“Las obras comenzarán de inmediato”: tensión en una audiencia por la renovación que ordenó Trump de un campo de golf público

Por Tierney Sneed, Katelyn Polantz y Michael Williams, CNN

Uno de los enfrentamientos más tensos entre el Gobierno de Trump y el poder judicial federal en la ciudad de Washington alcanzó su punto álgido el lunes durante una audiencia maratónica sobre los planes del presidente para remodelar un campo de golf público, un asunto que lleva meses inmerso en litigios.

El lunes, Trump reafirmó su intención de cerrar y renovar el campo de golf en la ciudad de Washington, declarando que las obras comenzarían “DE INMEDIATO”, a pesar de que un juez había ordenado que se notificara con tres días de antelación el inicio de cualquier trabajo de construcción.

En una publicación en Truth Social, Trump escribió que el Gobierno no “necesita aprobación” alguna para proceder con las obras.

“¡Está previsto que los trabajos comiencen DE INMEDIATO! El resultado final será de clase mundial y devolverá ingresos y un gran prestigio a la ciudad de Washington”, afirmó.

Al final de la jornada, Trump seguía mostrando su indignación al respecto.

Poco antes de la medianoche, el presidente publicó en Truth Social: “‘La Isla de la Basura’ —así llaman al campo de golf de la ciudad de Washington, que se encuentra en un estado ruinoso y deteriorado— es objeto de un litigio frívolo ante el sistema judicial estadounidense. El caso está en manos de un juez que parece no desear la grandeza para nuestra capital ni para nuestra nación (¿quién sabe?). El lugar ha estado tan mal gestionado durante décadas que se ha convertido en un proyecto totalmente inviable e inseguro”.

Añadió que su plan “¡transformará la ‘Isla de la Basura’ en una isla de belleza y éxito!”.

Sin embargo, el sueño de Trump de renovar el campo de golf East Potomac ya es objeto de una batalla legal, pues grupos conservacionistas y golfistas buscan impedir que el presidente modifique este espacio público.

El caso podría parecer relativamente menor en comparación con otras batallas legales de gran alcance que marcan el segundo mandato de Trump. No obstante, el litigio ha requerido la intervención de destacados abogados del Departamento de Justicia, quienes han intentado defender las actuaciones de los funcionarios gubernamentales a cargo del campo de golf, procurando desvincularlas de las declaraciones públicas del presidente sobre sus intenciones para el lugar. La jueza de distrito Ana C. Reyes, quien supervisa el caso, emitió una orden la semana pasada que exige al Gobierno notificar con al menos tres días de antelación cualquier “modificación irreparable” en el campo.

Reyes y el tercer funcionario de mayor rango del Departamento de Justicia, el fiscal general adjunto Stan Woodward, protagonizaron varios enfrentamientos en torno a la información que la jueza exigía a la administración. Desde el lunes pasado, el eje del caso ha girado, en gran medida, en torno a la retirada de más de 400 árboles del parque a principios de este mes.

Sin embargo, la audiencia del lunes derivó rápidamente en una disputa sobre lo que Trump escribió en redes sociales: la capacidad del Departamento de Justicia para defender las afirmaciones realizadas ante el tribunal por el Servicio de Parques Nacionales, y hasta qué punto puede llegar un tribunal federal de primera instancia a exigir respuestas al poder ejecutivo.

“No sé qué hacer cuando recibo versiones contradictorias”, señaló Reyes a Woodward al comienzo de la audiencia, en un momento de gran tensión.

“Por un lado, tengo al presidente de Estados Unidos diciéndole al pueblo estadounidense… que existe un plan definitivo”, planteó Reyes horas más tarde, durante la misma audiencia del lunes. “Por otro, ustedes me dicen —y los testigos afirman lo mismo— que no hay ningún plan definitivo… ¿en qué quedamos?”.

Robert Stander, abogado del Departamento de Justicia encargado de exponer la mayor parte de los argumentos legales del Gobierno, tuvo dificultades para responder directamente a la pregunta. Reyes rechazó sus intentos de equiparar las publicaciones en redes sociales con un decreto que, según él, no constituía una decisión definitiva, sino simplemente el inicio de la labor de una agencia en un proyecto determinado.

Hacia el final de la audiencia, Woodward retomó el tema y aseguró a Reyes que “no existe ningún plan para cerrar el campo, entendiendo el término en su sentido literal”.

