“El miedo me lo pongo en la bolsa del pantalón y sigo adelante”: ICE dejó huellas, pero la comunidad inmigrante se reorganiza
Por Uriel Blanco, CNN en Español
El enfoque hacia la inmigración en Estados Unidos ha cambiado completamente en el último año. Las políticas de mano dura implementadas en el segundo mandato presidencial de Donald Trump han trastocado la vida de millones de personas, desde inmigrantes detenidos, deportados o que optan por el regreso voluntario, hasta empleadores en números rojos o familias separadas como consecuencia de las medidas migratorias del Gobierno federal.
Ante esta ofensiva migratoria inédita, que no ha respetado siquiera lugares sensibles como iglesias, escuelas o cortes de inmigración —antes seguros para la comunidad inmigrante—, las comunidades buscan reorganizarse en medio del miedo, la incertidumbre y la necesidad de continuar con la vida diaria.
Al inicio del actual mandato de Trump se acumularon cientos de detenciones y deportaciones.
Sin embargo, a partir de junio, el Gobierno inició una estrategia de reforzamiento en la aplicación de las leyes de inmigración en comunidades conocidas por ser hogar de inmigrantes.
El objetivo inicial: Los Ángeles, California. En los primeros días de junio, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) empezaron a realizar redadas de inmigración en la ciudad, lo que desencadenó protestas —algunas violentas — y el despliegue de la Guardia Nacional para contener las manifestaciones.
Esta situación sembró “un sentimiento de terror en toda la comunidad”, dijo en ese momento la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.
Desde entonces, el miedo no se ha ido, pero la comunidad inmigrante no tiene más opción que continuar con sus actividades para obtener un sustento de vida, según Jorge Mario Cabrera, director de Comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro de Los Ángeles.
En entrevista con CNN, Cabrera dice que, según datos recabados por CHIRLA, entre 5.000 y 7.000 personas que han sido detenidas o deportadas en el área de Los Ángeles desde enero de este año.
“Estamos viendo una actuación en contra de la comunidad inmigrante (…) No hemos visto ataque tan brutal como lo estamos viendo en este momento”, afirma Cabrera.
El director de Comunicaciones de CHIRLA explica que el número de detenciones y deportaciones comenzó a crecer en la ciudad en junio, con la llegada de los operativos de inmigración y la Guardia Nacional.
Sobre las redadas de inmigración en Los Ángeles, la Casa Blanca dijo previamente que “estas operaciones son esenciales para detener y revertir la invasión de delincuentes ilegales a Estados Unidos”.
Si bien el Gobierno de EE.UU. ha calificado a inmigrantes como “lo peor de lo peor”, Cabrera asegura que, según estimaciones de CHIRLA, “el 60 % al 70 % de los detenidos en Los Ángeles no tiene ningún antecedente penal”. En junio, CNN informó que, en los primeros ochos meses del año fiscal 2025, más del 75 % de las personas en custodia de ICE no tenía antecedentes penales aparte de un delito de inmigración o de tráfico.
A pesar de esta situación, la comunidad inmigrante debe mantenerse en las calles para salir a trabajar, sin importar el miedo, como reportó CNN con anterioridad.
Cabrera relata esta historia y dice que es uno de los momentos que más le han impactado en los últimos meses.
“Esa es la realidad que vive nuestra comunidad”, agrega.
La realidad, sin embargo, cambia constantemente.
Cabrera señala que las autoridades de inmigración continúan realizando operativos en Los Ángeles todas las semanas, aunque ya no con la frecuencia que se observó a mediados de año.
Esto, añade, hace que el miedo se mantenga presente, pero también ha causado que la comunidad se reorganice para encontrar algunas soluciones.
Por ejemplo, desde CHIRLA se han organizado actividades diversas, desde religiosas (como la reciente celebración a la Virgen de Guadalupe en favor de los derechos de los inmigrantes) hasta culturales (como el “verano de la resistencia”, una iniciativa de 30 días para dar a conocer los derechos de los inmigrantes y estrategias de organización).
