Esta era una comunidad rural pacífica. Hasta que comenzó a instalarse un “vecino incómodo”
Por Ana María Cañizares, CNN en Español
Entre calles polvorientas, precarias construcciones y militares desplegados en actitud de vigilancia, la vida en la comunidad rural de Juntas del Pacífico, ubicada en la provincia costera de Santa Elena, en Ecuador, ha cambiado drásticamente en los últimos meses debido a la llegada de un nuevo e incómodo vecino: una cárcel de máxima seguridad.
El inmenso proyecto se despliega a apenas 5 km de la zona poblada. El presidente Daniel Noboa apunta con esto a combatir el hacinamiento y la violencia en las prisiones ecuatorianas. Su objetivo es contener la disputa territorial entre grupos criminales, en una cruzada regional a la que se ha sumado la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Pero para los vecinos de Juntas del Pacífico, lo que reina es la preocupación y la incertidumbre. “Toca entrar temprano a la casa a encerrarse. Ahorita nosotros vivimos con miedo, antes esto era un pueblo tranquilo”, le dice a CNN Patricia Villón, residente de la zona. Villón ayuda a su esposo en tareas relacionadas con la agricultura y afirma que se siente más insegura por culpa del nuevo “vecino”, al que el Gobierno denominó “Cárcel del Encuentro”.
El paso de los autos que ingresan a fincas, negocios y casas es constante y se mezcla con la movilización de militares en vehículos blindados para custodiar varios kilómetros a la redonda de la nueva prisión. El tránsito hacia la nueva cárcel está restringido, con controles improvisados con sacos de arena. En los alrededores de la infraestructura, el Gobierno colocó inhibidores de señal para evitar que drones sobrevuelen el área.
“Ahorita solo vivimos con angustia, con zozobra de que, si pasa un carro, si serán personas buenas o no. Uno vive con miedo”, insiste Villón.
En Juntas del Pacífico, una comunidad donde residen alrededor de 2.500 personas, todos se conocen entre sí y crecieron entre amigos y familiares durante varios años. La llegada de una prisión de tal envergadura a la zona pone en jaque esa tranquilidad histórica.
Aparte de los efectos que la cárcel está trayendo a los moradores de Juntas del Pacífico, ellos se quejan también de la falta de servicios como agua, alcantarillado, alumbrado, vialidad y salud. Con estos problemas han convivido desde hace muchos años y esperan que en paralelo el Gobierno atienda las precarias condiciones en las que aún viven.
“Hay pestilencia, el agua podrida, todo va a dar al río grande que hay aquí, todo apesta. Nosotros pedimos alcantarillado, mejoramiento de las calles. Necesitamos un centro de salud lo más rápido, eso hace falta”, dijo a CNN Melecio de la Cruz, que tiene una vulcanizadora con la que mantiene a su esposa y a su hijo.
A Sixto Salinas le preocupa la calidad del agua: “Hicimos un pozo séptico para hacer las necesidades. Aquí se compra agua de los tanqueros para coger el agua. Esto es un lodo cuando viene el invierno o mucho polvo cuando se seca”, precisa.
CNN consultó al servicio penitenciario y al Ministerio de Ambiente sobre los posibles efectos socioambientales que la nueva cárcel estaría trayendo a la comunidad -de acuerdo a los testimonios de los pobladores- pero no obtuvo respuesta.
En Ecuador, las cercanías de algunas prisiones no son necesariamente los sitios más seguros. En esas zonas suele verse la presencia de miembros de bandas del crimen organizado que desde afuera buscan mantener comunicación con los reos que están tras las rejas. El Gobierno espera que esta cárcel aislada pueda evitar eso, pero los pobladores creen que la delincuencia siempre busca las maneras “más creativas” de retomar el control.
“Nos ponemos a pensar en el tema de los familiares que vengan a querer tomar posesión de las partes cercanas a la cárcel para poder ellos estar cerca de sus familiares y que también sean peligrosos. Eso nos representa temor, bastante temor”, sostiene Cindy Villón, una madre de familia que cuenta que ya no permite que sus hijos jueguen a cualquier hora en las calles del barrio.
Varios padres están aumentando la supervisión de los menores en la zona y las requisas de los militares a vehículos y personas se están volviendo incómodas.
“Todo cambió radicalmente. Al menos la libertad que nosotros teníamos de salir tranquilos a la calle, ahora hay que tener cuidado, a los niños hay que irlos a ver, Dios no quiera y nos secuestran a las criaturas”, dice Cindy Villón.
En eso concuerda Melecio de la Cruz, un vulcanizador que nació en Juntas del Pacífico. Mientras arregla un neumático en su negocio, dice que las actividades se están terminando más temprano y que la gente está evitando salir a altas horas de la noche.
“Era un lugar tranquilo, aquí nos conocíamos, uno se amanecía en los bailes y ahorita ya no. Golpe de 8 o 9 de la noche ya está todo cerrado por temor de que pueda pasar cualquier cosa”, sostiene.
Buena parte de los pobladores de Juntas del Pacífico rechazaron la construcción de la nueva cárcel de máxima seguridad y, tras la colocación de la primera piedra en junio de 2024, varios grupos salieron a protestar y pedir que se detenga la obra.
En diciembre del mismo año, en plena Navidad, se registró la explosión de bombas en el área de la prisión, lo que dejó un muerto y alarmó a los comuneros. De acuerdo con el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), los artefactos explosivos fueron colocados por hombres armados que ingresaron de forma violenta a la construcción. El Gobierno calificó el hecho como un “atentado terrorista” perpetrado con el fin de debilitar al Estado.
