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La Corte Suprema restablece las restricciones federales a las llamadas “armas fantasma” en EE.UU.

KIFI

Alexandra Ferguson

(CNN) — La Corte Suprema de Estados Unidos acordó este martes detener la orden de un tribunal inferior que prohíbe al gobierno regular bajo la ley federal las llamadas “armas fantasma”, aquellas de fabricación casera que son imposibles de rastrear.

La breve orden accede a la petición del gobierno de Biden de permitir que la normativa siga vigente mientras se resuelve la situación legal.

Las “armas fantasma” son kits que un usuario puede comprar en Internet para construir un arma de fuego totalmente funcional. No tienen número de serie, no requieren verificación de antecedentes y no proporcionan registros de transferencia para facilitar su rastreo. Sus detractores afirman que resultan atractivas para las personas que tienen prohibido comprar armas de fuego por ley.

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La votación fue 5-4. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y su colega conservadora, Amy Coney Barrett, se unieron a los tres jueces liberales para permitir la entrada en vigor de la norma.

Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh habrían desestimado la solicitud.

En 2022, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) actualizó sus regulaciones para definir este tipo de kits como armas de fuego bajo la ley para que el gobierno pudiera rastrearlas de manera más cuidadosa.

La norma no prohíbe la venta o posesión de ningún kit de “arma fantasma” ni impide que una persona compre uno. En cambio, exige el cumplimiento de las leyes federales que imponen condiciones a la venta comercial de armas de fuego. Entre esas condiciones se incluye el requisito de que los fabricantes y vendedores comerciales marquen los productos con números de serie y lleven registros que permitan a las autoridades rastrear las armas de fuego utilizadas en delitos.

A finales de junio, el juez Reed O’Connor, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas, consideró que la agencia se había excedido en su autoridad al promulgar la norma y la bloqueó en todo el país.

Un tribunal federal de apelaciones se negó a dejar en suspenso dos disposiciones clave del reglamento que habían sido impugnadas.

En la presentación de emergencia ante la Corte Suprema, la procuradora general Elizabeth Prelogar advirtió a los jueces que, en los últimos años, “los departamentos de policía de todo el país se han enfrentado a una explosión de delitos relacionados con armas fantasma”.

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“El Congreso reconoció que limitar las leyes federales sobre armas de fuego a las armas de fuego funcionales invitaría a la evasión, por lo que definió ampliamente ‘arma de fuego’ para incluir cualquier arma ‘que expulse un proyectil por la acción de un explosivo, o que esté diseñada para ello, o que pueda convertirse fácilmente para ello'”, escribió Prelogar.

La impugnación de la normativa de la ATF fue presentada por dos residentes de Texas que poseen componentes que pretenden convertir en “armas fantasma” para su uso personal. La norma les impide adquirir directamente piezas adicionales. Un puñado de minoristas de kits de “armas fantasma” y un grupo de defensa de los derechos de las armas también impugnaron la norma.

Los abogados de los impugnadores afirmaron que el juez de primera instancia había “sostenido correctamente” que la ATF se había excedido en su autoridad al aceptar “ampliar las definiciones” de armas de fuego para incluir los componentes de las “armas fantasma”.

“La Ley de Control de Armas de 1968 refleja una opción política fundamental del Congreso para regular el mercado comercial de armas de fuego, dejando al mismo tiempo a los ciudadanos respetuosos de la ley de este país la libertad de ejercer su derecho a fabricar armas de fuego para su propio uso sin una excesiva regulación federal”, argumentó David Thompson, su abogado, en los documentos judiciales.

O’Connor señaló en su orden que la definición de arma de fuego del Congreso no abarca “piezas, o agregados de piezas de armas”, independientemente de si las piezas pueden ser “fácilmente ensambladas en algo que pueda disparar un proyectil”.

“Incluso si es cierto que esa interpretación crea lagunas que, como cuestión de política, deberían evitarse, no es función del poder judicial corregirlas”, escribió entonces O’Connor.

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