Nueve víctimas a lo largo de muchos años: estas son las claves de la acusación contra Nicolás Maduro y Cilia Flores
Por Mauricio Torres, CNN en Español
El Gobierno de Estados Unidos acusó este jueves al derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, de ser responsables de una conspiración para torturar a ciudadanos estadounidenses y venezolanos.
La acusación fue presentada ante la corte del Distrito Sur de Nueva York y difundida por el Departamento de Justicia, que atribuyó a la pareja haber encabezado “un sistema de represión que se basó en la violencia contra opositores políticos, la detención arbitraria y la tortura de detenidos, incluyendo a ciudadanos de Estados Unidos”, informó la institución en un comunicado.
Estos nuevos cargos por conspiración para cometer tortura se suman a los que Washington presentó contra Maduro y Flores en enero, tras su captura en un operativo militar en Caracas. En aquella ocasión, ambos fueron acusados de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína e ilícitos relacionados con armas, delitos de los que se declararon inocentes.
Barry J. Pollack, abogado de Maduro, dijo a CNN este jueves que su cliente “rechaza los cargos en esta nueva acusación y espera con ansia su día en la corte”. Mark E. Donnelly, representante de Flores, aún no ha respondido a la solicitud de comentarios.
El pliego de acusación sostiene que, incluso desde antes de que Maduro asumiera la presidencia de Venezuela en 2013, él y Flores aprovecharon su posición política para enriquecerse a través de actos de corrupción y alianzas con narcotraficantes y organizaciones a las que Estados Unidos considera terroristas, como la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Tren de Aragua y varios carteles de México.
Ya Maduro había rechazado estos señalamientos. En varias ocasiones, ha dicho que las afirmaciones de autoridades de Estados Unidos de que tiene vínculos con el narcotráfico no tienen sustento y que buscaban justificar acciones militares contra Venezuela.
La acusación también señala que la pareja construyó una base de apoyo entre funcionarios y fuerzas de seguridad gracias al reparto de ganancias ilícitas, pero que enfrentaba un fuerte rechazo de la oposición y de varios sectores sociales, a los que la pareja y su círculo cercano respondieron, según los fiscales, con represión.
“Aproximadamente, entre 1999 y 2025, miles de venezolanos fueron acosados, amenazados, arrestados, procesados, atacados, torturados o asesinados por individuos que ostentaban la autoridad del Estado venezolano para asegurar que Maduro Moros y Flores de Maduro permanecieran en el poder”, dice el documento.
“Maduro Moros y Flores de Maduro usaron unidades militares, colectivos y grupos narcoterroristas involucrados en el tráfico de drogas para detener y torturar a sus víctimas. Esta violencia y represión aumentaron alrededor de periodos de inestabilidad política en los que el poder de Maduro Moros y Flores se veía amenazado”, agrega.
En este marco, se detallan los casos de ciudadanos estadounidenses y venezolanos que presuntamente fueron detenidos de forma indebida y, en muchos de ellos, torturados por las autoridades del país sudamericano. Aunque el documento da fechas y describe circunstancias, no menciona los nombres de ninguna de las presuntas víctimas.
El Departamento de Justicia señala el caso de seis ejecutivos de una empresa petrolera que fueron detenidos en noviembre de 2017 en Venezuela, donde fueron acusados y condenados por cargos de corrupción. Cinco de ellos eran ciudadanos estadounidenses.
El arresto de estas personas, dice el documento, se produjo justo cuando el Gobierno de Venezuela acusaba al de Estados Unidos de tratar de desestabilizar al país. Maduro dijo que los implicados, liberados en un intercambio de prisioneros en 2022, habían realizado negocios irregulares para favorecer a gente cercana a Washington.
Otro caso mencionado es el de un ciudadano estadounidense que fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y por otros funcionarios al entrar a Venezuela en enero de 2022. Según la acusación, el hombre fue llevado a una casa “donde lo torturaron repetidamente en el curso de dos o tres días”.
CNN contactó al Ministerio de Defensa de Venezuela y a la DGCIM para pedir comentarios y espera respuesta.
“Fue falsamente acusado, entre otras cosas, de participar en una conspiración para asesinar a Nicolás Maduro Moros”, dice la acusación. Agrega que fue trasladado a la prisión de Boleíta Norte, en Caracas, donde la tortura continuó con descargas eléctricas en varias partes del cuerpo, golpes, asfixia y privación de agua y de comida. Al final, tras pasar ocho meses y medio recluido, fue liberado y regresó a Estados Unidos en octubre de 2022.
También figura el caso de un ciudadano estadounidense detenido por la DGCIM en agosto de 2023. Según el documento, había viajado a Venezuela para ver a su familia, pero fue golpeado, hospitalizado y posteriormente trasladado a Boleíta Norte.
Ahí, nuevamente recibió golpes y fue torturado, siempre según la acusación, y uno de sus captores le dijo en una ocasión que la única razón por la que seguía vivo era que, debido a su nacionalidad, “podría ser útil en un intercambio de prisioneros con Estados Unidos”. El documento no detalla el estatus actual de esta persona.
El caso más reciente relacionado con ciudadanos estadounidenses data de 2025. Según la acusación, a finales de enero de ese año, días después de que Maduro comenzara su último mandato presidencial, un ciudadano estadounidense fue detenido mientras la DGCIM buscaba a otra persona.
Los funcionarios lo llevaron a las instalaciones de la DGCIM, donde lo golpearon repetidamente durante dos días, según el documento. Casi un año después, en enero de 2026, lo llevaron al aeropuerto para liberarlo. A él y a otro estadounidense, quien también había sido detenido en circunstancias aparte, les advirtieron que “no tenían permitido decir que el Gobierno venezolano los había lastimado o sometido a abuso”.
La acusación también describe varios casos de ciudadanos venezolanos que presuntamente fueron víctimas de tortura, algo que, dice, era más común en contextos como las épocas de protestas sociales o las contiendas electorales.
Un caso, señala, es el de un militar que fue detenido en 2013 porque, según el Gobierno de Venezuela, era cercano a un exfuncionario que se había vuelto opositor al fallecido presidente Hugo Chávez. Según el documento, el propio Maduro ordenó secuestrarlo y presionarlo para que diera información sobre dicho opositor y, tras dos semanas de tortura, fue obligado a grabar una confesión falsa. Luego fue liberado cerca de la frontera con Colombia.
Otro caso citado por el Departamento de Justicia data de enero de 2018, cuando, según la acusación, fue detenido un hombre que mantenía una relación cercana con un funcionario de seguridad que también se había vuelto opositor al Gobierno. La acusación señala que el individuo fue arrestado y torturado porque el funcionario de seguridad supuestamente había robado armas de una estación militar y las autoridades querían dar con él.
El documento dice que fue liberado alrededor del 12 de enero de 2018 sin haber dado información sobre la ubicación del funcionario de seguridad “porque no sabía dónde estaba”. El funcionario de seguridad murió en un operativo pocos días después. Mientras tanto, el hombre que había sido detenido trató de salir de Venezuela, pero fue reaprehendido por la DGCIM.
“Fue transferido a una prisión militar donde se le mantuvo en confinamiento solitario por más de un mes”, dice la acusación. Agrega que salió libre bajo fianza en marzo de ese año y, cuando pensó que podrían arrestarlo otra vez, huyó del país.
Desde que asumió la presidencia de Venezuela en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, Maduro y otros altos funcionarios negaron repetidamente que en Venezuela se cometieran violaciones a los derechos humanos, incluyendo actos de tortura. La Misión de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diversas organizaciones no gubernamentales han documentado lo contrario.
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