¿Qué sabemos de la orden de Trump para pagar a los trabajadores de la TSA sin esperar al Congreso?

Por Tami Luhby y Kaitlan Collins, CNN

Con el debate del Congreso sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ahora probablemente extendiéndose por al menos varios días más, el presidente Donald Trump emitió este viernes una acción ejecutiva prometida para que los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) sean pagados de inmediato.

“Por la presente ordeno al secretario de Seguridad Nacional, en coordinación con el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, que utilice fondos que tengan un nexo razonable y lógico con las operaciones de la TSA para proporcionar a los empleados de la TSA la compensación y los beneficios que se les habrían acumulado de no ser por el cierre del DHS liderado por los demócratas, de conformidad con la ley aplicable”, escribió el presidente.

Cómo funcionaría eso, exactamente, no está claro en gran medida. Pero los trabajadores de la TSA podrían empezar a ver sus cheques de pago tan pronto como el lunes, según el DHS.

Algo de contexto: aproximadamente 61.000 empleados de la TSA están sin su segundo cheque de pago completo después de que la financiación del DHS, la agencia matriz de la TSA, expirara el 14 de febrero. El estancamiento ha llevado a miles de agentes a ausentarse y a más de 500 a renunciar, lo que ha resultado en enormes retrasos en los controles de seguridad en aeropuertos de todo Estados Unidos en las últimas semanas.

Cuando las conversaciones para poner fin al cierre parcial del Gobierno se desmoronaron en el Capitolio el jueves por la noche, Trump publicó en Truth Social que iba a “firmar una orden instruyendo al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a pagar de inmediato a nuestros agentes de la TSA para abordar esta situación de emergencia”.

Horas después, el Senado avanzó para financiar a la mayor parte del departamento, incluida la TSA, aunque no la aplicación de las leyes de inmigración y la patrulla fronteriza. Pero el presidente de la Cámara, Mike Johnson, este viernes descalificó esa medida como “una broma” y dijo que presentaría su propio proyecto de ley de gasto a corto plazo que financiaría completamente a la agencia durante ocho semanas. Johnson señaló que la medida de Trump pagaría a la TSA, y afirmó que contaba con el apoyo del presidente.

Esto es lo que sabemos actualmente:

Dos personas familiarizadas con los planes dijeron que el DHS planeaba usar financiación del “gran y hermoso” proyecto de ley, el amplio paquete de agenda de política interna de Trump que firmó el verano pasado. La acción ejecutiva no lo especificó, sino que, en cambio, pidió de manera más amplia el uso de dinero con “un nexo razonable y lógico con las operaciones de la TSA”.

La “gran y hermosa ley” proporcionó al DHS US$ 10.000 millones que pueden usarse para apoyar la misión de la agencia de salvaguardar las fronteras de Estados Unidos, dijo a CNN Bobby Kogan, director senior de política presupuestaria federal en el Centro para el Progreso Estadounidense, de tendencia izquierdista. Sospecha que el Gobierno recurrirá a este fondo para financiar el pago de los empleados de la TSA, aunque la TSA no se menciona en ninguna parte de la legislación.

Cabe destacar que la ley otorga al secretario del DHS el poder de determinar qué actividades apoyan la salvaguarda de la frontera, dijo Rachel Snyderman, directora gerente del programa económico del Bipartisan Policy Center. La disposición no especifica que los fondos deban ser utilizados por una división en particular dentro del DHS.

El DHS está usando otro dinero del paquete para pagar a ciertos empleados durante el cierre. El paquete proporcionó al DHS una inyección de US$ 165.000 millones, canalizando US$ 75.000 millones al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y US$ 64.000 millones a Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés).

