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¿Cómo se reconstruye un país después de un terremoto? Estos son los desafíos de Colombia y Venezuela

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

Luego de días de escarbar entre los escombros en Colombia, casi dos meses en el caso de Venezuela, ambos países apenas están cerrando la primera etapa tras la tragedia que representan los sismos que sacudieron sus territorios. Ahora comienza el proceso de reconstrucción, lo que no estará exento de obstáculos para ofrecer soluciones habitacionales y de servicios básicos.

El desafío requiere tener en cuenta las experiencias previas y de países vecinos, todos en peligro de enfrentar un desastre natural similar. Pero el riesgo sísmico no es la única similitud para los países de una región marcada por la desigualdad socioeconómica.

Los desastres naturales del pasado mostraron que la atención a las víctimas que quedaron sin hogar puede incluso profundizar esas diferencias estructurales.

“La reconstrucción debe tener en cuenta el cierre de brechas entre departamentos y municipios con poca capacidad institucional y fiscal”, dijo a CNN el economista Jhorland Ayala García, investigador del Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República de Colombia. “Si los recursos de reconstrucción no tienen en cuenta las brechas preexistentes, entonces se pueden profundizar desigualdades históricas”, advirtió.

La organización Save The Children, con operaciones desplegadas en varias de las zonas más afectadas de Colombia y que también trabaja atendiendo la crisis en Vevnezuela, comentó esa problemática.

“El terremoto está relevando las diferentes Colombias que hay en una misma Colombia. Es un país demasiado inequitativo”, declaró a CNN María Mercedes Liévano, directora ejecutiva de la ONG en el país.

“En ciudades como Cali, la respuesta fue más inmediata, con mayor capacidad de articulación. En algunos territorios muy afectados. principalmente el Chocó, Valle del Cauca o Buenaventura, la ayuda ha sido más difícil, exacerbando necesidades profundas que ya venía presentando”, agregó.

Tanto la interrupción de las telecomunicaciones que impidió elevar una alerta temprana sobre la situación, como la posterior demora en llegar, hizo que la primera asistencia se concentre en los lugares acceso, como las cabeceras departamentales “Poco a poco se van dando cuenta de que había comunidades totalmente aisladas. Hay lugares donde solo se llega en lancha o la infraestructura vial no es buena. Además, hay temas de violencia, presencia de actores armados”, explicó Liévano.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó más de 127.000 viviendas averiadas y 26.000 destruidas. En cuanto a infraestructura y servicios, hay más de 300 centros de salud afectados, 3.200 centros educativos y 4.000 centros comunitarios.

Liévano destacó que la tragedia “va a interrumpir el acceso a educación a 390.000 niños y niñas”, que en muchos casos podrían tener una interrupción prolongada por la destrucción en las escuelas. Para muchos, la educación virtual no es viable por la falta de medios.

“Cuando se pierde la escuela, que actúa como espacio seguro, tenemos que garantizar que la tragedia no interrumpa el acceso seguro a la educación”, dijo. “(Los niños) tienen que recuperar rutinas, sentir seguridad. Es triste que sean tantas sedes educativas y es triste las condiciones en las que estaban”, añadió. También, dijo que la niñez tiene afectaciones “no siempre tan visibles”, sobre todo en el plano emocional, y advirtió los riesgos del proceso de reunificación familiar, ya que en ocasiones menores que perdieron a sus padres pueden ser entregados a personas sin tener confirmado el parentesco.

En el plano sanitario, los campamentos de refugiados y las montañas de escombro siempre son un posible foco infeccioso o de condiciones insalubres, lo que requiere atención inmediata para evitar profundizar una crisis humanitaria.

“El sistema de salud de Buenaventura está totalmente colapsado, operando más allá de su capacidad”, dijo Liévano.

El historiador Juan Carlos Flórez, exconcejal de Bogotá y experto en gestión urbana, habló sobre los desafíos de la atención a los damnificados: “La reconstrucción es una tarea muy grande que enfrenta hoy un vacío. El Gobierno aún no es consciente de ello, está penando con sus ritmos de siempre, es muy lento reconstruyendo”.

