Una adolescente murió de inanición en Japón meses después de ser detenida. Su madre quiere justicia
Por Hanako Montgomery, Junko Ogura y Chris Lau, CNN
Durante los 18 días que Runa pasó en una celda policial en Japón, escribió sobre cuánto anhelaba volver a casa.
La adolescente echaba de menos la comida de su madre, sus abrazos y sus pequeños y cotidianos rituales de la vida en común: leer, ir de compras y cantar.
“Por favor, se lo ruego. Quiero ver a mi madre”, garabateó en una libreta que le dieron durante su detención, según pudo ver CNN.
El encarcelamiento de Runa —y su muerte meses después de su liberación— es ahora objeto de una demanda interpuesta por su madre contra la policía de la prefectura de Hyogo, en la que alega arresto y detención ilegales.
El proceso judicial se inició esta semana en un caso que ha puesto de relieve el trato que Japón dispensa a los menores sospechosos de delitos.
“Siento mucho lo que le pasó a Runa por no haber podido protegerla”, declaró a CNN entre lágrimas y con la respiración entrecortada Yoko, la madre de Runa, que usa un seudónimo por motivos de privacidad. CNN ha omitido el nombre completo de Runa a petición de su madre, por la misma razón.
Yoko afirmó que la policía japonesa retuvo a la joven de 16 años durante 18 días el año pasado bajo sospecha de agresión en la residencia que dirige para personas con necesidades especiales.
La policía se negó a hacer comentarios o compartir detalles de la denuncia, y CNN no ha podido verificar de forma independiente las acusaciones.
Yoko afirmó que su hija simplemente intentó impedir que un residente alterado mordiera a otros sujetándole la barbilla con la mano. Runa negó la acusación y nunca fue acusada.
Durante su encarcelamiento, Runa dejó de comer y, tras su liberación, le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático.
Su peso siguió disminuyendo y murió cinco meses después, pesando alrededor de 20 kilogramos, el peso promedio de una niña de 6 años.
Su madre soltera reclama 109 millones de yenes (US$ 700.000) en concepto de daños y perjuicios, alegando arresto y detención ilegales que, según ella, provocaron la muerte de Runa.
“Quiero que la policía y los fiscales reflexionen sobre su deber de cuidar a las personas y proteger a los ciudadanos, y de decir la verdad en los tribunales”, apuntó.
Japón tiene fama de practicar la “justicia de rehenes”, un término que se refiere a la detención de sospechosos sin cargos durante mucho más tiempo del que permitiría la ley en otros países, a menudo durante días, si no semanas.
Pero el país también cuenta con normas estrictas que rigen el trato que deben recibir los menores durante una investigación penal. Según la Ley de Menores de Japón, los menores solo deben ser encarcelados cuando sea “inevitable”.
Sin embargo, la abogada defensora Megumi Wada afirmó que el significado de “inevitable” nunca se había definido claramente y que estaba sujeto a la interpretación de las autoridades.
Según las estadísticas gubernamentales, más de 6.000 sospechosos menores de 20 años fueron detenidos en 2024, y de ellos, 4.000 permanecieron detenidos durante más de 15 días.
La decisión de negarle a Runa el acceso a su madre y de mantenerla detenida durante más de dos semanas ha desconcertado a los abogados, planteando dudas sobre si las medidas para proteger a los menores detenidos están funcionando.
Mikio Uehara, fiscal convertido en abogado defensor, afirmó que la muerte de Runa fue “sumamente trágica”. “Tengo serias dudas sobre si la detención era realmente necesaria”, añadió.
Al ser consultada sobre los motivos de la detención de Runa, la policía de la prefectura de Hyogo declaró que no haría comentarios sobre los detalles de casos individuales.
“Este asunto es actualmente objeto de una demanda pendiente por indemnización estatal, y la postura de la prefectura quedará clara ante el tribunal”, declaró un portavoz.
El Ministerio de Justicia de Japón ha rechazado reiteradamente las acusaciones de “justicia de rehenes”, afirmando que tiene debidamente en cuenta los derechos de las personas acusadas de delitos.
La familia gestiona una residencia de ancianos en la prefectura de Hyogo, situada al noroeste de Osaka, la segunda ciudad más grande de Japón.
Runa, que creció rodeada de personas que necesitaban cuidados especiales, era una “niña alegre” que aspiraba a hacerse cargo algún día de la residencia de ancianos familiar, según contó su madre.
“Aunque su vida fue corta, de tan solo 16 años, vivió cada día sin olvidar jamás la compasión y el cariño hacia los demás”, afirmó Yoko.
Pero la detención de Runa el 17 de junio del año pasado, cuatro meses después de la supuesta agresión, lo cambió todo.
La policía la detuvo en la residencia de ancianos y se la llevó antes de que su madre, que había regresado apresuradamente al centro al enterarse de la noticia, tuviera la oportunidad de verla, recordó Yoko.
Durante los siguientes 18 días, Yoko tuvo prohibido visitar Runa debido a una orden solicitada por la fiscalía —y concedida por un tribunal— ante la preocupación de que ella, como propietaria del centro, pudiera manipular las pruebas.