Los cheques de pago para los agentes juramentados de las fuerzas del orden en ICE, CBP y el Servicio Secreto de Estados Unidos, así como para el personal militar de la Guardia Costera de Estados Unidos, actualmente están siendo financiados por la ley, de acuerdo con un alto funcionario del Gobierno. Otros puestos que trabajan en las prioridades de Trump de aplicación de las leyes de inmigración y seguridad fronteriza, como especialistas en tecnología y abogados, también están siendo pagados durante el cierre a través de la legislación, dijo el funcionario.

En la acción ejecutiva, Trump dijo que cualquier medida debería seguir la ley federal que dice: “Las asignaciones se aplicarán únicamente a los fines para los que se hicieron las asignaciones, salvo que la ley disponga lo contrario”.

Aun así, Kogan dijo que no creía que la maniobra fuera legal. Pero “eso no los va a detener”, añadió.

Señaló que el Gobierno utilizó fondos de investigación y desarrollo del Pentágono para pagar a los militares durante el cierre de otoño.

Esa es la pregunta clave.

“Mi pregunta es: si puede hacerlo, ¿por qué no lo hizo antes?”, dijo a CNN Max Stier, director ejecutivo de la Partnership for Public Service, un grupo apartidista que se centra en mejorar el Gobierno federal. “Esto ha sido un problema desde hace más de un mes”.

La situación en ciertos aeropuertos, particularmente en Atlanta y Houston, se ha vuelto cada vez más grave en las últimas semanas. Los viajeros se han visto obligados a esperar durante horas para pasar por los controles de seguridad de la TSA, con filas que se extendían fuera de las terminales.

A principios de esta semana, Trump ordenó que agentes de ICE fueran desplegados en 14 aeropuertos principales para ayudar a los agentes de la TSA.

De acuerdo con el DHS, el personal de la TSA podría ver el dinero depositado en sus cuentas bancarias tan pronto como el lunes. Sin embargo, en el último cierre, tardó de 14 a 30 días —y, en algunos casos, incluso más— para que los trabajadores recibieran todo su pago retroactivo, han dicho líderes sindicales de la TSA.

El cierre actual ha impuesto una enorme carga financiera a muchos empleados de la TSA, dejándolos luchando para pagar comida, vivienda, gasolina, cuidado infantil y otras necesidades básicas.

Los trabajadores han perdido más de US$ 1.000 millones en salarios debido al cierre, testificó la administradora interina de la TSA, Ha Nguyen McNeill, en una audiencia de la Cámara el miércoles.

Everett Kelley, presidente nacional de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, que representa a unos 47.000 agentes de la TSA, dijo que está “agradecido de que se haya tomado acción” para pagar a los empleados.

Pero, señaló, hay miles de otros empleados del DHS, incluidos en la Guardia Costera de Estados Unidos y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que todavía siguen sin recibir pago.

“Estos trabajadores y sus familias no pueden esperar”, dijo Kelley en un comunicado el jueves por la noche. “Todos los trabajadores del DHS deben ser pagados de inmediato”.

Además, es probable que los niveles de personal de la TSA en los aeropuertos no vuelvan a su capacidad plena hasta que los trabajadores reciban su pago retroactivo, dijeron líderes sindicales a los reporteros.

El Senado aprobó un proyecto de ley en una inusual sesión nocturna a primera hora de este viernes por la mañana que financiaría la mayor parte del DHS, pero no a ICE y solo parte de CBP. La medida no incluyó las reformas de control migratorio que los demócratas del Senado han estado exigiendo tras las muertes por disparos de dos ciudadanos estadounidenses durante un aumento de inmigración en Minneapolis a principios de este año.

No obstante, los líderes republicanos de la Cámara rechazaron esa legislación y optaron en su lugar por presionar para financiar completamente al DHS a corto plazo, preparando una batalla con el Senado.

La versión de la Cámara de Representantes está condenada al fracaso desde su aprobación, declaró el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, en un comunicado este viernes por la tarde.

Los legisladores están corriendo contra el reloj, ya que el Congreso tiene programado un receso próximo de dos semanas por Semana Santa y Pascua.

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