Desde una perspectiva regional, analizó: “El problema que tenemos en América Latina es que la gran mayoría de los estados, y Colombia no es la excepción, son tremendamente ineficaces. Primero, hay una incompetencia: buena parte de las instituciones estatales llevan décadas sin ser reformadas, el estado fue desmantelado y prácticamente no tiene capacidad de hacer. El otro problema es que muchos de los contratos públicos son asignados para obtener sobornos, en la medida en que la corrupción es el sistema. Son los dos grandes riesgos”.

El Gobierno de Colombia anunció el viernes el Plan Milagro de Reconstrucción, con una primera fase abocada a la “reacción inmediata y el diagnóstico definitivo de las afectaciones”. También dijo que la reconstrucción se realizará bajo el programa Vivienda Milagro, que contempla la articulación con la Cámara Colombiana de la Construcción para identificar los proyectos de vivienda social que se encuentren en condiciones de entrega inmediata.

El Ministerio de Vivienda afirmó que el plan “tendrá un componente especial para las familias rurales, con el fin de que la reconstrucción no se concentre únicamente en los centros urbanos y pueda responder a las características productivas, sociales y territoriales de las familias campesinas”.

El presidente Abelardo de la Espriella declaró la emergencia económica y el lunes anunció que la reconstrucción costará unos US$ 9.5000 millones, aunque todavía no hay detalles sobre de dónde saldrán los fondos del paquete fiscal, para tener un cuadro sobre cuánto aportaría el Gobierno Nacional, cuánto las entidades territoriales y cuánto provendrá de cooperación, banca multilateral y el sector privado.

Flórez enfatizó que la atención de la emergencia requiere otro tipo de herramientas más allá de los ministerios, a los que criticó por su lentitud en procesos de contratación y riesgo de corrupción. Como ejemplo positivo en el país, mencionó el antecedente del terremoto de 1999, cuando se creó el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec), que atendió 32 zonas de intervención bajo gerencias específicas. “Con todos los defectos, funcionó relativamente bien. El asunto es que el Gobierno no ha asumido cuál es el nuevo instrumento que sea eficaz y salga de una burocracia anquilosada”, comentó.

El investigador, que hizo hincapié en los problemas de la construcción informal para la población que no tiene acceso a créditos, dijo que “apenas se está conociendo el tamaño de la destrucción en viviendas campesinas y en escuelas del campo”, y afirmó que un programa de largo aliento no solo debería atender las viviendas dañadas, sino toda aquella que no tiene recaudos antisísmicos, lo que requeriría inversiones aún mayores y de largo plazo, una decisión que recae en un Gobierno que prometió austeridad fiscal.

“Parece paradójico, pero es la inercia que hay en el mundo”, dijo Flórez. “El criterio con el que se pretende reformar los estados que se habían extendido mucho es que el sector privado podía hacerlo mejor, pero en Colombia una parte es ordeñador del Estado, viven de las rentas públicas. No son un sector capitalista de riesgos, no es el caso que produzcan beneficios. Se le pide muy poco a la hora de entregar obras”, apuntó.

Liévano, de Save The Children, enfatizó la emergencia de las familias que pierden sus viviendas. “Algunas tenían casas de madera, llevaban años ahorrando y en minutos lo perdieron. Armaron campamentos informales, se resisten a irse, y les va a costar mucho más reconstruir su vida. Ven a nuestros equipos y se acercan con desespero pidieron agua y comida porque no llegó la ayuda”, contó.

La trabajadora social anticipó que las ciudades volverán a mostrar una mejor capacidad de respuesta por la posibilidad de articularse en contraste con los pueblos alejados. “El abandono histórico es de décadas, allí va a ser más difícil. Se requiere una respuesta que supere la respuesta inmediata”.

Si la ayuda demora en llegar, o si lo hace con soluciones de corto plazo, hay altas posibilidades de que las comunidades vuelvan a instalarse en viviendas de materiales precarios y seguir expuestos a una nueva tragedia.