Asimismo, CHIRLA creó un fondo entre julio y agosto que recaudó US$ 800.000. Este dinero, dice Cabrera, se utiliza únicamente para apoyar en el pago de fianzas de inmigrantes detenidos, que pueden llegar a más de US$ 20.000 (aunque la fianza mínima por ley es de US$ 1.500).
“Sin embargo, esos fondos ya casi están caducando, ya solamente quedan US$ 200.000. Con eso te digo que la necesidad ha sido tanta que esos fondos se han ido acabando poco a poco y, por lo tanto, se están buscando nuevas maneras de recaudación para asegurarse de que ese fondo continúe”, comenta.
En coalición con otras ONG, CHIRLA entrega comida a inmigrantes y personas en general que lo necesitan, y ofrece “servicios legales de emergencia a muchas familias afectadas” por las medidas de inmigración del Gobierno estadounidense.
“Estamos hablando de, por ejemplo, 7.000 personas que necesitan estos servicios legales a través de nuestras coaliciones, (pero) probablemente se pueden ayudar a entre 500 y 1.000 personas. Es tanta la necesidad y tan poca la disponibilidad de estos servicios que se ayuda a los que se pueden, a los casos más urgentes”, afirma el director de Comunicaciones de CHIRLA.
Las escenas de Los Ángeles se han replicado en otras ciudades estadounidenses que históricamente han albergado inmigrantes —sobre todo latinos/hispanos—, entre ellas Chicago, en el estado de Illinois.
Jorge Ortega, colombiano de nacimiento que ahora es ciudadano estadounidense, ha sido uno de los miles de testigos de la ofensiva migratoria de Trump en Chicago, así como también uno de los afectados indirectos.
Ortega llegó a EE.UU. cuando tenía 5 años y lleva viviendo más de cinco décadas en el país. Es el fundador del Gran Festival Colombiano de Chicago y se dedica en gran parte a los negocios relacionados con la industria del entretenimiento.
El festival se realiza cada año. La edición 2025 fue en julio y, ante los llamados de una posible llegada de las autoridades de inmigración, Ortega tuvo que llevar a cabo planes de emergencia e incrementar la seguridad de último minuto para poder realizar el evento y no perder miles de dólares. Para él, a pesar de ser ciudadano de EE.UU., ocultarse tampoco era una opción, pues muchas personas dependen del trabajo que Ortega genera.
Entre septiembre y octubre, la ofensiva migratoria del Gobierno de Trump en Illinois dejó más de 1.000 inmigrantes detenidos y muchos más presas del miedo.
De forma similar a Cabrera, Ortega dice que el sentimiento de temor sigue afectando a la comunidad de Chicago.
“Especialmente el inmigrante está viviendo todavía el temor (…) Aún estamos viviendo con las cicatrices de lo que pasó, o lo que está pasando, porque todavía no se ha acabado esto”, comenta Ortega en entrevista con CNN.
Las huellas del paso de ICE que son más evidentes para Ortega se encuentran en los negocios de Chicago, específicamente en restaurantes y vendedores ambulantes de origen latino.
“Los negocios pequeños son los que han estado más afectados (…) Todos tuvieron una temporada bien mala”, asegura el fundador del Gran Festival Colombiano. “He tratado de apoyar lo más que pueda yendo a varios lugares dos veces, hasta tres veces a la semana, visitando las panaderías, restaurantes”.
A pesar del miedo, dice Ortega, la comunidad en Chicago también se ha reacomodado para transitar la nueva realidad migratoria de EE.UU.
Ortega ha observado ayuda individual (como la que él ofrece), pero también de otros frentes, como los funcionarios públicos, que desde Chicago se han organizado para vigilar la presencia de agentes federales en la ciudad.
Asimismo, los padres de familia también se organizaron en Chicago (y en otras ciudades más que han sido objetivos del Gobierno federal) para formar patrullas escolares con el fin de que estudiantes y familias se sintieran más seguras.
