Juez bloquea norma de Medicaid del Gobierno de Trump que obligaba a beneficiarios enfermos a demostrar que no pueden trabajar
Por Tami Luhby, CNN
Las personas con enfermedades crónicas que reciben Medicaid no estarán sujetas a las nuevas normas sobre requisitos laborales que las directrices más recientes del Gobierno de Trump exigen para poder acogerse a las exenciones por “fragilidad médica”, dictaminó el jueves un juez federal.
El juez de distrito de Estados Unidos, Richard Stearns, en Boston, concedió una victoria parcial a una coalición de 25 estados y el Distrito de Columbia, que demandó al Gobierno de Trump en junio por las directrices de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid vinculadas a la “gran y hermosa ley”. Esta normativa de 2025 estableció el primer requisito laboral federal de la historia de Medicaid.
La ley estipula que la definición de “fragilidad médica” debe incluir a personas ciegas o con discapacidad, a quienes padecen trastornos por consumo de sustancias o trastornos mentales incapacitantes, con discapacidades que limitan significativamente sus actividades cotidianas o con afecciones médicas graves o complejas. Sin embargo, la norma de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) fue más allá al exigir que las personas en estas categorías demostraran, además, que sus afecciones “limitan significativamente” su capacidad para cumplir con los requisitos laborales establecidos por la ley.
Publicada en junio, la norma tomó por sorpresa a muchos estados y defensores, ya que los CMS no indicaron en sus directrices informales que adoptarían una postura más estricta. Los estados, que ya tenían como fecha límite el 1 de enero para poner en marcha el programa de requisitos laborales, se han apresurado a preparar sus sistemas. La interpretación de la “fragilidad médica” les obligaba a hacer cambios adicionales, y el fallo del juez los obligará ahora a cambiar nuevamente su enfoque.
Los defensores temían que la norma de los CMS impusiera importantes cargas administrativas a los pacientes, que podrían tener que presentar pruebas de que sus afecciones les impiden trabajar. La situación se complicaba aún más porque la gravedad de las afecciones médicas de estos afiliados —y su impacto en la capacidad para trabajar— puede variar con el tiempo.
La disposición también habría puesto a los médicos en una situación difícil, ya que podrían haber sido llamados a ayudar a determinar si una persona está en condiciones de trabajar, lo que afectaría la cobertura de sus pacientes.
Los demandantes argumentaron que esta norma más estricta impediría que los estadounidenses que cumplen los requisitos accedan a la atención médica que necesitan, además de extralimitarse respecto a lo estipulado en el texto de la propia ley. El juez coincidió en que se cumplió con el requisito de demostrar un daño irreparable.
“Debido a que la aplicación de una definición ilegal de ‘fragilidad médica’ puede provocar la desafiliación de personas vulnerables que, de otro modo, cumplirían los requisitos y dependen de la cobertura de Medicaid para la continuidad de su atención, los estados (y el público) podrían enfrentar graves perjuicios si no se dicta una medida cautelar”, señaló Stearns.
Es probable que el fallo permita que algunas personas obtengan o conserven su cobertura, afirmó Morgan Henderson, economista que estudia Medicaid en el Instituto Hilltop de la Universidad de Maryland, condado de Baltimore.
“Esas personas que habrían perdido la cobertura porque están enfermas, pero no lo suficientemente enfermas”, explicó, “ahora podrían conservarla”.
El secretario de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, el doctor Dev Sangvai, afirmó que también ayudaría a los pacientes a evitar algunas situaciones estresantes.
“Una de nuestras principales prioridades es garantizar que las personas puedan recibir la atención médica esencial que necesitan sin enfrentarse a trámites confusos ni al temor de perder la cobertura durante el tratamiento”, dijo en un comunicado. “Esta decisión nos permite centrarnos en lo más importante: brindar atención médica confiable a los residentes más vulnerables de nuestro estado cuando más la necesitan”.
No obstante, Stearns no otorgó a los estados una victoria total. El juez mantuvo otras dos restricciones federales sobre la forma en que los estados pueden verificar la fragilidad médica, incluida la exigencia de rechazar cualquier prueba de fragilidad médica si el diagnóstico tiene una antigüedad superior a un año. También ratificó una política que permite a los estados aceptar únicamente una declaración jurada del propio paciente por cada periodo ininterrumpido de inscripción.
Al explicar por qué mantuvo las disposiciones favorables al Gobierno, Stearns afirmó que “el Gobierno proporcionó una justificación seria para adoptar cada disposición y explicó por qué no consideró convincentes las preocupaciones de los estados sobre la pérdida de cobertura”.
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid declinaron hacer comentarios.
Las nuevas restricciones a Medicaid forman parte de la importante ley de política y fiscalidad impulsada por Trump en 2025. Este cambio afecta a las personas que obtuvieron cobertura gracias a una ampliación —implementada en la mayoría de los estados— que permitió a más personas de bajos ingresos acceder a este programa público de protección sanitaria.
A partir del 1 de enero, los beneficiarios de la ampliación de entre 19 y 64 años deben demostrar que trabajan o realizan servicio comunitario al menos 80 horas al mes, o que estudian al menos a tiempo parcial. Hay excepciones, entre otros, para quienes se consideran médicamente vulnerables o participan en programas de tratamiento de adicciones. Algunos estados, incluidos Nebraska y Montana, ya comenzaron a aplicar el requisito.
De acuerdo con una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso realizada el verano pasado, se prevé que, para el año 2034, alrededor de 5,3 millones de personas adicionales carezcan de seguro médico debido a este requisito laboral.
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Con información de Associated Press.
