La Corte Suprema permite a Texas implementar su polémica ley de inmigración
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(CNN) –– La Corte Suprema de Estados Unidos despejó el camino este martes para que Texas comience a implementar de inmediato la polémica ley de inmigración que permite a las autoridades estatales arrestar y detener a personas sospechosas de haber ingresado de manera ilegal al país.
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Los tres jueces progresistas del alto tribunal manifestaron su disenso con el fallo.
Actualmente se desarrollan impugnaciones contra la ley en una corte federal de apelaciones, pero la decisión representa una victoria significativa, aunque temporal, para Texas, que ha librado una batalla continua con el Gobierno de Biden sobre la política de inmigración.
El sol ilumina la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington, en enero. Julia Nikhinson/Bloomberg/Getty Images
La decisión ocurre menos de 24 horas después de que la corte suspendiera indefinidamente la implementación de la ley. Esta era la tercera vez que el alto tribunal frenaba la medida.
La Corte Suprema suspende indefinidamente la polémica ley de inmigración de Texas
La controversial ley, conocida como SB4, la promulgó el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, en diciembre pasado. Esta medida penaliza el ingreso ilegal a Texas al considerarlo un delito estatal, y permite a los jueces del estado ordenar la deportación de migrantes. La implementación de las leyes de inmigración, en general, es una función que le compete al Gobierno federal.
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Tras su promulgación, la ley generó preocupación inmediatamente entre los defensores y activistas de inmigración por la posibilidad de un mayor perfilamiento racial, así como por detenciones e intentos de deportaciones por parte de las autoridades estatales en Texas, donde los latinos representan el 40% de la población.
Un juez federal de Austin había impedido que el gobierno estatal implementara la ley. Pero el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos concedió una suspensión temporal de la decisión del tribunal inferior y dijo que la ley entraría en vigor el 10 de marzo si la Corte Suprema no tomaba acción. Pronto siguieron un par de llamados de emergencia del Gobierno de Biden y de otros.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, habla durante una conferencia de prensa en el Capitolio del Estado de Texas el 8 de junio de 2023 en Austin, Texas. (Foto: Brandon Bell/Getty Images).
Abbott calificó este martes la decisión de la corte como un “acontecimiento positivo”, pero reconoció que el caso continuará en el tribunal de apelaciones.
Como suele ocurrir en las decisiones sobre solicitudes de emergencia, la Corte Suprema no explicó su razonamiento.
Sin embargo, una opinión concurrente escrita por la jueza Amy Coney Barrett, a la que se unió el juez Brett Kavanaugh, explicó que el tribunal de apelaciones sólo había dictado una orden “administrativa” temporal.
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“Hasta donde tengo entendido, esta corte nunca ha revisado la decisión de un tribunal de apelaciones de dictar –o no dictar– una suspensión administrativa”, escribió Barrett. “Yo no me metería en eso. Cuando se introduce, se supone que una suspensión administrativa es un preludio de corta duración del evento principal: un fallo sobre la moción de suspensión pendiente de apelación”.
Barrett también señaló que consideraba que era “imprudente invitar a un litigio de emergencia en esta corte sobre si un tribunal de apelaciones abusó de su discreción en este paso preliminar”.
La jueza progresista Sonia Sotomayor dijo que la orden “invita a más caos y crisis en la aplicación de la ley de inmigración”.
La ley, escribió Sotomayor en su disidencia, “trastoca el equilibrio de poder federal-estatal que ha existido durante más de un siglo, en el que el Gobierno Nacional ha tenido autoridad exclusiva sobre la entrada y expulsión de no ciudadanos”.
“Texas ahora puede implementar inmediatamente su propia ley que impone responsabilidad penal a miles de no ciudadanos y exige su expulsión a México”, escribió Sotomayor. “Esta ley perturbará las delicadas relaciones exteriores, frustrará la protección de las personas que huyen de la persecución, obstaculizará los esfuerzos federales de aplicación de la ley, socavará la capacidad de las agencias federales para detectar y monitorear amenazas inminentes a la seguridad y disuadirá a los no ciudadanos de denunciar abusos o trata”.
Por su parte, la jueza Elena Kagan señaló en su breve disidencia que su visión de las cuestiones del caso “son, como siempre en esta postura, preliminares”.
“Pero el tema de la inmigración en general, y la entrada y expulsión de no ciudadanos en específico, son asuntos que durante mucho tiempo se consideraron competencia especial del Gobierno Federal”, continuó Kagan.
El tribunal de apelaciones con sede en Nueva Orleans escuchará los argumentos del caso el 3 de abril.
El caso podría regresar pronto a la Corte Suprema
Barrett y Kavanaugh, dos votos críticos en la Corte Suprema, escribieron que los jueces debían mantenerse al margen de las dudas de los tribunales de apelaciones cuando se trata de pausas “administrativas” de muy corto plazo que, generalmente, se utilizan para proporcionar a las cortes unos días adicionales para revisar los casos.
Barrett escribió que si el Quinto Circuito no emite una decisión pronto, el Gobierno de Biden y las demás partes en el caso podrían regresar a la Corte Suprema.
“Puede llegar el momento, en este caso u otro, en que este tribunal se vea obligado a concluir que una suspensión administrativa se ha convertido efectivamente en una suspensión pendiente de apelación y revisarla en consecuencia”, escribió. “Pero en este momento de este caso, esa conclusión sería prematura”.
Tami Goodlette, abogada que representa a algunas de las partes que impugnan la ley, calificó la orden del tribunal de “desafortunada” y dijo que “pone en riesgo innecesariamente la vida de las personas”.
“Seguimos comprometidos con la lucha para revocar permanentemente la SB4 para mostrarle a la nación que ningún estado tiene el poder de superar la autoridad federal de inmigración”, dijo.
La batalla por una polémica ley
El Gobierno de Biden, dos grupos de defensa de inmigración y el condado de El Paso están impugnando la ley.
En su apelación ante la Corte Suprema, los abogados del Gobierno argumentaron que la ley alteraría “profundamente” el status quo “que ha existido entre Estados Unidos y los estados en el contexto de la inmigración durante casi 150 años”.
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“Las personas pueden no estar de acuerdo con la inmigración. Nunca lo han estado. Y Texas puede estar profundamente preocupado por la inmigración reciente”, escribieron en documentos judiciales los abogados de un par de grupos de inmigración y del condado de El Paso. “Pero lo mismo ocurrió en California en la década de 1870, Pensilvania y Michigan en la década de 1930, y Arizona en 2012. Sin embargo, durante 150 años esta corte ha dejado claro que los estados no pueden regular el campo central de la inmigración, la entrada y la expulsión”, añadieron.
Por su parte, el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, y otros funcionarios dijeron a la Corte Suprema que “la Constitución reconoce que Texas tiene el derecho soberano de defenderse de los violentos cárteles transnacionales que inundan el estado con fentanilo, armas y todo tipo de brutalidad”.
Los funcionarios describieron Texas como “la primera línea de defensa del país contra la violencia transnacional” y dijeron que el estado se ha visto “obligado a lidiar con las consecuencias mortales de la incapacidad o falta de voluntad del gobierno federal para proteger la frontera”.
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