Abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores insisten en que se desestime el caso en su contra en Nueva York
Por Maria Santana, CNN en Español
Los abogados de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, presentaron el jueves una nueva moción ante la corte federal de Nueva York en la que insisten en que se desestimen los cargos de narcoterrorismo y cuestionan directamente los argumentos del Gobierno de Estados Unidos en el caso, a menos de una semana de la próxima audiencia fijada para el 26 de marzo.
El documento, firmado por Barry Pollack, representante de Maduro, y Mark Donnelly, abogado de Flores, responde a la oposición de los fiscales federales, quienes calificaron de “extraordinaria” la solicitud de permitir que el Gobierno venezolano pague su defensa legal.
En esta nueva presentación, la defensa plantea que el propio Gobierno de EE.UU. ha hecho concesiones clave que, según ellos, deberían inclinar el caso a su favor.
Pollack y Donnelly sostienen que los fiscales no han negado dos puntos centrales: que Maduro y Flores no tienen recursos personales para pagar su defensa y que, bajo la ley venezolana, el Estado debe cubrir esos costos. También afirman que el Gobierno ha reconocido que en otros casos se ha permitido que terceros sancionados paguen honorarios legales.
Con base en eso, argumentan que la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de bloquear los pagos desde Venezuela interfiere directamente con el derecho de los acusados a elegir a sus abogados, protegido por la Constitución. Añaden que obligarlos a aceptar un abogado designado por el tribunal no soluciona el problema, sino que lo agrava. “La única solución es la desestimación del caso”, afirman Pollack y Donelly.
Por su parte, los fiscales federales pidieron al juez rechazar la solicitud. Argumentan que las regulaciones de OFAC prohíben que un gobierno sancionado pague los honorarios legales de personas también sancionadas y que los acusados sí pueden acceder a fondos propios, por lo que, según ellos, no se les niega el derecho a la defensa.
También sostienen que permitir que el Gobierno venezolano financie esa defensa podría implicar riesgos para la seguridad nacional y la política de sanciones de Estados Unidos al involucrar recursos controlados por un gobierno sancionado. Además, insisten en que bloquear esos pagos no constituye una violación constitucional y reiteran que las licencias iniciales fueron otorgadas por un “error administrativo”.
La defensa, sin embargo, rechaza esos argumentos y pide al juez, como mínimo, una audiencia para obligar al Gobierno a explicar lo que consideran contradicciones en su postura.
Pollack y Donnelly cuestionan por qué OFAC autorizó inicialmente los pagos y luego revocó la licencia, y señalan que la explicación ha cambiado. Mientras que en su momento se vinculó la decisión a consideraciones de política exterior tras consultas con el Departamento de Estado, ahora los fiscales la describen como un “error administrativo”.
También descartan el argumento de seguridad nacional y aseguran que el Gobierno no ha explicado de forma concreta por qué permitir estos pagos representaría un riesgo, especialmente cuando se han autorizado otras transacciones con fondos venezolanos, incluso en contextos legales y comerciales.
El mes pasado, la defensa de Maduro pidió desestimar la acusación al alegar que el Gobierno estadounidense interfirió con su derecho a elegir abogado al bloquear el pago de su defensa con fondos de Venezuela. Posteriormente, Cilia Flores se sumó a esa estrategia.
Los abogados Barry Pollack y Mark Donnelly advirtieron que podrían verse obligados a retirarse del caso si no se les permite recibir pagos por su trabajo, ya que, según han señalado, no existe otra forma de financiar la defensa.
Ahora, el juez federal Alvin K. Hellerstein deberá decidir si los argumentos de la defensa justifican desestimar el caso o si el proceso continúa.
Maduro y Flores, quienes se declararon inocentes tras ser trasladados a Nueva York en enero, enfrentan cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y corrupción que podrían implicar décadas de prisión.
La próxima audiencia en el caso esta programada para el 26 de marzo.
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