Cinco días antes del más reciente referéndum en Ecuador, el presidente Daniel Noboa ordenó el traslado de 300 reos de “alta peligrosidad” a la Cárcel del Encuentro, que tendrá, una vez finalice su construcción, una capacidad para 800 detenidos. En una demostración de poder, el mandatario fue el encargado de hacer el sorpresivo anuncio y de mostrar fotos de los detenidos con sus cabezas rapadas y sus manos amarradas, una imagen similar a la de los presos que cumplen sentencia en el temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador. También publicó un video que mostró a un grupo de reclusos cubiertos sus cabezas con telas negras y las manos amarradas hacia atrás, bajo la custodia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Patricia Villón cuenta que, el día de los traslados, el nerviosismo se apoderó de la comunidad, sobre todo porque no fueron advertidos y porque la cárcel aún no fue inaugurada de manera oficial.
“Ver que venían carros, tras carros, los buses con los reclusos, personalmente a mí me dio un ataque de nervios, de ansiedad que yo no paraba de llorar”, dice Villón al recordar las horas que duró la movilización y el despliegue de las fuerzas de seguridad que cercaron la zona para cumplir con la orden presidencial.
Horas después del traslado de los presos, el presidente Daniel Noboa, reconoció en una entrevista con una radio local que la prisión aún no está terminada y afirmó que tiene entre un 35% y 40% de avance en su construcción. La respuesta del mandatario ocurrió luego de varios cuestionamientos de expertos y preguntas de la prensa sobre el estado de la prisión y el eventual uso político del traslado de reos previo al referéndum que días después perdió en su totalidad Noboa convirtiéndose en el peor revés en dos años de su mandato.
“Imagínese trasladar a presos cuando hay albañiles ahí, si se supone que son presos peligrosos, que la gente esté trabajando ahí, la zozobra, el miedo que van a sentir, así no sea su familia, pero uno siente, conoce y dice qué les va a pasar a ellos. Una cárcel que no está terminada, si son peligrosos, se sabe cómo matan a la gente, lo pueden coger como rehén a algún trabajador”, dice Villón.
Los vecinos piden que la custodia de militares y policías se mantenga en la zona y que no sea solo hasta que se termine de construir la prisión. “Sabiendo que ellos están aquí como que un poquito más aliviados sí nos sentimos, pero un poquito, no tanto. No como la tranquilidad que teníamos”, dice Cindy Villón.
No todos los pobladores están tan disconformes con la llegada de la cárcel. Algunos esperan que el movimiento de militares en Juntas del Pacífico pueda convertirse en una oportunidad para contener las extorsiones o “vacunas” como se dice informalmente y que se han registrado en la comunidad desde hace varios meses. Las “vacunas” son pagos de dinero que exigen los miembros de bandas criminales a negocios y pobladores a costa de perdonarles la vida y evitar atentados. Los comuneros tienen también la esperanza de que aumente el comercio en los pequeños negocios de la zona.
“Nos sentimos más seguros porque antes venía la vacuna y todo eso. Que sigan viniendo los policías y militares”, afirma Sixto Salinas, un comerciante que ha vivido siempre en la comunidad.
Mientras que Doña Olguita Solano confía en que su restaurante pueda atender a más comensales. “Estamos aprendiendo a convivir con los militares, vienen a comer, a comprar algo. Ha habido más movimiento desde el inicio de la construcción de la cárcel”, agrega.
El sistema carcelario en Ecuador enfrenta un 35 % de hacinamiento, de acuerdo con el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y al menos 670 reos han sido asesinados dentro de las violentas prisiones afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su más reciente informe. El Ministerio del Interior reconoce que las cárceles ya no se ajustan al nivel de criminalidad actual.
El defensor del Pueblo, César Córdova, solicitó hace pocos días al Ministerio del Interior acceso a la prisión de máxima seguridad para constatar si se están cumpliendo con las condiciones en materia de derechos humanos dentro de la infraestructura.
“No está terminada, tengo entendido que faltan dos pabellones, solicitamos al ministro del Interior para poder visitar in situ la cárcel con el fin de determinar cuáles son las condiciones reales en las que se encuentran”, dijo a los periodistas Córdova. Sin embargo, el ministro del Interior, John Reimberg, descartó esa posibilidad.
“Quítense de la cabeza que va a haber estas visitas de prensa, que va a ir el defensor del uno, el defensor del Ecuador, el defensor de nadie. Este es un centro de máxima seguridad, aquí no es de querer ir para la novelería de ver o la novelería de hacer un show con alguno de los presos que están allá”, dijo Reimberg en radio DiBlu.
El 25 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reiteró su preocupación por la persistente violencia intracarcelaria y exhortó al Estado a adoptar medidas inmediatas para garantizar los derechos a la vida e integridad de los reclusos.
La CIDH también se pronunció sobre el traslado de reos de “alta peligrosidad”, donde también se incluyó al exvicepresidente Jorge Glas, quien cumple dos sentencias por corrupción. El organismo calificó como “estigmatizante” la publicación de fotos de Glas ingresando a la nueva cárcel.
“Preocupa que, según datos disponibles, estos traslados habrían sido precipitados puesto que aún no se habría finalizado la construcción del referido centro. No obstante, el Estado indicó a esta Comisión que el espacio cuenta con la habilitación y servicios básicos”, precisa. La CIDH enfatiza que la construcción de la nueva prisión, en territorios indígenas, fue rechazada debido al impacto socioambiental y la falta de consulta previa.
Mientras tanto, los habitantes de Juntas del Pacífico ven los días pasar en medio de la incertidumbre por el futuro y el anuncio gubernamental de que otra cárcel —esta vez para 15.000 reos— podría construirse en la misma provincia de Santa Elena.
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