De investigado a socio: el papel de Alejandro Betancourt en el acuerdo petrolero de Trump con Venezuela
Por Evan Perez y Hannah Rabinowitz, CNN
Durante una década, el empresario venezolano Alejandro Betancourt estuvo atrapado en las redes de una amplia investigación del Departamento de Justicia sobre un sofisticado esquema de lavado de dinero multimillonario; los fiscales estadounidenses alegan que dicho esquema implicó la malversación de fondos de la compañía petrolera estatal de Venezuela, conocida como PDVSA.
En los últimos meses, los fiscales federales de Miami cerraron la investigación sobre Betancourt por órdenes de la oficina del entonces vicesecretario de Justicia Todd Blanche, según informaron dos personas con conocimiento del asunto. Esta medida formó parte de un esfuerzo de funcionarios de la Casa Blanca de Trump y del secretario de Estado Marco Rubio para reclutar a Betancourt con el fin de articular un nuevo y enorme acuerdo petrolero con el Gobierno de Venezuela, señalaron dichas fuentes.
Tras años de intentos fallidos por convencer a los fiscales de Estados Unidos, España y Suiza de que abandonaran las investigaciones penales en su contra, la gran oportunidad de Betancourt surgió después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses sacaran en enero al presidente Nicolás Maduro de su residencia en Caracas y lo trasladaran a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico. En cuestión de horas, Betancourt recibió una llamada de funcionarios del Gobierno de EE.UU. que buscaban su ayuda para iniciar conversaciones con los funcionarios del Gobierno de Maduro que permanecían en el poder —encabezados por la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez—, según varias personas familiarizadas con el acuerdo petrolero.
En pocas semanas, comenzó a tomar forma un plan estadounidense para la industria petrolera de Venezuela. El presidente Donald Trump anunció la iniciativa recientemente, con la empresa dirigida por Betancourt como socia del Pentágono en un proyecto que, según Trump, asegurará el control estadounidense sobre 65.000 millones de barriles de las reservas de petróleo de Venezuela.
Betancourt, quien fue detenido en Londres el año pasado en virtud de una orden suiza, figuraba hasta enero en una orden del Gobierno de Suiza que congelaba los activos de 37 personas —incluidos Maduro y sus allegados—; las autoridades suizas indicaron que la medida buscaba garantizar que “ningún activo adquirido ilícitamente pudiera ser transferido fuera de Suiza” tras la detención de Maduro.
Un portavoz del Departamento de Justicia negó que Blanche hubiera intervenido personalmente en el caso.
“Esto es una invención total. Todd Blanche nunca ha hablado sobre este caso, ni siquiera sobre la existencia del mismo, con nadie de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida (SDFL, por sus siglas en inglés)”, declaró un portavoz del Departamento de Justicia. “Tampoco les ha ordenado nunca cerrar ningún caso”.
Durante años, Betancourt construyó un lucrativo negocio petrolero mediante contratos con el Gobierno de Venezuela —primero bajo el mandato de Hugo Chávez y posteriormente con el de Maduro—, lo que dio origen a acusaciones de que formaba parte de una red de venezolanos adinerados conocidos coloquialmente como “boliburgueses” o “bolichicos”. Estados Unidos alega que esta red ayudó a Maduro y a sus allegados a robar millones de dólares de la riqueza petrolera de Venezuela y a blanquearlos mediante transacciones inmobiliarias en Miami y cuentas bancarias en Malta y Suiza.
Betancourt nunca fue acusado formalmente de ningún delito. Sin embargo, figuró como coconspirador no identificado en algunas de las operaciones que sirvieron de base para los cargos contra uno de sus primos, quien era socio en un negocio de Betancourt.
Diez personas fueron imputadas en el marco de esta investigación, que se prolongó durante años.
Jon Sale, abogado de Betancourt, afirma que su cliente no infringió ninguna ley estadounidense y que esa es la razón por la cual los fiscales nunca presentaron cargos en su contra. Los fiscales se centraron en operaciones que involucraban a Betancourt y a otras personas —y que, según el Gobierno, provenían de sobornos—, pero Betancourt desconocía el origen de los fondos, declaró Sale a CNN en una entrevista telefónica.
