significativa para combatir las redes criminales transnacionales”. La experta destaca, sin embargo, que “la reciente cooperación transfronteriza de Lula con Perú ha demostrado que dicha cooperación también es posible fuera de ese marco”.

Para Ebus, lo primordial es cortar los flujos financieros de las organizaciones criminales, sus bienes y la infraestructura que les permite llevar adelante los delitos. Además de atender las cuestiones sociales que empujan a poblaciones marginadas a participar de economías ilícitas como modo de supervivencia.

Por su parte Funari considera que “el debate del crimen organizado en el contexto actual de la campaña está muy conectado con el tema de la designación de terrorismo de EEUU.” que “si bien es un asunto importante, no es el fondo de la cuestión”.

“Brasil tiene un marco normativo muy fuerte para combatir la criminalidad. Incluso el Gobierno recientemente lo ha fortalecido aún más”, sostiene el especialista. “No son más leyes lo que falta. El problema es nuestra unidad federativa. Tenemos 27 estados y el Gobierno Federal tiene poco espacio para establecer un marco general que entre en los estados”.

Es decir, para Funari es un problema de implementación, no de normativa. “La cooperación entre instituciones para adaptarse a esa realidad es muy difícil, los operativos en conjunto con autoridades locales son muy difícil en términos prácticos”, explica.

Lo mismo sostiene Pellegrini, de ACLED: “La coordinación entre los distintos actores de seguridad en los ámbitos federal, estatal e incluso municipal sigue siendo un desafío cuando los grupos criminales operan en varias de sus jurisdicciones”. Y añade: “A una escala mucho mayor, el problema también se está extendiendo más allá de las fronteras de Brasil”.

Sin embargo, Funari reconoce que el discurso de mano dura sigue siendo electoralmente popular. “Es la respuesta inmediata y tal vez más palpable para la gente que quiere una solución a algo urgente de su vida cotidiana, tiene sentido. Pero el desafío es lograr una solución integral” y a largo plazo.

Y es justamente ese desafío el que quedará en manos de quien quede a cargo de la presidencia de Brasil tras estas elecciones.

Gonzalo Zegarra y Alexandra Freitas colaboraron con este reporte

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