Senado de México aprueba la cuestionada ampliación de delitos que permiten la prisión preventiva
Sofía Benavides
(CNN) — El Senado de México aprobó este jueves la reforma constitucional que amplía los delitos por los que una persona puede permanecer arrestada sin cargos formales, con base solamente en las averiguaciones previas que hagan “probable” su responsabilidad. Se trata de la prisión preventiva.
Para su promulgación deberá ser aprobada por 17 de los 32 congresos estatales de México.
La reforma modifica el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e incluye la extorsión, el tráfico de fentanilo y la falsificación de comprobantes fiscales como motivos suficientes para que la Policía arreste a una persona para después presentar sus argumentos ante un juez. La ley mexicana indica que una persona no puede permanecer más de 72 horas bajo arresto, y 144 horas cuando se trata de un crimen organizado.
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De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi), para el cierre de 2023 había 233.777 personas en prisión, de las cuales 37,3% permanece detenida sin que se le haya dictado sentencia.
La Corte Suprema de México indica que el plazo máximo que una persona puede permanecer detenida sin haber recibido sentencia no puede rebasar los dos años.
Anteriormente, los delitos que ameritan prisión preventiva eran “delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación”, de acuerdo con un documento del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La reforma fue aprobada con facilidad por la mayoría del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que obtuvo el poder de ambas cámaras y la presidencia del país en las elecciones del 2 de junio. La propuesta en el Senado obtuvo 94 votos a favor y 34 en contra.
Lucía Trasviña Waldenrath, senadora de Baja California Sur por Morena, justificó la decisión como “una medida para proteger a las víctimas” y afirmó que las nuevas disposiciones “cerrarán la puerta a la impunidad”, aunque admitió que se trata de “una medida excepcional, sí, pero indispensable”.
¿Por qué es polémica la reforma?
La modificación constitucional busca enfrentar la rampante impunidad en México, según sus promotores. Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2022 indica que la impunidad y los “extremadamente bajos niveles de procesamiento judicial” son un problema para todos los crímenes que se cometen en México.
La organización Human Rights Watch (HRW) consideró este jueves decepcionante que México amplíe el uso de la prisión preventiva, ignorando sentencias de la Corte Interamericana y señaló que la decisión viola principios básicos de derechos humanos.
“La prisión preventiva tiene un papel importante en el proceso penal cuando existe riesgo de fuga o interferencia de la persona acusada (…) Aplicarla automáticamente a todas las personas acusadas de ciertos delitos no ha reducido la violencia ni la impunidad. Al contrario, ha incrementado el número de personas encarceladas sin sentencia, afectando en particular a las más pobres”, dijo a CNN Tyler Mattiace, investigador de HRW en México.
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Un reporte de 2023 de HRW señala, además, que los niveles de violencia alcanzaron cotas históricas bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, con una tasa de homicidios de 28 por cada 100.000 habitantes.
La impunidad en México, señala HRW, es prácticamente absoluta. “Cerca del 90% de los crímenes nunca se denuncian, un tercio de los que sí son reportados nunca se investigan y solo 16% de estas investigaciones se ‘resuelven’, ya sea en una corte, por una negociación o por una indemnización, lo que significa que las autoridades mexicanas resolvieron solamente el 1% de los delitos cometidos en 2021”, señala HRW, basándose en datos oficiales.
CNN ha pedido a la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos un comentario sobre la aprobación en el Senado de la modificación constitucional.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, dijo el 22 de noviembre a través de un comunicado que la prisión preventiva “contraviene principios esenciales de derechos humanos” y que “no debe ser una práctica general, sino una medida basada en una decisión individualizada por parte de una autoridad judicial de que las circunstancias de cada caso justifican dicha detención”.
CNN ha consultado a la oficina de comunicación de la Presidencia de México sobre la puesta en marcha de estas reformas promovidas por López Obrador y su partido, cuya sucesora, Claudia Sheinbaum, ha defendido con firmeza.
“Es importante, porque el que haya la prisión preventiva oficiosa no quiere decir, sin pruebas, lleve a alguien a prisión. La Fiscalía tiene que aportar pruebas, lo que ya no depende del juez, en algunos delitos, es si hay prisión o no hay prisión una vez que hayan sido presentadas las pruebas”, señaló Sheinbaum el 13 de noviembre en su habitual conferencia de prensa diaria.
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