A través del abogado de Runa, supo que su hija no se alimentaba correctamente. Sin embargo, según declaró, nunca le informaron de la gravedad de la situación, ya que las autoridades rechazaron sus solicitudes de los registros de alimentación de Runa.
La noche anterior a su liberación, la adolescente se desmayó y fue trasladada de urgencia al hospital, según relató.
A la mañana siguiente, Yoko quedó conmocionada por lo que vio.
“Estaba hecha un esqueleto y salió gritando y llorando”, recordó Yoko.
“Su andar era tan débil que le costaba un esfuerzo enorme caminar tan solo 10 metros, ni siquiera 5”, mencionó, y añadió que tuvieron que llevarla en brazos hasta el coche.
Aparte de sus notas garabateadas, se conocen pocos detalles sobre la experiencia de Runa durante su detención, según su abogado, Yoshihiro Mukai.
“Cuando la conocimos, estaba abrumada por la ansiedad y preguntaba repetidamente qué sería de ella”, declaró Mukai a CNN sobre sus encuentros durante su detención.
Japón cuenta con centros —conocidos como Shonen Kanbetsu Sho— dedicados al alojamiento temporal de menores sospechosos.
Sin embargo, el abogado defensor Wada afirmó que rara vez se utilizan cuando la detención dura menos de dos semanas, lo que provoca que los menores se enfrenten a condiciones similares a las de los adultos.
No está claro por qué Runa no fue trasladada a un centro de detención juvenil después de las dos primeras semanas bajo custodia.
Wada también señaló otra peculiaridad en el caso de Runa. “Nunca he visto casos en los que los padres no pudieran ver a los sospechosos”, indicó.
Una directriz policial independiente exige que los investigadores hagan todo lo posible por atender las solicitudes de los menores sospechosos de estar acompañados por un adulto apropiado, como uno de sus padres, incluso durante el interrogatorio.
Sin embargo, este derecho no es absoluto, afirmó Tomonobu Ishida, profesor de derecho en la Universidad Meiji de Tokio.
“Se trata esencialmente de normas internas o directrices administrativas para la policía y, por lo tanto, no tienen fuerza jurídica vinculante”, explicó Ishida.
“Sin embargo, incluso suponiendo que existiera un riesgo real de destrucción de pruebas, personalmente me resulta difícil ver cómo un período de detención relativamente largo podría considerarse proporcionado, dada la naturaleza relativamente leve de la conducta alegada y el hecho de que era menor de edad”, apuntó Ishida.
Según Yoko, tras la liberación de Runa a principios de julio pasado, ella empezó a desconfiar de los adultos, incluidos los médicos y enfermeras que la atendían.
Yoko contó que intentaron darle alimentos que pudieran reanimarle el apetito —desde helado hasta frutos secos—, pero “todo le sentaba mal”. La desconfianza de Runa hacia el sistema complicó las labores para salvarla, ya que se negaba a ser trasladada al hospital.
La psiquiatra Mai Uchida afirmó que es fundamental no confundir a los adolescentes con una “versión en miniatura” de los adultos, ya que su control emocional y cognitivo aún está en desarrollo, lo que provoca que experimenten y procesen el estrés de manera muy diferente.
La muerte de Runa se atribuyó a la desnutrición derivada de un trastorno alimentario.
La pérdida de apetito es común después de eventos traumáticos, indicó, y agregó que no se puede revertir simplemente animando a la persona a comer más.
“Es ciertamente posible que el TEPT pueda causar dificultades funcionales en el sistema (gastrointestinal), así como alterar el apetito y provocar una pérdida de peso significativa, lo que estaría relacionado con la muerte”, comentó Uchida, profesora asociada de psiquiatría en la Facultad de Medicina de Harvard.
Las organizaciones de derechos humanos llevan tiempo advirtiendo sobre el estrés excesivo al que se ven sometidos los sospechosos en Japón durante su detención, desde tácticas de interrogatorio agresivas hasta la falta de acceso a abogados.
Algunos expertos legales afirman que la detención prolongada es demasiado frecuente, independientemente de la edad del sospechoso.
Según las estadísticas gubernamentales, en 2024, alrededor del 65% de los 85.040 adultos detenidos en Japón pasaron más de 15 días bajo custodia policial.
“Me resulta completamente incomprensible cómo se permite que se lleve a cabo una práctica así, y esta realidad más amplia también necesita una reforma urgente”, sostuvo el abogado Uehara.
Yoko espera que su lucha por obtener justicia en nombre de su hija pueda contribuir a impulsar el cambio.
“Ganar esta demanda significaría que, aunque Runa ya no esté físicamente aquí, servirá como prueba de que vivió y dejó un legado para reformar este sistema de justicia”, expresó.
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Si usted o alguien que conoce está lidiando con un trastorno alimentario, hay ayuda disponible. En Estados Unidos, llame gratis a la línea de ayuda de la Alianza Nacional para los Trastornos Alimentarios al 1-866-662-1235. En eatingdisorderhope.com encontrará una lista de directorios internacionales.