“Él no cometió ninguna actividad delictiva”, dijo Sale a CNN. “Participó en algunas operaciones porque hacía negocios con sus primos. No hay pruebas de que supiera que el dinero provenía de sobornos o que tuviera alguna relación con PDVSA”, siglas de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A.
A pesar de la investigación en curso desde hace tiempo, Betancourt se ha convertido en una pieza clave de los esfuerzos de Trump por adquirir una participación masiva en la industria petrolera de Venezuela; se trata de un acuerdo gestado con el actual Gobierno de Venezuela encabezado por Rodríguez, quien lidera un gobierno que incluye a muchos de los mismos funcionarios a los que Estados Unidos acusó de corrupción.
Rubio y funcionarios del Gobierno de Trump han defendido la colaboración con Betancourt, a pesar de las acusaciones de que ayudó al régimen de Maduro a lavar millones de dólares robados a Venezuela.
“Lo sometimos a un proceso de verificación a través de nuestro sistema”, declaró un alto funcionario estadounidense durante una conferencia telefónica con periodistas organizada por la Casa Blanca el martes. “No enfrenta cargos en Estados Unidos por violación de ninguna de nuestras leyes. De hecho, muchas de las investigaciones europeas en su contra se iniciaron a raíz de acusaciones formuladas por Estados Unidos”.
En una entrevista con el comunicador venezolano Sergio Novelli, Rubio se atribuyó el mérito de haber ayudado a gestar el acuerdo con Betancourt, defendiéndolo como una persona con una trayectoria comprobada operando en Venezuela.
“Investigamos a fondo lo que conocemos dentro de nuestro sistema”, dijo Rubio. “Obviamente, si estas personas estuvieran siendo investigadas en Estados Unidos… y hemos verificado esto con todas las autoridades: no había ninguna investigación en nuestro sistema en su contra”.
En la entrevista, Rubio no mencionó haber desempeñado un papel clave en el hecho de que Betancourt ya no esté bajo investigación. Rubio y funcionarios de la Casa Blanca presionaron a representantes del Departamento de Justicia —primero bajo la entonces secretaria de Justicia Pam Bondi y más recientemente con Blanche, actual secretario de Justicia— para allanar el camino y permitir que Betancourt colaborara con Estados Unidos en el acuerdo petrolero, según una persona informada sobre el asunto.
La participación de Blanche se produjo cuando ocupaba el cargo de vicesecretario de Justicia, incluso mientras Bondi aún era secretaria de Justicia.
Poner fin a la investigación estadounidense fue un paso; otro fue la gestión de Blanche ante las autoridades suizas para solicitar su cooperación y retirar las órdenes que impedían a Betancourt viajar, dadas las condiciones de su libertad bajo fianza que lo restringían al Reino Unido. El Departamento de Estado otorgó a Betancourt visas para ingresar a Estados Unidos en múltiples ocasiones mientras el acuerdo petrolero tomaba forma, según una persona informada sobre el asunto.
El Departamento de Estado declinó hacer comentarios, limitándose a remitir a las declaraciones realizadas en los últimos días por Rubio y funcionarios de la administración.
“El presidente Trump logró cerrar el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial, uno que beneficiará enormemente tanto a Estados Unidos como a Venezuela en los años venideros. Este acuerdo histórico representa un paso importante hacia la estabilización de la economía venezolana tras años de hiperinflación y una inversión nueva casi nula, al tiempo que duplica con creces las reservas de petróleo de Estados Unidos”, declaró un funcionario de la Casa Blanca a la CNN. “Hace menos de un año, Venezuela estaba secuestrada por un peligroso narcoterrorista que explotaba los vastos recursos del país para enriquecer a sus amigos y a los adversarios de Estados Unidos. Hoy, Venezuela avanza hacia la recuperación de su prosperidad, colaborando con Estados Unidos y con empresas estadounidenses que están realizando inversiones sin precedentes en su industria petrolera”.