Asimismo, señaló a la jueza que pedir a Stander —un abogado de menor rango que no ha sido ratificado por el Senado— que contradiga al presidente, coloca a su colega en una situación “difícil”.

Reyes está evaluando si emitir una orden de mayor alcance que limite las acciones que el Gobierno puede llevar a cabo en el campo, incluida la tala de más árboles. La semana pasada, Reyes presidió una audiencia tensa en la que manifestó estar “furiosa” con la administración por haber talado cientos de árboles sin el aviso correspondiente. El Gobierno alegó que dichas talas formaban parte de labores de mantenimiento rutinarias, sin relación alguna con ningún plan de renovación del campo de golf. Reyes ordenó que no se talaran más árboles antes del 26 de octubre.

El viernes, el Departamento de Justicia presentó una moción solicitando la recusación de Reyes en el caso, acusándola de sentir “desprecio por la administración Trump”. Durante el fin de semana, Reyes rechazó dicha moción y refutó las acusaciones formuladas por el Gobierno en su contra.

En una publicación realizada el lunes en Truth Social, Trump calificó a Reyes de “lunática desquiciada”.

El campo de golf es uno de los varios proyectos de renovación en los que Trump está trabajando en Washington. El deseo del presidente de transformar este campo público en uno de nivel profesional —una renovación que podría costar entre US$ 20 millones y US$ 49 millones— ha provocado el malestar de quienes temen que esto elimine un espacio público y asequible para practicar golf en la capital de la nación.

En medio de los tensos intercambios entre el Departamento de Justicia y la jueza, se presentaron horas de testimonios de funcionarios gubernamentales encargados de supervisar los terrenos públicos federales, un proceso que convirtió la audiencia en un tedioso recorrido por los trámites burocráticos del Servicio de Parques Nacionales.

Varios funcionarios gubernamentales responsables de la supervisión del campo de golf afirmaron desconocer las declaraciones más recientes de Trump sobre el futuro de dichas instalaciones.

La directora interina del Servicio de Parques Nacionales, Jessica Bowron —quien autorizó la tala de más de 400 árboles este mes—, declaró que no tenía conocimiento de planes para cerrar East Potomac Park el próximo mes, ni había participado en conversaciones sobre la renovación del campo.

Tanto ella como otros funcionarios sostienen que la eliminación de los árboles se llevó a cabo siguiendo una directiva para implementar recomendaciones de 2019, destinadas a que el campo recuperara un aspecto similar al que tenía cuando fue construido originalmente; una propuesta recogida en un documento denominado “Informe sobre el Paisaje Cultural” (Cultural Landscape Report).

Reyes señaló que, a su juicio, dicha explicación no es más que un pretexto para ofrecer a la administración una justificación con la que iniciar la renovación. El lunes, cuestionó a los funcionarios sobre la “coincidencia” de que el Gobierno se apresurara repentinamente a implementar una propuesta de hace siete años —centrándose, concretamente, solo en las recomendaciones para talar determinados árboles— justo cuando Trump exigía el comienzo de las obras de remodelación.

Greg Wischer, un funcionario de designación política en el Departamento del Interior que ha coordinado las directivas de Trump para “embellecer” la ciudad de Washington, testificó que encontró las recomendaciones paisajísticas de 2019 mientras realizaba investigaciones en los últimos meses sobre qué medidas podría adoptar su agencia para “limpiar” el campo de golf. Él sugirió que dichas labores de “limpieza” eran independientes del rediseño ordenado por Trump.

Las alegaciones de privilegio por parte del Departamento de Justicia le impidieron responder a varias preguntas sobre reuniones y conversaciones clave que precedieron a la retirada de los árboles. No obstante, su testimonio reveló que, desde hacía meses, venía recibiendo “propuestas conceptuales” para la renovación del campo, elaboradas por el célebre diseñador de campos de golf Tom Fazio y su hijo Gavin. Según su testimonio, Wischer vio por primera vez la representación gráfica —publicada por Trump el domingo de la semana pasada— cuando Gavin Fazio se la envió por mensaje a su teléfono personal.

Más adelante en la audiencia, Reyes preguntó a Stander si existía algún contrato con los Fazio para remodelar el campo. Ante la respuesta de Stander de que desconocía el dato, Reyes planteó la misma pregunta a los demás abogados presentes en la mesa de la defensa.

Woodward intervino para aclarar que no existía tal contrato.

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