Trump da marcha atrás a polémicas iniciativas tras presión política y judicial
Análisis de Aaron Blake, CNN
El presidente Donald Trump sigue llevando las cosas al límite: el nombramiento polémico de un funcionario de vivienda como nuevo director interino de Inteligencia Nacional este martes es la prueba más reciente.
Pero los acontecimientos recientes también han reforzado la idea de que la gravedad política sigue aplicándose al presidente. Algunas de sus propuestas más impactantes han encontrado obstáculos en los tribunales y han obligado incluso a republicanos a desafiarlo, lo que demuestra que su dominio de Washington ya no está garantizado.
CNN informó el lunes que el Gobierno señaló a los líderes republicanos del Congreso que planeaba retirar su fondo contra la “instrumentalización” de la justicia por US$ 1.776 millones, tras un fallo judicial adverso. El fondo había provocado una rebelión dentro del Partido Republicano y amenazaba con poner en riesgo la agenda legislativa más amplia del partido.
Y este martes, el secretario de Justicia interino Todd Blanche informó al Congreso que el Departamento de Justicia ha abandonado el fondo.
Eso ocurrió después de que Trump pareciera abandonar el viernes sus esfuerzos por poner el Centro Kennedy bajo su sello personal. El presidente dijo que transferiría el control de la institución al Congreso después de que un juez determinara que colocar el nombre de Trump en el centro era ilegal y bloqueara su cierre previsto.
En ambos casos, sigue sin estar claro hasta qué punto Trump ha dado marcha atrás. Pero tanto él como su Gobierno están, al menos, enviando señales de repliegue.
Ambas iniciativas eran extraordinarias desde el principio y ahora el presidente parece estar enfrentando las consecuencias.
La naturaleza jurídicamente problemática del fondo contra la “instrumentalización” de la justicia impulsado por el Gobierno, que estaba destinado a compensar a aliados de Trump que afirmaban haber sido víctimas del Gobierno anterior, era evidente desde el momento en que fue anunciado.
Fue creado como parte de un acuerdo para resolver la demanda de Trump por US$ 10.000 millones contra el IRS, después de que un contratista del Gobierno filtrara sus declaraciones de impuestos hace varios años. Trump estaba llegando a un acuerdo con el Gobierno que, en la práctica, controla, una situación que llevó a un juez a cuestionar si ambas partes estaban actuando de manera coordinada.
Además, el acuerdo estaba destinado a beneficiar a terceros que no tenían ninguna relación con el litigio. El fondo iba a operar con escasa transparencia o supervisión y no fue aprobado por el juez.
La Casa Blanca y el Departamento de Justicia intentaron argumentar que se trataba de un fondo para cualquier persona que hubiera sido víctima de un sistema de justicia supuestamente “instrumentalizado” durante el Gobierno de Biden, incluidos potencialmente algunos demócratas. Sin embargo, daba la impresión de que Trump simplemente estaba creando una caja discrecional de recursos para beneficiar a sus aliados. El Gobierno incluso reconoció que algunos acusados por los hechos del 6 de enero de 2021 que agredieron a agentes de policía podrían verse beneficiados.
Y esa es la razón por la que la propuesta resultaba tan problemática desde el punto de vista político.
Aunque los indultos concedidos por Trump a casi todos los acusados por los hechos del 6 de enero quedaron en cierta medida eclipsados durante los vertiginosos primeros días de su segundo mandato, las encuestas mostraron cuán impopulares fueron esas medidas.
Tanto una encuesta de The Washington Post-Ipsos como otra del Centro de Investigación Pew mostraron que al menos el 74 % de los estadounidenses y una mayoría de los republicanos desaprobaban el indulto a quienes cometieron delitos violentos.
Y la Casa Blanca —incluido el vicepresidente J. D. Vance— quedó en la posición de tener que defender la posibilidad de entregar dinero a personas que agredieron a agentes de policía.
La percepción pública del asunto se convirtió rápidamente en una línea roja incluso para algunos republicanos en el Congreso que han demostrado una gran lealtad a Trump.
El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, pidió al Gobierno que “lo cierre por sí mismo”. Otros legisladores, como los senadores Chuck Grassley, de Iowa, y John Kennedy, de Louisiana (sin parentesco con el expresidente), señalaron que su partido necesitaba ver a la Casa Blanca descartar de manera más explícita la posibilidad de reactivar el fondo en el futuro, después de que el Departamento de Justicia emitiera una declaración con ciertos matices sobre el tema.
