Fiscalía de Costa Rica investiga presuntas negociaciones entre autoridades y el narco; presidente Chaves dice que es una “absurda patraña”
Sofía Benavides
(CNN Español) — El Ministerio Público de Costa Rica informó que investiga las supuestas negociaciones entre el gobierno del presidente Rodrigo Chaves y redes mafiosas costarricenses ligadas a cárteles mexicanos de las drogas, tras un artículo publicado en el diario mexicano El Universal.
Durante una gira por Puntarenas, provincia del pacífico central de Costa Rica, este miércoles, el presidente Rodrigo Chaves calificó la versión de El Universal de “patraña absurda” y negó de forma enfática su contenido. El mandatario agregó que la nota periodística “no dice una sola fuente, no menciona un solo indicio, ni otorga una sola prueba”.
La Fiscalía General de Costa Rica le dijo a CNN “que abrió la causa penal 23-000069-0033-PE, para investigar los hechos dados a conocer por un medio internacional”, refiriéndose a la información difundida por el periódico mexicano.
En una nota titulada “El narcotráfico se afianza en Costa Rica”, El Universal afirma que ante la grave crisis que vive Costa Rica por la penetración de las organizaciones criminales mexicanas, el incremento en los asesinatos y el deterioro de la seguridad, eventualmente el Gobierno “de Chaves habría decidido abrir negociaciones con redes mafiosas costarricenses ligadas a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación”, según información obtenida de “fuentes costarricenses con acceso privilegiado a los escenarios secretos de seguridad, crimen organizado y justicia”, que el diario agrega, hablaron bajo anonimato argumentando razones de seguridad.
Se intensifica en Costa Rica la lucha entre bandas delictivas
Esas fuentes, señala El Universal, dijeron que a las contrapartes costarricenses de las mafias mexicanas “se les habría pedido reducir la creciente violencia callejera y exhibir el fracaso de la seguridad, a cambio de proseguir con el narcotráfico”.
En un comunicado de prensa, la Presidencia reiteró: “No existe negociación. No existen acuerdos. No existen acercamientos con delincuentes costarricenses o mexicanos” y dice que interpuso una denuncia ante el Ministerio Público “para el esclarecimiento, hasta sus últimas consecuencias de la noticia criminis”.
La oficina de prensa del Ministerio Público de Costa Rica le informó a CNN que en la causa penal se investigará el presunto delito de incumplimiento de deberes y subrayó que el caso se sigue “contra ignorado, lo que significa que, de momento, no existe ninguna persona individualizada como sospechosa”.
Agregó que, apegada al artículo 295 del Código Procesal Penal, que plantea “la privacidad de las actuaciones en la etapa preparatoria de la investigación”, era lo único que podía informar.
En un video enviado a la prensa, el ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, confirmó que esta cartera interpuso la denuncia penal ante la Fiscalía General. El funcionario aseguró que Costa Rica estableció una línea roja histórica absoluta: “No se negocia con bandas”. Señaló que todo funcionario sabe que terminaría en la cárcel si lo hace.
“No nos detendrán en el objetivo de cerrar los puertos costarricenses a la exportación de droga […] vamos a proseguir en esta línea y la campaña de descrédito generada no va a surtir efectos de detención de procesos que estamos haciendo con alta responsabilidad”, advirtió Zamora en una parte de su mensaje dirigida a los cárteles del narcotráfico.
Las reacciones también se generaron en el Congreso. La presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas, diputada del partido de oposición Nueva República, dijo que la versión difundida por El Universal “ha sido como una bomba para el país”, aunque destacó que en la información del medio mexicano no se establece con claridad quiénes son los partícipes específicos de la supuesta negociación denunciada.
Navas informó que el ministro Zamora ya está en lista para una interpelación para que proporcione las explicaciones pertinentes, así como otros funcionarios.
“No podemos creer ni dejar de creer, pero sí estar alertas a estas situaciones, porque, si el Gobierno está involucrado, la situación es sumamente gravosa para el país y para la ciudadanía”, señaló la legisladora.
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