También el Gobierno de Colombia se ha sumado a personas como Jorge Ortega para reunir apoyo dirigido a los más necesitados. Entre las iniciativas que el Gobierno colombiano apoya, están las celebraciones de las novenas colombianas, que han reunido a negocios locales y a la comunidad en general en Chicago para brindar comida o juguetes para niños.
“Para terminar las novenas colombianas, vamos a estar en una iglesia aquí mismo (en Chicago) repartiendo juguete a los niños, vamos a repartir mercados con el consulado colombiano y otras organizaciones, vamos a estar repartiendo mercados a los inmigrantes, a la gente que venga que necesite ese día”, destaca Ortega.
“Esas son las cosas que uno hace aquí en Chicago, ya nosotros lo hicimos durante la pandemia y ahora otra vez, ya tenemos ese sistema”, finaliza.
Laura Jiménez, abogada de inmigración que reside en Florida, también se ha visto afectada por las huellas de ICE a su paso por comunidades estadounidenses.
La mayoría de los casos que representa, dice en entrevista con CNN, son de cubanos y venezolanos que enfrentan la deportación o que están en proceso de obtener un asilo o la residencia.
No obstante, los procesos de inmigración se han dificultado en la actual administración de Trump, al punto de que las solicitudes han sido suspendidos para personas originarias de múltiples países, entre ellos Cuba y Venezuela.
Como en gran parte sus clientes son de esos dos países, la situación representa “una gran carga tanto emocional como legal (…) tanto en el abogado como en el inmigrante”, indica Jiménez.
Para el inmigrante, significa una carga legal por los gastos de representación legal o las fianzas que se deben pagar durante todo el proceso, mientras que la carga emocional más fuerte se refleja en hechos como la separación de familias o la ausencia de los principales cuidadores en el hogar.
“Si ellos no están, ¿quién va a hacerse cargo de esta familia? Si tienen niños pequeños, ¿al cuidado de quién van a dejar a estos niños? Por ejemplo, he tenido clientes que han venido a decirme qué hacen, porque tienen un hijo que nació en Estados Unidos y que además nació con autismo, u otros que han nacido con otros problemas de enfermedades incluso más graves. Entonces, esto es una carga emocional a un inmigrante que no ha hecho nada malo”, explica la abogada de inmigración.
En cuanto a la carga para el abogado, la más fuerte desde el aspecto emocional para Jiménez es el verse en los zapatos de sus representados.
En tanto, la carga de la práctica legal para el abogado se ve representado en los miles de casos que se acumulan y quedan pendientes o cuyos procesos son suspendidos, agrega la experta.
“Es muy difícil en estos momentos, teniendo un buen caso de asilo y teniendo o sabiendo que esta persona tiene la oportunidad de obtener este tipo de protección por todo lo que ha sufrido, saber que uno se va a enfrentar a una decisión donde van a negar este beneficio”, señala Jiménez.
“Lo estamos viendo incluso en los procesos, por ejemplo, de cubanos que son elegibles a la Ley de Ajuste Cubano y que todavía no han podido obtener su residencia. Lo estamos viendo con la cancelación del TPS venezolano donde sabemos que la situación en Venezuela no ha cambiado, sino que incluso se ha puesto más crítica políticamente”, asegura.
La Ley de Ajuste Cubano sigue vigente como una vía para conseguir la residencia permanente en EE.UU., pero al mismo tiempo el Gobierno de Trump ha suspendido las solicitudes de inmigración para cubanos.
Mientras tanto, a inicios de noviembre, cientos de miles de venezolanos perdieron su protección frente a deportaciones en Estados Unidos ante el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) por decisión del Gobierno del presidente Donald Trump y un fallo de la Corte Suprema.
La suspensión de las solicitudes de inmigración para Cuba y Venezuela “es otro nivel de incertidumbre más. Va a crear demoras más significativas, independientemente de las demoras que ya existen”, finaliza Jiménez.
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