Renuncia Harmeet Dhillon, quien dirigía la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia
Por Hannah Rabinowitz y Evan Perez, CNN
Harmeet Dhillon ha renunciado a su cargo como jefa de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, convirtiéndose en la primera funcionaria de alto rango en abandonar la administración desde las elecciones intermedias.
El secretario de Justicia Todd Blanche anunció su renuncia en una publicación en redes sociales, afirmando que ella ha “liderado la División de Derechos Civiles con convicción”.
“Ella ha defendido las libertades civiles de todos los estadounidenses y ha aplicado la ley sin temor ni favoritismos”, escribió Blanche en X. “El Departamento agradece su dedicado servicio público y le desea mucho éxito en sus futuros proyectos”.
Durante su año y medio como secretaria adjunta de Justicia, Dhillon transformó radicalmente la división en un intento por adaptar su labor a la era Trump, pasando de su trabajo tradicional de hacer cumplir leyes que fomentan el acceso a las urnas y la reforma policial, a combatir lo que ella ha denominado “ideología woke”.
En las últimas semanas, Dhillon —exasesora legal de la campaña del presidente Donald Trump— parecía quedar cada vez más relegada a un segundo plano mientras el departamento emprendía una serie de casos legales de alto perfil relacionados con las elecciones y de gran interés para el presidente.
“¿Dónde está Harmeet?”, preguntaba un funcionario republicano que trabajaba en algunos de los casos legales impulsados por el departamento para intentar respaldar las afirmaciones de Trump sobre intentos demócratas de robarse las elecciones.
Dhillon mantuvo una presencia destacada, aunque poco convencional, en las redes sociales; allí anunciaba iniciativas a la par que compartía su afición por el tejido, al tiempo que abrazaba causas de derecha, incluida la creación de una sección dedicada a la Segunda Enmienda y a la promoción de la tenencia de armas.
Deja tras de sí una división debilitada por la falta de personal: más del 75% de los integrantes de la División de Derechos Civiles fueron despedidos o renunciaron durante su gestión. Aunque reclutó a varios abogados conservadores para ocupar esas vacantes, dichas contrataciones estuvieron lejos de compensar la pérdida de décadas de experiencia y conocimientos sobre leyes de derechos civiles.
De hecho, el desmantelamiento de la División de Derechos Civiles fue parte del problema para Dhillon, ya que algunos conservadores se quejaban de que los abogados inexpertos de su sección no eran capaces de gestionar los casos remitidos a la división.
Dhillon no respondió por el momento a una solicitud de comentarios.
La salida de Dhillon se daba prácticamente por segura tras las elecciones, cuando los demócratas asumieron el control de la Cámara de Representantes y del Senado. Su control sobre la División de Derechos Civiles había ido disminuyendo durante meses, según funcionarios familiarizados con el asunto, en parte debido a sus repetidas derrotas judiciales y a la percepción entre sus colegas de que, si bien era hábil para anunciar iniciativas, resultaba menos eficaz a la hora de llevarlas a cabo.
Los mayores reveses judiciales que sufrió Dhillon se produjeron en sus intentos por acceder a los padrones electorales. Jueces de todo el país desestimaron las demandas con las que Dhillon pretendía ayudar a los estados a “depurar” sus listas de votantes eliminando a personas que no eran ciudadanas; los magistrados criticaron duramente lo que consideraban un intento de utilizar la ley para privar a los ciudadanos de su derecho al voto o para acceder a sus datos personales.
A medida que se acercaban las elecciones intermedias, Dhillon fue quedando progresivamente al margen de las iniciativas del departamento en materia electoral, según informaron fuentes a CNN. Con la proximidad de los comicios, fue el secretario adjunto de Justicia interino, Trent McCotter, y no Dhillon, quien suscribió las demandas de mayor repercusión.
Stanley Woodward, fiscal general asociado —con quien Dhillon mantenía una relación tensa—, asumió el papel principal en las comparecencias judiciales para defender las acciones legales de la administración.
No obstante, otras iniciativas que ella lideró tuvieron resultados desiguales. Por ejemplo, envió cartas y presentó demandas contra universidades a las que acusaba de antisemitismo generalizado y de discriminación —principalmente contra estudiantes blancos—, pero dichas gestiones rara vez se tradujeron en victorias judiciales, o incluso en la presentación formal de una demanda.
Algunas de las universidades se comprometieron a ayudar a erradicar el antisemitismo, pero diversas fuentes han señalado a CNN que el departamento apenas estableció un marco de actuación ni realizó un seguimiento adecuado del asunto.
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