ANÁLISIS | La investigación del 6 de enero enfrenta un eterno dilema: cómo hacer que Trump rinda cuentas
Mariana Toro
(CNN) — Donald Trump siempre parece salirse con la suya. Y está intentando hacerlo de nuevo.
El expresidente y sus apologistas republicanos en el Congreso están poniendo en marcha un nuevo esfuerzo para amortiguar las consecuencias de sus crímenes contra la democracia, enterrando la verdad sobre lo que ahora puede denominarse objetivamente un intento de golpe de Estado.
Informe detalla cómo Trump y un alto abogado del Departamento de Justicia intentaron anular las elecciones de 2020
Una serie de nuevos e impactantes detalles detrás de escena de los múltiples intentos de Trump de robar las elecciones de noviembre pasado están mostrando cuán peligrosamente cerca estuvo el país de un desastre constitucional en enero.
Un nuevo informe de los demócratas de la Comisión Judicial del Senado el jueves encontró que Trump intentó nueve veces que su Departamento de Justicia socavara las elecciones. El informe también detalla una reunión extraordinaria de tres horas en la Oficina Oval en la que Trump intentó ganar apoyo para un plan para instalar como secretario de Justicia interino a un leal, Jeffrey Clark, quien pensó que lo ayudaría a revocar las elecciones de 2020. Al final, se convenció al expresidente de no llevar a cabo la medida después de que le dijeron que provocaría renuncias masivas en el Departamento de Justicia. Trump indicó que tratará de hacer valer el privilegio ejecutivo para evitar que la comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga el ataque de su turba de partidarios en el Capitolio de Estados Unidos obtenga información de ciertos testigos. Ese panel envió dos nuevas citaciones a dos miembros del grupo “Stop the Steal” (“Paren el robo”), Ali Alexander y Nathan Martin, quienes estaban afiliados a la planificación de la manifestación en Washington que precedió a la insurrección.
Esta avalancha de noticias en un solo día plantea preguntas profundas para el Congreso, la administración de Biden y potencialmente los tribunales, y sigue a otras nuevas pruebas de la conducta antidemocrática de Trump, incluido un plan paso a paso elaborado por un abogado conservador de cómo el entonces vicepresidente Mike Pence podría subvertir el proceso constitucional de certificar la victoria electoral de Biden.
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Un tema clave se refiere a qué tan lejos están dispuestos a llegar la comisión selecta y el Departamento de Justicia para imponer responsabilidades a los involucrados, incluido el expresidente.
¿Tiene el panel el poder y la fuerza para hacerlo rápidamente, para evitar que Trump se quede sin tiempo para lo que podría ser un Congreso republicano dócil después de las elecciones de mitad de período del próximo otoño? ¿Estaría, por ejemplo, el secretario de Justicia del presidente Joe Biden, Merrick Garland, listo para hacer cumplir las remisiones por desacato del Congreso y llevar el peso de la ley contra los aliados de Trump que se niegan a cooperar con la comisión? Todavía no está claro qué respuesta, si es que hubo alguna, dieron sus aliados que estaban citados.
En última instancia, la cuestión es si existe algún remedio legal o político equivalente a la escala de las transgresiones de Trump o, quizá lo más importante, que pueda disuadir sus incansables intentos de destruir la legitimidad y la fe de su sucesor en un sistema electoral que refleja la voluntad de una nación que quería que se fuera de la Oficina Oval.
Algunos podrían argumentar que dos juicios políticos sin precedentes representan la sanción máxima y la mancha histórica. Pero la absolución de Trump por parte de los republicanos en su primer juicio en el Senado solo lo convenció de que podía abusar del poder con impunidad. Y su segunda absolución, una vez que dejó el cargo, no hizo nada para moderar sus corrosivas afirmaciones de fraude electoral, y no es un impedimento mientras construye una aparente nueva campaña presidencial sobre la mentira de que las últimas elecciones fueron corruptas.
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Por qué Trump debe rendir cuentas
La rendición de cuentas es fundamental por múltiples razones. La insurrección del Capitolio y los múltiples intentos de Trump de subvertir las elecciones, en Washington y en el país, se ubican como el peor asalto al sistema electoral estadounidense en la historia. Imponer un precio por tal comportamiento es vital para evitar que tales abusos vuelvan a ocurrir, y potencialmente podría incluir nuevas leyes para reforzar la fe en las elecciones. Las recientes escaladas de los ataques de Trump a los valores democráticos fundamentales y las señales de que está planeando una nueva candidatura a la Casa Blanca demuestran que su amenaza a la gobernabilidad democrática está lejos de haber transcurrido y está empeorando.
El papel de la comisión del 6 de enero es importante para establecer un registro histórico y contemporáneo de lo que sucedió ese día y la culpabilidad de Trump en medio de los esfuerzos de sus propagandistas mediáticos y aliados políticos para blanquear la verdad y restar importancia a un escandaloso asalto al epicentro de la democracia estadounidense.
Una pregunta inmediata para la comisión selecta será cómo contrarrestar cualquier negativa a cooperar de los aliados de Trump que recibieron citaciones, incluido el exasesor Steve Bannon, el exjefe de gabinete Mark Meadows y el exfuncionario de Defensa Kash Patel. La comisión no ha podido localizar a otro asistente de Trump citado, el ex subsecretario de la Casa Blanca y gurú de las redes sociales Dan Scavino, dijeron a CNN varias fuentes familiarizadas con el esfuerzo.
“Esta será la prueba para esta comisión del 6 de enero”, dijo Carrie Cordero, exfuncionaria de alto rango del Departamento de Justicia y analista legal y de seguridad nacional de CNN, en “The Lead with Jake Tapper”.
