Gobierno de México presentó un nuevo informe sobre personas desaparecidas. ONG señalan que busca “minimizar la crisis”
Por Mauricio Torres, CNN en Español
El Gobierno de México presentó este viernes un nuevo informe sobre la desaparición de personas en el país, un fenómeno que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y numerosos especialistas, es una muestra de los altos niveles de violencia y violaciones a los derechos humanos que prevalecen en territorio mexicano.
La presidenta Claudia Sheinbaum dice que era necesario revisar las cifras del Registro Nacional en la materia, una afirmación que también hizo su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien en varias ocasiones acusó a sus opositores de utilizar el tema de las personas desaparecidas con el fin de perjudicarlo.
Para varias organizaciones no gubernamentales, sin embargo, la decisión de Sheinbaum de someter a revisión los propios datos oficiales es un intento para minimizar el problema de la desaparición de personas y afecta a las familias que buscan a sus seres queridos.
Durante la conferencia de prensa diaria de Sheinbaum este viernes, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, presentó los resultados de la revisión que el Gobierno hizo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), una plataforma pública que se creó con base en una ley promulgada en 2017.
A la fecha, el RNPDNO tiene contabilizadas a 132.534 personas desaparecidas, pero no todos los registros son consistentes, dijo Figueroa.
Tras una revisión, el Gobierno federal encontró que 2.356 casos corresponden a personas que desaparecieron entre 1952 y 2005, en hechos relacionados “con el período de represión por parte del Estado” contra opositores o activistas, expuso la funcionaria.
De los 130.178 registros restantes, agregó, las autoridades federales identificaron tres grupos: 46.742 en los que hay datos incompletos, “lo que imposibilita la búsqueda”; 40.308 en los que se ha detectado que esas personas han realizado diversos trámites, como matrimonios o movimientos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que indica que son localizables y en realidad no fueron víctimas de algún delito; 43.128 que fueron registrados con información completa y de los que no se ha hallado rastro.
Además, dijo, de esos 43.128 casos en los que sí podría considerarse que desaparecieron por causa de un delito, las fiscalías de los estados solamente han abierto 3.869 carpetas de investigación.
Durante la conferencia, Sheinbaum defendió la revisión, consideró que estos datos muestran un panorama más claro sobre la desaparición de personas en México y aseguró que su Gobierno busca atender a todas las familias que buscan a alguien.
“Ahora de estas 43.000, ¿cuántas personas fueron reclutadas por la delincuencia organizada, ¿cuántas personas sencillamente tuvieron un problema familiar y no quieren que sean encontradas o alguna otra razón para su desaparición? Pues como no tenemos toda la información, lo que ahora la ley nos exige es que todas esas personas que se registran como ‘desaparecidas’ tengan necesariamente una carpeta de investigación en la Fiscalía”, dijo la mandataria.
Tras la presentación del informe, varias organizaciones de derechos humanos rechazaron sus conclusiones, cuestionaron la forma en la que se hizo la revisión y acusaron al Gobierno de buscar minimizar el problema.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señaló en su cuenta de X que “acotar a 43.128 el número de personas desaparecidas minimiza la dimensión de una crisis que tiene rostro y que no se resuelve con búsquedas administrativas en registros públicos”.
“Reconocer que únicamente hay 3.869 carpetas de investigación abiertas evidencia los obstáculos que enfrentan las familias para denunciar, especialmente en contextos de riesgo, donde prevalecen redes criminales que alcanzan a las fiscalías”, agregó.
La organización Fundar se pronunció en términos similares en un comunicado: “El número de carpetas de investigación no equivale al número de personas desaparecidas. El RNPDNO reporta hoy más de 132.000 desapariciones, una cifra que es resultado de la lucha histórica de las familias. Pretender validar únicamente una cifra reducida basándose en la burocracia de las fiscalías es un intento de minimizar la crisis para evadir la obligación de búsqueda”.
De su lado, Amnistía Internacional también respaldó las estadísticas del RNPDNO y llamó al Gobierno de México tanto a trabajar para prevenir la desaparición de personas como a incluir a las familias de personas desaparecidas en el diseño y la ejecución de políticas.
“Amnistía Internacional llama al Gobierno de México a garantizar la inclusión de familias, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en el tema en la implementación de la estrategia y que esta metodología sea pública. #SinLasFamiliasNO”, dijo en X.
CNN contactó a la Presidencia de México para pedir comentarios sobre las declaraciones de las ONG y está en espera de respuesta.
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