El acuerdo petrolero parece similar a uno que se remonta, al menos, al primer mandato de Trump.
Rudy Giuliani —abogado de Betancourt en aquel entonces y posteriormente abogado de Trump— intentó promover el acuerdo ante el Gobierno en 2019, según Lev Parnas, un antiguo colaborador de Giuliani que afirma haber trabajado con él en la propuesta. Más tarde, Parnas fue acusado por fiscales estadounidenses y condenado por delitos relacionados con el financiamiento de campañas electorales.
Giuliani trabajó para promover el acuerdo petrolero al tiempo que presionaba a la administración para que retirara los cargos contra Betancourt y, por otra parte, instaba a funcionarios ucranianos a investigar a Joe Biden, según una persona con conocimiento de la situación.
Todas estas actividades comerciales coincidieron a finales de 2019.
Durante un viaje a la finca de Betancourt en España —que incluía un castillo—, Giuliani trabajó para organizar reuniones sobre el caso de Betancourt. También sostuvo una reunión por separado en Madrid con Andriy Yermak, un colaborador cercano a Volodymyr Zelensky en aquel entonces, con el objetivo de iniciar una investigación sobre Biden. Semanas antes, Trump había pedido personalmente al presidente de Ucrania, en una llamada que se hizo tristemente célebre, que anunciara una investigación por corrupción contra los Biden.
La idea del acuerdo petrolero consistía en que Giuliani colaborara con funcionarios estadounidenses en un pacto similar con Maduro, según Parnas. Algunos socios comerciales de Betancourt estaban involucrados, afirma Parnas. El plan final era que Maduro dejara el cargo pacíficamente y permitiera una transición en Venezuela.
La propuesta nunca llegó a concretarse en ese momento, en parte porque los funcionarios del Gobierno de Trump trabajaban para socavar a Maduro mediante el apoyo al líder opositor Juan Guaidó. Betancourt fue un importante financiador de la labor opositora de Guaidó, según funcionarios de la administración Trump y Sale, el abogado de Betancourt.
Sale niega que Betancourt estuviera involucrado en posibles acuerdos que Giuliani estuviera proponiendo con Maduro en aquel entonces.
Un portavoz de Giuliani no hizo comentarios inmediatos para este reportaje.
En 2018, Betancourt figuraba entre la docena de personas implicadas en lo que una declaración jurada de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de EE.UU. denominó “Operación Money Flight” (Operación Fuga de Dinero).
En dicha declaración jurada, presentada ante un tribunal federal de Miami, un agente de HSI afirmó que la operación “reveló una conspiración internacional para lavar fondos de PDVSA a través de Miami y de varias organizaciones internacionales de lavado de dinero de terceros a gran escala. Más concretamente, la investigación destapó el uso de bienes inmuebles en Miami y de sofisticados esquemas de inversión ficticia para lavar cientos de millones de dólares estadounidenses”.
El presunto papel de Betancourt parece limitado en los documentos judiciales presentados como parte de las acusaciones formales contra un grupo de empresarios y exfuncionarios de PDVSA supuestamente implicados.
Aunque no aparece mencionado por su nombre en los documentos, personas informadas sobre el asunto declararon a la CNN que figura como coconspirador en al menos una de las transacciones incluidas en los cargos.
Rubio reconoció que los problemas legales de Betancourt plantean dificultades de percepción pública, pero defendió la autenticidad de su compromiso como partidario de la oposición.
En una entrevista concedida esta semana al programa “Al Día con Sergio Novelli”, Rubio señaló que, durante el primer mandato de Trump en 2019, “se trataba de un individuo que terminó en una situación muy, muy complicada con Maduro, ya que trascendió que apoyaba a sectores de la oposición en aquel entonces, lo que incluso le acarreó problemas con Maduro”.
“Pero ahora tenemos la oportunidad de hacer algo que creo que beneficiará a todos”, añadió. “Pero, específicamente, que a largo plazo beneficiará al pueblo venezolano”.
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