Trump no se ha comprometido públicamente a poner fin al fondo. Sin embargo, Blanche se convirtió este martes en el primer funcionario del Gobierno en afirmarlo de manera pública. Aunque sostuvo que las razones que motivaron su creación siguen siendo importantes, dijo a los legisladores: “No seguiremos adelante con el fondo”.
Para resumir el asunto en sus aspectos más llamativos: Trump colocó su nombre en un edificio que rinde homenaje a un presidente fallecido.
Trump afirmó que le sorprendió que la junta directiva del centro añadiera su nombre al edificio. Sin embargo, anteriormente había propuesto ese cambio y había destituido a miembros de la junta para reemplazarlos por personas leales a él.
Una cosa es colocar el nombre de un presidente en funciones o de un expresidente vivo en determinadas instalaciones —algo que rara vez ocurría antes de Trump, según informó The New York Times en enero— y otra muy distinta es tomar un monumento conmemorativo dedicado a uno de esos presidentes fallecidos y añadirle el nombre de Trump.
Y lo hizo a pesar de lo que establece la ley. El nombre “Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas” está definido por la legislación federal, que no fue modificada antes de que el nombre de Trump fuera añadido repentinamente.
La toma de control del Centro Kennedy por parte de Trump ya era altamente cuestionada desde el punto de vista legal y generaba controversia. Después, el presidente ofreció a sus críticos una forma sencilla de ilustrar hasta qué punto llegaba esta maniobra.
Aún está por verse si el nombre de Trump será retirado de la fachada del centro de artes escénicas y cuándo ocurrirá. El presidente ha enviado señales contradictorias sobre su intención de seguir librando la batalla. (Y aunque afirmó que transferiría el control al Congreso, el Poder Legislativo ya es responsable de las asignaciones presupuestarias anuales para las operaciones y el mantenimiento del centro).
Pero cualquier escenario en el que su Gobierno se viera obligado a retirar su nombre del edificio dejaría una imagen imborrable y reveladora.
La tendencia de Trump a llevar los límites a terrenos antes impensables y, finalmente, verse obligado a retroceder se ha convertido en una historia conocida.
Quizás el otro mejor ejemplo de un retroceso de Trump este año fue su frustrado intento de hacerse con el control de Groenlandia, una idea cuya popularidad en las encuestas era prácticamente nula. Trump abandonó esa iniciativa en enero, al menos por el momento, ante la oposición tanto de republicanos como de aliados extranjeros.
Trump también está poniendo a prueba los límites con su anhelado salón de baile de la Casa Blanca, al modificar repetidamente las condiciones que había planteado inicialmente. Primero prometió que no tocaría el Ala Este existente, antes de ordenar repentinamente su demolición. Después aseguró en varias ocasiones que el salón de baile sería financiado exclusivamente con donaciones privadas, antes de solicitar de forma inesperada al Congreso cientos de millones de dólares para cubrir los costos de seguridad del proyecto.
Los republicanos se alarmaron por la percepción pública que podría generar el uso de dinero de los contribuyentes para construir un lujoso salón de baile, mientras la preocupación económica de los estadounidenses perjudica sus perspectivas para las elecciones de mitad de mandato de 2026. Los líderes del Partido Republicano eliminaron esos fondos de un proyecto de ley sobre control migratorio tras una decisión adversa de la asesora parlamentaria del Senado y ante una fuerte oposición dentro de sus propias filas.
En todos estos casos, Trump estaba pidiendo a los tribunales y/o a los republicanos que avalaran propuestas que parecían imposibles de aceptar. Les estaba pidiendo que respaldaran medidas drásticas porque él es Trump y, según esa lógica, se supone que deben hacer lo que él quiere.
Eso puede jugar a su favor cuando funciona, porque demuestra el alcance de su poder. De hecho, sus exitosos esfuerzos por derrotar a legisladores republicanos en funciones durante elecciones primarias han reforzado la idea de que la lealtad a Trump es el camino más fácil para cualquiera dentro de su partido.
Pero cuando sus apuestas más arriesgadas llevan los límites demasiado lejos y cada vez parecen poner en riesgo las posibilidades del Partido Republicano en noviembre, también refuerzan la idea de que Trump no es el líder sin restricciones de su movimiento político que le gustaría ser.
De hecho, es un presidente históricamente impopular que parece cada vez más desesperado por lanzar ideas al azar para ver cuál funciona.
Y, a juzgar por el nombramiento de Pulte, Trump no tiene intención de detenerse pronto.
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Esta historia fue actualizada con información adicional.