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“¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para hacer cumplir su autoridad y proporcionar la autoridad del Congreso para llevar a cabo esta investigación? ¿Van a hacer remisiones penales al Departamento de Justicia por desacato o incluso potencialmente por obstrucción?”
La decisión de Trump de poner barricadas no es ninguna sorpresa dada la vida de buscar eludir la responsabilidad por sus acciones en los negocios y la política. Luchó durante meses, por ejemplo, para evitar que los investigadores que investigaban a la Organización Trump en Nueva York obtuvieran su historial financiero. La compañía y su exdirector financiero, Allen Weisselberg, han sido acusados de un supuesto plan fiscal.
La aparente justificación de Trump para tratar de evadir la rendición de cuentas aquí es que está tratando de proteger la integridad de su antiguo cargo defendiendo el privilegio ejecutivo: la capacidad de los presidentes de obtener consejos confidenciales de sus subordinados. Esta es una defensa predecible pero difícilmente creíble, al menos fuera del ámbito de un argumento legal estrecho.
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Después de todo, Trump pasó cuatro años destruyendo los estándares y códigos de conducta implícitos en su oficina y no dio indicios de que estuviera preocupado por preservar su modelo de rectitud para las generaciones futuras. Y en este caso, parece estar buscando hacer valer el privilegio de encubrir lo que sugieren múltiples testimonios e informes es un intento de montar un golpe de Estado.
“Se defenderá el privilegio ejecutivo, no solo en nombre del presidente Trump y su administración, sino también en nombre de la Oficina del Presidente de Estados Unidos y el futuro de nuestra nación”, dijo Taylor Budowich, director de comunicaciones de Save America y Trump, en un comunicado.
Trump puede tratar de defender sus reclamos de privilegio ejecutivo en la corte, en un intento de extender aún más los asuntos de la comisión. Pero la Casa Blanca de Biden, la guardiana actual del privilegio ejecutivo, podría tener una visión relajada de las solicitudes de documentos en esta área.
Una fuente familiarizada con la estrategia legal del expresidente confirmó a CNN que un abogado de Trump envió cartas a algunos de los objetivos de la citación, informándoles de su plan para defender el privilegio ejecutivo. Las cartas fueron reportadas por primera vez por Politico. Si bien la carta instruyó a los objetivos de la citación a no cumplir con los investigadores del Congreso, según The Washington Post, que la revisó, depende de cada testigo decidir si seguir la dirección de Trump.
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Los republicanos vuelven a excusar los abusos de poder de Trump
Al mismo tiempo que Trump estaba tratando de escapar de la rendición de cuentas, la respuesta republicana al informe de la Comisión Judicial del Senado del jueves de la mayoría de los demócratas destacó nuevamente una tendencia que ha permitido los abusos de poder pasados de Trump y que asegura que sigue siendo una figura política viable. En un documento de duelo, los republicanos de la comisión presentaron una interpretación diferente de los hechos contenidos en el informe de la mayoría.
Su acción fue consistente con un partido que bloqueó una comisión independiente al estilo del 11/9 en la insurrección del 6 de enero bajo el mando de Trump, y que siempre ha priorizado sus prioridades políticas y la necesidad de apelar a los partidarios del expresidente sobre su deber de democracia.
El documento republicano esencialmente argumentó que, dado que los asesores le impidieron a Trump llevar a cabo muchos de sus esquemas para subvertir la democracia y robar el poder, no hay caso para que responda. Por ejemplo, el entonces presidente en realidad no llevó a cabo su plan de reemplazar al secretario de Justicia interino Jeffrey Rosen por Clark, aunque no por querer intentarlo.
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“El presidente lo rechazó. El presidente hizo lo correcto”, dijo el senador de Iowa Chuck Grassley, el principal republicano de la Comisión Judicial.
El argumento de que las nefastas tramas de Trump fracasaron para que esté libre de responsabilidad es conocido. Los republicanos lo utilizaron para excusar sus abusos de poder durante su primer juicio político con el argumento de que el plan de Trump de retener la ayuda militar a Ucrania a cambio del anuncio de una investigación criminal sobre Biden en realidad no llegó a buen término. Básicamente, esto se reduce al caso de que un presidente que busca frustrar la Constitución solo es culpable si tiene éxito. Esto descarta, por ejemplo, pruebas contundentes de que Trump presionó repetidamente a funcionarios del Departamento de Justicia y en estados como Georgia para revocar las elecciones, un abuso de poder claro y asombroso.
El valor y la integridad de estos funcionarios fue al final todo lo que se interpuso entre Estados Unidos y una democracia perdida. Pero el hecho de que esta vez casi se pierda no debería significar que los funcionarios subordinados a un presidente deban quedar expuestos a tal presión en el futuro.
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La amenaza no ha pasado. Trump respalda afanosamente a candidatos para puestos de secretario de Estado en los estados de campo de batalla electoral de Georgia, Michigan y Arizona que han apoyado sus mentiras electorales. Si son elegidos, esos funcionarios podrían tener una gran influencia en las elecciones de 2024 en las que Trump podría ser un candidato en medio de los crecientes temores de que cualquier esfuerzo republicano para tomar el poder de forma ilegítima la próxima vez podría funcionar.
Todo esto, y la negativa de Trump a ceder a la realidad de su derrota electoral y sus esfuerzos cada vez mayores para trazar un camino potencialmente fraudulento de regreso al poder, ayudan a explicar por qué el trabajo de la comisión selecta es tan crucial.
Katelyn Polantz, Evan Perez, Ryan Nobles, Pauk LeBlanc, Zachary Cohen y Annie Grayer contribuyeron a este informe.
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