Liévano volvió a Colombia en los últimos días ya que todavía seguía en Venezuela atendiendo la situación por el doble terremoto del 24 de junio que dejó más de 6.400 muertos. “Cada país tiene sus propios retos. Lo que podemos aprender del caso venezolano es la importancia de actuar lo más pronto posible, articular esfuerzos y entender que las necesidades se van a ir profundizando después del shock inmediato”, explicó. Además, con lo observado en La Guaira y lo que ya está registrando en Colombia, pidió poner especial atención a las mujeres embarazadas. “Es un grupo que suele quedar por fuera de la atención, con riesgos grandes de mortalidad”, indicó.

La tragedia en Venezuela, con diferente magnitud, se concentró en un estado del país, mientras que en Colombia el impacto se repartió en varios departamentos, lo que grafica que la emergencia no siempre tiene las mismas características.

El lunes, la presidenta encargada Delcy Rodríguez entregó 48 nuevos apartamentos en Caracas a familias afectadas y tiene la meta de llegar a 4.000 para fin de año, aunque va en 335, según datos del Ministerio de Vivienda.

Entre las 59.000 edificaciones que no se desplomaron y fueron evaluadas por las autoridades, más de 24.000 no están habitables.

La urbanista Zulma Bolívar, docente de la Universidad Central de Venezuela que en los últimos días estuvo en La Guaria, contó a CNN que en varias zonas se nota el avance de la remoción de escombros y que hay presencia de expertos de países como Chile y Nueva Zelanda especializados en infraestructura, pero destacó: “Seguimos viendo la punta del iceberg en términos de la posible recuperación”.

Sobre las lecciones que se actualizan y acumulan tras cada tragedia, la investigadora afirmó: “Tenemos que ser más estrictos en el cumplimiento de la normativa de desarrollo urbano, que la gestión de riesgo tiene que estar incorporado a la gestión de la ciudad; que la respuesta inmediata no existe si no estamos organizados, estar preparados para un evento que no sabes cuándo va a suceder”.

Bolívar también habló sobre la necesidad de no repetir errores del pasado. “El término reconstrucción es algo que no deberíamos utilizar, no queremos reconstruir lo que no estaba hecho. Hay que saber dónde no debías construir, saber que esos avisos técnicamente habían estado sobre el tapete y no se tomó la debida cuenta, que hubieran podido evitar o disminuir la dimensión de la catástrofe. Es uno de los grandes aprendizajes”, subrayó.

Como ejemplo, también dijo que la gobernanza podría plantear una nueva división política de las parroquias en alcaldías “para que haya un control mayor sobre el espacio”, y también reconocer las diferencias entre el este y el oeste de la región, para no aplicar los mismos parámetros.

Sobre la posible disposición de las autoridades a aplicar las recomendaciones de los expertos, comentó: “La academia observa, evalúa e investiga el deber ser de las cosas, las buenas prácticas. Al final, quien toma la decisión es el estado nacional. (…) La emergencia a veces mata lo importante. El tema vivienda, reubicación, refugios temporales es la prioridad. Pero hay que ver cada una de las decisiones que se tomen no vayan a ser obstáculos a futuro para posibles potencialidades que tenga la zona, que por la premura no las tomes en consideración. Hay que darse el tiempo para un diagnóstico integral del desastre”, dijo.

El Gobierno espera tener a fines de septiembre, con ayuda de expertos de la ONU, un plan oficial de reconstrucción que marque la hoja de ruta.

“Hay experiencias latinoamericanas para bien y para mal”, dijo el historiador Flórez. En el caso de Chile, afirmó que tiene “un nivel menos pavoroso de corrupción”, mientras que sobre México destacó que “ya está entre las 10 economías más grandes del mundo y tiene recursos considerables”.

“El lío es que mientras señalamos a Venezuela con el dedo, no vemos que en Colombia también hay problemas gravísimos. Me preocupa que no estamos aprendiendo las lecciones”, agregó, al hablar de los terremotos y otros desastres ambientales que el país enfrentó décadas atrás.

“La capacidad de aprendizaje para hacer más eficiente al estado es peligrosamente reducida, hay altísimas probabilidades de que cada tragedia natural que ocurra provoque destrozos así. (…) Se dejó al Estado sin muelas, sin colmillos. no puede actuar de manera eficaz, todo debe subcontratarlo”, agregó.

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